La retoma del Palacio de Justicia por las Fuerzas Militares se hizo con toda la fuerza, incluyendo rockets y un tanque de guerra.
Hoy se filtró la contestación de la demanda elaborada por Rafael Nieto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Palacio de Justicia. En dicha respuesta, el Estado colombiano dice que no se ha probado que hubiera habido desaparecidos del Palacio de Justicia; tampoco que algunos de los que salieron vivos hayan sido torturados; pone en duda que el magistrado Carlos Urán haya salido vivo; y niega que las Fuerzas Militares hubieran sabido de la toma por parte del M-19 y hubieran retirado la seguridad.
Todos estos hechos han sido establecidos por diferentes jueces e incluso por la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia integrada por la Corte Suprema. Por eso, más allá de las posibilidades de éxito que tenga esta estrategia jurídica internacional, el hecho de que esta defensa de Nieto haya sido avalada por el Gobierno de Santos crea un grave precedente para el futuro de la reconciliación en el país.
Si el proceso de paz con las Farc prospera, para los expertos en el tema es claro que tendrá que haber una justicia transicional también para los militares involucrados en la violación de los derechos humanos durante el conflicto armado. Sería insostenible que los guerrilleros paguen cinco años de cárcel –si mucho- mientras que los militares terminen condenados de por vida.
Previendo esta situación, en el Marco para la Paz quedó explícito que también habría una justicia transicional para los militares. Pero el presupuesto para que todos terminen con penas mínimas o incluso que sus casos no sean ‘seleccionados’ para ser juzgados es que haya un mínimo de verdad de todos los que cometieron crímenes durante el conflicto.
“¿Si el Gobierno desconoce los desaparecidos del Palacio de Justicia, qué reconciliación puede haber en este país?”, se pregunta un experto en derechos humanos. “Es el revisionismo total”.
La contestación de Nieto
Rafael Nieto, el agente escogido por el Gobierno de Santos para defender este caso, dijo a La Silla que «La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado aprobó las líneas estratégicas de la defensa en el caso del Palacio de Justicia». La Silla Vacía llamó varias veces a Adriana Guillén, la directora de la Agencia, y no obtuvo una respuesta.
En su contestación de la demanda, avalada por el Gobierno, pone en duda muchas cosas de lo que sucedió en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Por ejemplo, que haya habido desaparecidos.
“El número de desaparecidos materia de litigio internacional no coincide con la realidad”, afirma Nieto en su contestación de la demanda.
El argumento de Nieto es que un conjunto de cadáveres, que según los jueces corresponden de personas que salieron del Palacio de Justicia, no están identificados y que sin la verificación de esos muertos no se puede aceptar que haya habido 11 desaparecidos a manos de las Fuerzas Militares.
Dice que los ejercicios de identificación que probarían que salieron con vida son débiles y contradictorios en el tiempo. Y que los testimonios de los familiares se contradicen entre lo que dijeron antes del 2007 y lo que dijeron después.
Hay tres sentencias judiciales que reconocen que hubo desaparecidos. Dos del coronel Plazas Vega, que en primera y segunda instancia lo condenan por dos desapariciones, y una del general Arias Cabrales, que era el comandante de la Brigada 13 y quien comandó la operación de retoma del Palacio, condenado en primera instancia por la desaparición de 11 personas.
Incluso, la defensa de Plazas Vega reconoce la existencia de una desaparecida, Irma Franco, aunque afirma que el coronel retirado no tuvo nada que ver con ella.
Para la Comisión de la Verdad, que fue creada por la Corte Suprema en 2005 para esclarecer estos hechos, no existe duda alguna de que empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada. “Todos ellos, indiscutiblemente, ingresaron con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y, hasta el momento, 24 años después, se desconoce su paradero”, dice el informe de la Comisión.
En una declaración reciente, el capitán Óscar William Vásquez Rodríguez, agente del B2 de la época, confesó que no solo el Ejército detuvo y torturó a varias de las personas que se encontraban en la cafetería, sino que también lo hicieron la Policía y el DAS.
Nieto reconoce que ha habido sentencias judiciales que prueban que hubo desaparecidos, pero dice que estas no son concluyentes pues está pendiente la decisión de la Corte Suprema en casación. Y que, además, estas decisiones judiciales se contradicen, pues en el caso del coronel Plazas Vega dice que solo hay probados dos desaparecidos, en el del general Arias Cabrales 11, e Iván Ramírez fue absuelto. Es decir, repite la polémica estrategia que usó en la defensa del caso Santo Domingo, de intentar salvar a los militares a consta de cuestionar los fallos de la justicia colombiana, una estrategia que por lo menos en el caso anterior no le funcionó.
