Esto si no se aprueba el proyecto de urgencia que impide la excarcelación masiva. Ya está radicado.
El lunes en la noche, Gobierno y Fiscalía radicaron en el Senado un proyecto de 5 artículos con mensaje de urgencia para que esté aprobado antes del próximo 20 de junio y que busca “evitar el escenario de una excarcelación masiva e indiscriminada que podría representar un peligro inminente para la seguridad de los ciudadanos y la administración eficaz de justicia”.
Es el proyecto de ley que, como lo reveló EL TIEMPO el pasado domingo, pretende ampliar la entrada en vigencia de una norma tramitada el año pasado para cumplir una orden de la Corte Constitucional para acabar con la historia de miles de presos que llevan años esperando condena.
Por esa reforma, todo sindicado que lleve más de dos años preso quedará en libertad a partir del próximo 7 de julio, sin importar el delito por el que esté siendo procesado. El plazo se reduce a un año en el caso de delitos comunes como hurtos.
La situación es crítica porque en las cárceles hay casi 25.000 detenidos que cumplen la condición de un año o más sin fallo. Y de ese grupo, según estadísticas del Inpec, hay 4.837 que llevan más de tres años, y 6.137, más de dos.
En este último grupo están responsables de falsos positivos, señalados de casos de corrupción como el abogado Álvaro Dávila y Miguel Ángel Morales-russi (caso ‘carrusel' de la contratación) y varios de los cerebros de Interbolsa. También, el polémico exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez.
En su justificación ante el Congreso, Ejecutivo y Fiscalía reconocen que la justicia falló en la tarea de lograr condenas claves. Y aseguran que reformas fundamentales como la del Sistema Penal Acusatorio y la nueva Ley de Pequeñas Causas no han sido aprobadas en el tiempo previsto, lo que agrava el problema.
“Lo cierto es que hoy, ad portas de que se cumpla el término para la entrada en vigencia de dicha disposición, no es claro que los procesos se hayan adelantado con la agilidad esperada”, dice la exposición de motivos enviada al Senado.
Y agrega que “para que el objeto de la racionalización de la detención preventiva sea una realidad en nuestro ordenamiento, es indispensable contar con los ajustes normativos y operativos que dinamicen el sistema penal y sirvan de sustento para que los operadores judiciales den mayor celeridad y eficiencia a los procesos bajo su cargo”.
En esencia, lo que se plantea es que, para el caso de delitos más graves como homicidios, corrupción, narcotráfico y otros de la justicia especializada, la vigencia empiece en julio del 2017 y no en tres meses
Además de la salida de la cárcel de responsables de varios de los mayores escándalos de los últimos años, hay urgencia para tapar un hueco que quedó en la ley del año pasado y que permitió que los delitos sexuales quedaran en el grupo de los de excarcelación después de un año sin sentencia. El nuevo proyecto establece que pasen al paquete de los de dos años.
“La naturaleza de estos delitos supone un modelo investigativo particularmente complejo, en especial para aquellos casos en los cuales las víctimas son niños, niñas o adolescentes”, dice el documento conocido por EL TIEMPO.
En la Fiscalía hay 106.030 procesos activos por delitos contra la libertad integridad y formación sexuales. Tan solo el año pasado se abrieron 29 mil nuevos procesos. La mayor parte de los casos está en la impunidad, y en los pocos en los que ha habido detención podría darse la excarcelación masiva por falta de sentencia. Cálculos extraoficiales señalan que no menos de diez mil internos en las cárceles están sindicados por esta clase de crímenes.
El Gobierno y la Fiscalía defienden en su exposición de motivos la necesidad de aprobar herramientas que agilicen los procesos. Entre ellos una pragmática pero altamente cuestionada por la opinión pública: la posibilidad de que los sindicados de delitos sexuales contra menores de edad puedan tener rebajas de penas.
Actualmente no tienen esa gabela, por ley y, además, porque la colaboración con la justicia en los llamados ‘delitos solitarios’ como los ataques sexuales suele no ser útil. “Hoy no es viable conceder beneficio alguno por allanamiento a cargos en delitos sexuales y el debate legislativo al respecto ha mostrado una oposición mayoritaria frente a un cambio al respecto”, reconoce el Gobierno.
