¿Tiene sentido que la Fiscalía priorice algunos delitos?

Me pregunto qué impacto puede tener una priorización de delitos para las mujeres y los niños, en relación con los delitos que los afectan a ellas de manera diferencial. Porque en este país es común que los delitos como la violencia contra la mujer sean considerados de menor importancia que aquellos contra la propiedad privada, contra el patrimonio público…
 

¿Van a quedar atrás esos delitos? ¿Cuál es el criterio de selección de los delitos? ¿Habrá un reconocimiento de que los delitos afectan de manera distinta a mujeres, niños, afrocolombianos?
 

Priorizar tareas no es escoger tareas, sino optar por invertir la mayor energía en las más complejas. En idéntico sentido priorizar casos de crimen organizado, muchos de los cuales son delitos de emprendimiento -es decir, una especie de máquinas de delitos que a su paso implican la comisión de múltiples delitos y montaje de estructuras criminales conexas- más que justificado, es necesario.
 

El montaje criminal de negociar armas, estupefacientes o seres humanos mercantilizados para aprovechamiento de terceros o explotación económica, por ejemplo, demandan grandes esfuerzos de investigacion y persecución estatal.
 

Priorizar no es –teóricamente al menos- abandonar  los no-priorizados. Lo que sí implica, en cambio, es asegurar y verificar que las y los fiscales colombianos no vayan a volver a la priorización la “excusa de oro” para no ocuparse del resto de casos.
 

El ideal es que el sistema penal sea capaz de perseguir todos los delitos pero en la práctica eso no ocurre. La criminología ha mostrado que en todo el mundo el sistema criminal prioriza y selecciona los casos pues los recursos son siempre limitados. La pregunta no es entonces si debe haber o no priorización sino si ésta debe hacerse por debajo de la mesa o a partir de estándares y procedimientos explícitos y transparentes.
 

La priorización encubierta, poco transparente y sin control, que es la que ha existido hasta ahora en Colombia, hace que el sistema penal se concentre en resolver casos fáciles (como las flagrancias)  pero que no necesariamente son los más graves, como lo mostró nuestra entrada de blog en LSV la semana pasada. Es pues mejor una política de priorización transparente y sujeta a ajustes, que permita debatir acerca de donde deben concentrarse los esfuerzos para atacar la criminalidad y hacer efectivos los derechos de las víctimas.
 

Tiene todo el sentido en la construcción de un sentido universal, integral y moderno de justicia.
 

Sin embargo, ocurre que una decisión de este tipo exige un alto nivel de confianza ciudadana en la institucionalidad y esto es lo que no tenemos los colombianos. No creemos en que el aparato judicial sea justo. Lo vemos y lo vivimos, viciado de politiqueria, corrupción al igual que otros ámbitos de la sociedad.
 

Por ello la propuesta al fiscal le toca imponerla y a los ciudadanos padecerla porque los criterios para definir que se juzga y que, no dependerán de quien es el actor del delito.
 

Por la corrupción e impunidad que genera, la congestión Judicial es muy apreciada por la criminalidad organizada. Deberíamos apoyar al Fiscal General de la Nación. Desde cuando en el Acto Legislativo 03 de 2002 consagramos el principio de oportunidad, tan poco utilizado por nuestros fiscales, se dijo que eventos como los llamados “delitos de bagatela” y casos de reparación integral y oportuna, podrían inhibir la acción penal.
 

Desde luego, priorizar, pero cumpliendo los términos procesales para que la sociedad “vea que se hace justicia pronta y cumplida”, en los casos escogidos. Ojalá algún día tengamos una Fiscalía dependiente del Presidente, que aplique la política criminal del Gobierno y que responda políticamente ante el Congreso y la Sociedad Civil.
 

En las sociedades contemporáneas la organización criminal, nacional y transnacional, acabó con el delincuente individual. Solo algunos sicópatas y desadaptados se arriesgan a actuar autónomamente.
 

Sin duda es una buena decisión. Esto trae una reacción inmediata  de la ciudadanía porque se cree que hay una serie de delitos que quedarían impunes. 

Pero es que hay una cantidad muy grande de delitos y no hay suficientes medios para la investigación. La priorización de delitos es absolutamente necesaria.
 
 

El derecho y la práctica internacional no contienen reglas claras sobre la selección o priorización de la investigación o acusación para el caso de crímenes internacionales. No existe consenso sobre si debe haber criterios escritos, cuál sería el órgano competente para escribirlos, que tan flexibles deberían ser los criterios y si estos deberán aplicarse a tribunales penales internacionales y a cortes nacionales por igual. 
 

Yo considero que esta es una discusión que, por lo menos frente a la cuestión de la comisión de crímenes excepcionales, esta teniendo lugar en este momento en la Corte Constitucional en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad del Marco Para la Paz, y que sus conclusiones, sin duda arrojarán luces muy importantes sobre este tema. 

 

Nos preocupa que al darle la posibilidad a los Fiscales de priorizar las investigaciones se convierta en una arbitrariedad para acceder o no a la justicia, generando impunidad.
 