También pone en duda los testimonios de las víctimas.
“Las investigaciones que actualmente se encuentran en desarrollo fueron iniciadas 20 años después de los acontecimientos, lo cual puede contener elementos probatorios débiles por cuanto los actores presenciales cambian sus versiones de manera radical, así como los videos y grabaciones pueden ser fácilmente manipulados con el fin de encontrar un culpable del Estado…¨, dice en la contestación de la demanda Nieto.
Por ejemplo, la versión sobre que el magistrado Carlos Horacio Urán salió con vida y luego fue asesinado por miembros de las Fuerzas Militares. A pesar de que existe un video donde se ve saliendo del Palacio con vida y que un estudio de necropsia de Medicina Legal demostró que Urán fue asesinado “con un solo tiro a corta distancia”, Nieto dice que hay “dudas razonables” sobre que haya salido vivo.
Dudas que por lo menos la Comisión de la Verdad no tuvo. “El abogado Urán salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar, con lesiones que no tenían carácter letal, por lo que su muerte no se produjo en los hechos de la toma o de la retoma”, dice el informe sin titubear.
Hay otros hechos que la demanda ni siquiera pone en duda sino que da por hecho. Por ejemplo, que el incendio generado en el cuarto piso fue obra exclusiva del M-19, grupo al que caracteriza con evidentes nexos con los narcotraficantes.
“…fue el incendio generado por el grupo guerrillero, el cual se originó en el cuarto piso, ocasionado por el afán de destruir los expedientes que se hallaban en las oficinas de los magistrados, entre otros por el el estudio de las demandas contra el tratado de extradición…”, dice Nieto en la defensa.
Sobre el incendio, la Comisión de la Verdad dice que no puede afirmar que “existió intencionalidad en la generación de este incendio” pero que “las declaraciones, peritajes y documentos militares de planeación estratégica y táctica sugieren que el Ejército pudo tener responsabilidad en el tercer incendio del Palacio de Justicia, el devastador, por la falta de previsión durante la operación militar sobre los efectos del armamento utilizado, así como por la persistencia en el uso de ciertas armas, a pesar de la evidencia del efecto nefasto que produjo la conflagración en el Palacio”.
Nieto también afirma que “el dispositivo de refuerzo del Palacio de Justicia se redujo a petición del magistrado Reyes Echandía”. Una versión que fue desmentida explícitamente por la Comisión de la Verdad.
El magistrado de la Corte Suprema Hernando Tapias Rocha, que fue uno de los que sobrevivió, contó a la Comisión que el Gobierno había avisado a la Corte de los planes de toma del M-19 para la visita del presidente francés François Mitterrand y que por lo tanto se había aprobado un aumento en la vigilancia. También dijo que se encargó a la Policía de hacer un estudio sobre las condiciones de seguridad del edificio.
“Se ha señalado que la versión que se elaboró en el sentido de que el magistrado Reyes Echandía había dado la orden de retirar la protección tenía por objeto ocultar dicha decisión tomada por la Fuerza Pública. La realidad es que, si bien no existe claridad absoluta sobre las motivaciones para el retiro de la protección o sobre la eventual incidencia de otros actores, las autoridades de Policía procedieron unilateralmente a la suspensión del servicio de seguridad del Palacio de Justicia un día antes de la toma por parte del M-19, a pesar de la gravedad y seriedad de las amenazas en contra de la Corte Suprema y el Consejo de Estado”, dice el informe de la Comisión.
Esta versión del magistrado coincide con un memorando que envió el Comandante de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) de la época, donde informa que había sido capturada una guerrillera con los planos del Palacio de Justicia.
En fin. La contestación de la demanda elaborada por el agente del Estado escogido por el Gobierno de Santos hace una revisión de los hechos establecidos por la Comisión de la Verdad y también por múltiples jueces colombianos. Dado que esta defensa fue avalada por el gobierno de Santos, la pregunta que queda después de leer la contestación de la demanda, es ¿qué esperanzas hay de que así haya un proceso de paz este país pueda saber la verdad sobre la guerra qué ha vivido?
http://www.lasillavacia.com/historia/defensa-del-palacio-de-justicia-que-verdad-pueden-esperar-las-victimas-del-gobierno-de-sant
