Corte confirmó la ‘muerte política’ de la exsenadora, quien acudirá a jueces internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos será el próximo escenario en el cual la exsenadora Piedad Córdoba intentará tumbar la destitución e inhabilidad por 18 años que le impuso la Procuraduría por el escándalo de la ‘farcpolítica’.
Este jueves, Córdoba perdió una batalla clave: por siete votos contra dos, la Corte Constitucional negó la tutela de la polémica exsenadora contra el fallo disciplinario. En consecuencia, la inhabilidad sigue en firme, y con ella sus efectos de ‘muerte política’, al menos hasta el 2028.
La defensa de Córdoba señalaba que la Procuraduría la había sancionado sobre pruebas ilegalmente obtenidas –los archivos del famoso computador de ‘Raúl Reyes’, el ‘canciller’ de las Farc– y que supuestamente se le violaron derechos como la honra, la vida, el debido proceso, el buen nombre y la presunción de inocencia.
En el computador se encontró un documento del 27 de octubre de 2007, en el cual ‘Teodora’ dice que se encuentra en Caracas esperando reunirse con el canciller. Y que a continuación se reunirá con ‘Simón Trinidad’.
Tras anunciar la destitución e inhabilidad de Córdoba, en noviembre de 2010, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que la exsenadora asesoró a las Farc para el envío de videos con pruebas de vida de personas retenidas, dio información a ese grupo sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados y colaboró con la defensa de algunos exjefes de esa organización ilegal en procesos judiciales.
La Corte consideró que no se violentaron los derechos de la excongresista y que tanto la investigación como la sanción se ajustaron a derecho. Más aún, la decisión deja a salvo la facultad de la Procuraduría de disciplinar a los congresistas, la cual ponía en entredicho la tutela.
La Corte considera que esas atribuciones están expresamente marcadas en el Artículo 277 de la Constitución, que le da al Ministerio Público la función de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”. Los dos salvamentos de voto, precisamente, cuestionaban esa facultad.
Este jueves en la noche, a través de Twitter, Córdoba aseguró que el supuesto “desamparo de sus derechos” afectó “el voto de miles de ciudadanos” y que buscará instancias internacionales.
Córdoba tiene dos acciones judiciales más contra la Procuraduría. Una en el Consejo de Estado, también buscando la nulidad de la destitución, y otra por la supuesta afectación económica derivada de la sanción.
REDACCIÓN JUSTICIA
