La Procuraduría General pidió a la Corte Suprema de Justicia absolver al coronel en retiro del Ejército Alfonso Plazas Vega que fue condenado a 30 años de prisión por el caso de la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia hace 27 años, informaron el miércoles abogados del caso.
Plazas Vega ya fue condenado en febrero del 2012 por la desaparición de las 11 personas entre el 6 y de 7 de noviembre de 1985 cuando el hoy desmovilizado grupo guerrillero M-19 asaltó a sangre y fuego el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de Bogotá.
Jorge Molano, abogado de los familiares de algunos de los desaparecidos, informó en un comunicado de prensa que la petición a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue presentada por la procuradora Elda Patricia Correa.
En Colombia, la Procuraduría General de la Nación acompaña todos los procesos judiciales, en este caso penales, pero sus conceptos por mandato legal no son de obligatorio cumplimiento, en este caso para la Corte Suprema. La postura respecto al caso de Plazas Vega fue presentada por el organismo en enero, pero hasta el martes fue comentado públicamente por las partes implicadas en el proceso en virtud de lo extenso del documento en el que está contenida.
La condena a Plazas Vega fue apelada por sus abogados ante el máximo tribunal colombiano y que no tiene plazo para fallar.
La solicitud de la Procuraduría o Ministerio Público «es un hito en el proceso» por la toma del Palacio de Justicia, aseguró telefónicamente Jaime Granados, abogado de Plazas Vega.
Según el jurista, la procuradora del caso pidió absolver a su cliente porque los juzgadores de segunda instancia –tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá–, en febrero de 2012, hicieron «una indebida apreciación de la prueba» contra Plazas y lo condenaron.
Pero en concepto de Molano, la postura de la Procuraduría es un irrespeto a los familiares de las víctimas. «El desprecio por los derechos de las víctimas parece no tener límite», aseveró el abogado en su comunicado.
El caso de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia está próximo a ser fallado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. La semana pasada activistas denunciaron que Rafael Nieto Loaiza, el abogado que representa al Estado colombiano ante ese organismo internacional, también negó que en la toma y retoma del Palacio de Justicia hubo desaparecidos.
Pero activistas de derechos humanos han alegado que altas cortes colombianas, como el Consejo de Estado, han reconocido la desaparición de esas 11 personas, entre magistrados, trabajadores de la cafetería del Palacio y una rebelde.
Plazas Vega, de 68 años y quien permanece detenido desde el 2007 en una guarnición militar en Bogotá, ha dicho que es inocente.
Un general en retiro del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, también está condenado por los mismos hechos del Palacio de Justicia. Arias Cabrales, quien era el comandante de la brigada del Ejército en Bogotá cuando la toma de la sede judicial, fue condenado a 35 años de prisión.
Durante la toma rebelde y la retoma por unidades oficiales del Palacio de Justicia murieron más de 100 personas, entre magistrados, empleados del alto tribunal, miembros de la fuerza pública y rebeldes del M-19.
En marzo de 1990 el presidente Virgilio Barco (1986-1990) firmó la paz con el M-19.
