Santos logró bajar de la movilización a Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y a sus aliados, que eran los sectores que podían lograr que el paro se le saliera de las manos a sólo dos semanas de las elecciones. A cambio, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular -que los reúne- salió reconocida como un interlocutor político válido y con un espacio formal para seguir negociando sus reivindicaciones con el Gobierno.
El decreto que conjuró el paro
La Cumbre Agraria, que estaba gradualmente escalando la protesta a medida que negociaba con el Gobierno, era el actor más fuerte en este paro.
Con el decreto del jueves, el Ministro del Interior Aurelio Iragorri logró que la Cumbre levantara el paro.
El centro de la discusión giró en torno a un decreto que recibió el visto bueno de Santos el jueves de la semana pasada, que creó una ‘mesa única nacional’ en la que a partir de ahora el Gobierno se sentará a negociar, con la mediación de los organismos de la ONU, el pliego único de peticiones que reúne los reclamos de los trece grupos que se juntaron para formar la Cumbre hace tres meses.
Ahí están organizaciones políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, campesinas como la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA), étnicas como el Proceso de Comunidades Negras y la ONIC indígena, sindicatos agrarios como Fensuagro y las zonas de reserva campesinas reunidas en Anzorc, además de las decenas de agrupaciones que existen dentro de Marcha y el Congreso.
A todas las une la sintonía con las negociaciones de paz con las Farc en La Habana y con un eventual proceso de paz con el ELN, ya que -como contó La Silla- muchas de éstas vienen de zonas donde tradicionalmente han tenido presencia las dos guerrillas y comparten algunos de sus planteamientos sobre temas como la economía campesina, el rechazo al modelo agroindustrial y al sector extractivo en territorios campesinos.
Por el momento habían fijado ocho puntos concretos de negociación, que consideraban sus ‘mínimos’. No alcanzaron acuerdos en todos con el equipo del Gobierno liderado por el Ministro de Interior Aurelio Iragorri, su vice Juan Camilo Restrepo, el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, su vice de desarrollo rural Aníbal de Fernández de Soto y el vice de trabajo José Noé Ríos, pero sí lo suficiente como para considerar que el diálogo había sido exitoso.
Tanto que el viernes, los 22 puntos de concentración que fijó la Cumbre en todo el país -para comenzar a presionar y escalar la protesta si no avanzaban los diálogos- se fueron vaciando.
“Nuestra gente ya está toda en sus veredas. Desde la misma noche del viernes empezaron a regresarse y ayer en la noche estaban los últimos en camino”, le dijo a La Silla César Jerez, uno de los líderes del movimiento de zonas de reserva campesinas y de Marcha Patriótica. Según el cálculo de la propia Cumbre eran 120 mil personas.
El primer acuerdo al que llegaron es el decreto mismo, que le da fuerza vinculante a la mesa y que evita que -según la Cumbre- se quede en el aire y no avance como sienten ellos que sucedió con la que ya existía con la MIA y con los campesinos del Catatumbo desde el último paro.
“Lo más importante es que el Estado avanza en el reconocimiento institucional del campesinado y que hay una instancia donde se pueden concertar las políticas públicas para el campo. En vez de esperar un paro, tiene un espacio donde conversar”, explica el antropólogo Juan Houghton, vinculado al Congreso de los Pueblos. “Nos reconoce, esa es la ganancia”, dice Alberto Castilla, el senador electo del Polo y líder campesino del Catatumbo, que también es parte del Congreso.
También acordaron la creación de un fondo para fortalecer la economía campesina. Aunque todavía hay una brecha entre los 2,5 billones de pesos anuales que pide la Cumbre y los 250 mil millones que ofreció el Gobierno para este año, están ya pensando en cómo reglamentar su funcionamiento para que sea efectivo y transparente. Se hizo además un compromiso para ejecutar 30 proyectos de ‘infraestructura social’ -por escoger aún- en acueducto, alcantarillado, carreteras, educación y salud en municipios con grandes necesidades.
Se creó un Cerrem campesino, un comité que evaluará -al igual que sucede con víctimas, sindicalistas o políticos- el nivel de riesgo de sus líderes. Y se comprometieron a estudiar una propuesta que permita evaluar la situación jurídica de los líderes campesinos de su línea encarcelados en el último paro, acusados de rebelión y financiación al terrorismo, así como de campesinos encarcelados por cultivar o recoger coca y penalizados como narcos. Según César Jerez, éstos últimos suman unos 400 sólo en el Catatumbo.
No lograron en cambio llegar a un acuerdo para que el campesino sea reconocido como un sujeto político con derechos diferenciados, como ocurre con las minorías étnicas. Ni tampoco sobre la inclusión de la categoría ‘campesino’ -como indígena o afro- en el censo agrario que se está haciendo, aunque sí hay un principio de acuerdo para que en el censo nacional de 2016 se pueda incluir esa pregunta.
Ese punto todavía genera divisiones, porque mientras un integrante del Congreso de los Pueblos dice que “lo importante es que hay intención de meterlo en el censo grande”, Jerez le aseguró a La Silla que “mañana [hoy] vamos a llamar al boicot del censo agrario”.
El acuerdo definitivo aún no ha sido firmado, pero debería darse en estos días. Ayer por la tarde iban a reunirse pero el ministro Iragorri tuvo que cancelar y viajar al sur del Huila, que sigue siendo el punto más caliente del paro de las Dignidades -que todavía están movilizadas- y donde ya van una decena de heridos en dos semanas.
http://lasillavacia.com/historia/la-formula-para-desactivar-el-paro-un-complemento-la-habana-47358
