La Policía debe construir un monumento en memoria de las víctimas de este grupo criminal conformado por uniformados y apoyado por comerciantes de esa región de Antioquia.
Se hacían llamar los 12 Apóstoles, quizás para que los creyeran unos santos por la “limpieza” social que realizaban. En Yarumal (Antioquia), a inicios de los 90, asesinaban a quienes consideraban un desecho o un colaborador de la guerrilla, y lo hacían ante la mirada cómplice de las autoridades y de la Iglesia.
Por lo menos asesinaron a 30 personas. Se cubrían el rostro para esconder su identidad, pero en el pueblo todos sabían que eran en su mayoría policías dispuestos a la mayor crueldad para conseguir sus objetivos. Por ello, por el silencio amañado y la colaboración de las autoridades para con estos grupos, el Consejo de Estado vuelve a condenar a la Nación por los vergonzosos crímenes de estos “apóstoles”.
En su fallo, de 121 páginas, el Consejo de Estado sentencia a la Nación a indemnizar a los familiares de Ovidio Alfonso Ardila, una de las víctimas del grupo criminal, y además le ordena a la Policía la “construcción de un monumento alegórico a la vida, que se erigirá en el parque principal del municipio de Yarumal, para que hechos como esos no se repitan jamás”. Asimismo le ordena al Centro de Memoria Histórica la “preservación de la presente sentencia”, para que componga el archivo de una Nación desmemoriada.
Con estas medidas, el Consejo de Estado advierte sobre la necesidad de que casos semejantes no se repitan. “Es inadmisible que la Policía permita y patrocine que agentes suyos hagan parte de grupos dedicados a desaparecer y asesinar personas que supuestamente ostentaban la calidad de criminales”, resalta el magistrado Enrique Gil Botero en su ponencia.
Y agrega: “El común denominador de los testimonios es claro en indicar que la finalidad del grupo era combatir la delincuencia y la violencia con métodos censurables como la amenaza, la intimidación, la desaparición, el secuestro y finalmente el homicidio, sin que las autoridades tomaran medidas al respecto”. Pero además de su silencio, tanto éstas como la Iglesia prodigaban su irrestricto apoyo a la agrupación.
Así lo indican las mismas autoridades. En un informe del CTI citado por el Consejo de Estado se establece que los 12 Apóstoles “fueron financiados por los comerciantes de la región, además de tener el apoyo irrestricto de miembros de la Policía y del Ejército y un sacerdote de la iglesia de La Merced (se dice que por lo anterior fue que recibió el nombre)”. El mismo CTI informó que el Ejército había entorpecido sus investigaciones en el lugar.
Un testigo del proceso cuestiona que en Yarumal asesinaron “a la gente a la vista de todo el mundo, inclusive de día, torturándolos muchas veces. Todo el mundo se ha dado cuenta de quiénes son los causantes de las muertes. Pero no se atreven a denunciarlos, por miedo a que los maten a ellos y además porque no hay dónde ni con quién denunciar”.
Pero el reproche del Consejo de Estado no se queda allí. La corporación lamenta, además, la falta de resultados en una investigación en la que se han generado más absoluciones que condenas.
“Se inició una investigación contra varios civiles y miembros de la Policía y si bien es cierto que éstos fueron absueltos en consideración a la pobre instrucción del ente acusador en el proceso, no se puede desconocer que existían graves indicios en su contra (…). Se lamenta que el proceso penal no contara con los elementos suficientes para haber esclarecido el total de las circunstancias en que sucedió toda esa barbarie, así como la incompetencia de las instituciones para encarar semejante investigación”, cuestiona el Consejo en su sentencia.
Es por esto que los cerebros detrás de esta campaña criminal siguen en la sombra. Ya la Nación ha sido condenada dos veces por estos mismos hechos y, no obstante, la impunidad sigue alrededor de este caso. En Yarumal, los comerciantes, la Iglesia, la Policía, el Ejército y las autoridades locales se juntaron para aterrorizar a su antojo a la población, sencillamente por ser los dueños de las armas. Con esta sentencia el Consejo de Estado no pretende otra cosa que evitar que esta alianza criminal pase al olvido.
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Por: Juan Sebastián Jiménez
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