Priorizar puede convertirse en una herramienta para que sólo se investigue cuando haya presión de los medios, intereses poderosos o atención del público, mientras que en el resto de casos no haya posibilidad para que sean investigados con celeridad, eficiencia y eficacia.
 

Hablar de crímenes de menor interés nacional es muy subjetivo, pues un robo a una familia estrato 1 de sus enceres puede parecer “menor” pero en realidad es de gran impacto para esta familia que no tiene con que reemplazar sus pertenencias. El “interés nacional de un delito” esta directamente vinculado con la calidad de la víctima, así que nos preocupa que en Colombia haya dos sistemas de justicia penal, uno para los ciudadanos “famosos” y otro para “los demás”.

 

Sí tiene sentido, aunque es peligroso bajo la esquizofrenia institucional que maneja la FGN. Priorizar siempre será un imperativo ante recursos limitados, pero aquí en lo penal es la impunidad la que lo ha hecho por lo bajo, haciendo de la Justicia un burladero. La Justicia no es percibida en Colombia como un instrumento de disuasión.
 

Tampoco hace sentido hoy, con un Sistema Penal Acusatorio, que la Política Criminal siga dependiendo de 2 cabezas: El Presidente y el FGN. En ningún sitio una tarea asignada por responsabilidad compartida se cumple bien. La Política Criminal debe depender sólo del Presidente de la República. Una reforma de esta naturaleza simplificaría, fortalecería la lucha contra el crimen y posibilitaría priorizar con responsabilidad política.
 

En la conducción del Estado es común, necesario y oportuno que los administradores públicos y políticos prioricen. Unos y otros responden ante el electorado por sus decisiones. Pero en Colombia, ¿al Fiscal quién lo ronda?

 

Eso convierte la justicia no en un derecho sino en un bien al que acceden los ricos. Los pequeños delincuentes quedan impunes. 

Se debe crear un sistema mixto para desmantelar pequeñas causas y una ley que diseñe procedimientos expeditos y simplificados para investigar pequeñas causas.

 

Montealegre pasará a la historia como el fiscal apóstol de impunidad. Priorizar es una cosa, otra muy diferente la facultad de decidir no investigar determinados delitos.
 

La priorización puede mejorar la eficiencia y la eficacia de la Fiscalía siempre y cuando no implique impunidad. Esto es, que se renuncie a la investigación, juzgamiento y condena de responsables de crímenes.
 

Para Montealegre se debe renunciar a la persecución penal de (menos) responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio, además de graves violaciones a derechos humanos que no adquieran esa connotación, en nombre de la paz. Ahora pretende extender esa impunidad al resto de delincuentes, en nombre de la eficiencia. El gobierno feliz porque le permite reducir la estadística de crímenes y al fiscal institucionalizar la incapacidad de la justicia. Es el fin de la justicia y del Estado.

 

Priorizar delitos (e incluso proponer que no se investiguen) es un riesgo enorme para una sociedad, pues deja las decisiones del derecho penal al vaivén de las prioridades caprichosas del funcionario de turno.
 

Estructuras criminales existen en todo tipo de delitos, entonces lo que se estaría abriendo es la puerta a que la impunidad y la corrupción sigan campeando en la Fiscalía. Difícilmente existen criminales que cometan delitos «menores» y que lo hagan por una sola vez. Al contrario, cuando se dan cuenta de la impunidad en que se ha sumido nuestra nación, se convierte en una rentable oportunidad para continuar delinquiendo.
 

Lo que sí se podría revisar es la vigencia de algunos delitos «menores», los cuales podrían regresar como contravenciones a inspectores policiales, lo cual ayudaría a descongestionar la labor de la Fiscalía.

 

Tiene todo el sentido, la capacidad investigativa de la Fiscalía es limitada y debe concentrarse en atacar las estrcuturas criminales y los delitos de alto impacto.

No hacerlo nos lleva a una situación como la actual, donde todo el sistema de justicia está colapsando.

 

Existen mensajes contradictorios. Si se trata de una discrecionalidad para investigar el delito, sería un error grave. Pero por lo que se dice en los medios, la supuesta priorización es más una reorganización que busca eliminar las barreras que ahora mismo impiden reunir procesos con raíces comunes. Es que el crimen es una empresa, una actividad que se especializa y diversifica.
 

Si es así, el enfoque es correcto, porque la gestión de la justicia, como cualquier otra gestión, cuenta con recursos limitados que deben usarse de la mejor manera para cumplir su cometido.

 

Priorizar la investigación de unos delitos frente a otros es lo que ha venido ocurriendo y ese resultado ha generado impunidad. La propuesta de ahora apunta a legalizar esa impunidad y no a resolverla.
 

Una Fiscalía debe ser suficiente para propiciar justicia penal a todos los ciudadanos y no a unos pocos privilegiados.

http://www.lasillavacia.com/lasillaenvivo/tiene-sentido-que-la-fiscalia-priorice-algunos-delitos-45169