Mucho, si se tiene en cuenta que al no hablar de erradicación de todo latifundio, sino del improductivo, ni de la prohibición de la propiedad extranjera, sino de limitarla, las Farc dieron un salto histórico y se mostraron como un interlocutor abierto.
Poco, si se considera que todavía tienen grandes diferencias con el Gobierno sobre la manera de resolver problemas de acceso y uso de la tierra, eje del conflicto con esta guerrilla.
Las partes están de acuerdo en que la brecha entre los pobladores del campo y la ciudad, en vez de bajar, ha aumentando. Y en que hay que igualar las condiciones para que los campesinos obtengan, por ejemplo, vivienda y salud.
Pero, mientras tanto, una de las grandes distancias, según supo EL TIEMPO, es frente al latifundio. La guerrilla insiste en ponerle límite a la extensión –no ha precisado cuál–, y el Gobierno no acepta esa pretensión.
Por eso la reacción airada el jueves de Humberto de la Calle –cabeza del equipo negociador oficial–, cuando dijo que hay quienes “distorsionan” con “manipulaciones truculentas” lo que está ocurriendo en La Habana.
Si bien no se refirió directamente al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, había malestar con el dirigente gremial. Él, en entrevista con Yamid Amat en este diario, dijo que las Farc pretendían limitar el latifundio a 100 hectáreas. Según el Gobierno, Lafaurie dejó en el aire la idea de que en Cuba las partes consideraban restricciones a la propiedad.
Entonces, en un llamado a los ganaderos, De la Calle dijo estar dispuesto a escucharlos, si no “desfiguran las posiciones del Gobierno en la mesa”.
Así, y aún sin acuerdos puntuales con las Farc, quedó sembrada la tensión por las discusiones sobre tierras en el proceso de paz.
En respuesta a De la Calle, Lafaurie pidió respeto por quienes, “en representación de un gremio víctima de las Farc”, critican el proceso de paz. También, a través de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe escribió cuatro mensajes contra el jefe de los negociadores oficiales. Lo acusó de “maltratar al sector agropecuario”.
Al margen de este debate, precipitado también por la campaña electoral –en la que ya buscan lugar los críticos del proceso de paz–, EL TIEMPO conoció que el Gobierno y las Farc están de acuerdo en la creación de un fondo de tierras para distribuirlas entre campesinos que no la tienen, pero no en el tipo de hectáreas que deben alimentarlo.
El grupo armado plantea la expropiación, incluso, de latifundios legales. El Gobierno se sostiene en que cualquier paso para democratizar el acceso a la tierra solo se dará con hectáreas incautadas a grupos ilegales y con baldíos que, en algunos casos, sí fueron invadidos por empresarios del campo.
En este y en otros temas, el pulso en La Habana es fuerte. Aunque las Farc aceptan ya la convivencia de cultivos agroindustriales con los de pequeños propietarios, siguen en contra de las alianzas de unos y otros para producir. Le dan prioridad a la economía campesina, sobre la base de que lo primordial es asegurar la alimentación interna. El Gobierno defiende la idea de que se cultive también para exportar.
Así están las cosas. Pero entre aproximaciones y diferencias, y a pesar del debate de los ganaderos, es mucho que en La Habana se esté hablando de temas concretos. Y que en la primera ronda del 2013, el Gobierno y las Farc hayan logrado los acercamientos que el país esperaba desde septiembre, cuando se conoció de los contactos.
Piden impuesto a tierra ociosa
Tras la primera propuesta de las Farc para el campo, de la que varios analistas destacaron la apertura del grupo guerrillero, porque además de mostrar respeto por la propiedad privada y por la inversión extranjera –aunque con límites–, la organización insurgente anunció precisiones en algunos puntos y lo hizo durante varios días.
Quizás lo más polémico tiene que ver con la propuesta de establecer “castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas”. Para esto piden una actualización de los avalúos catastrales.
Otra de las novedades fue el planteamiento de un subsidio a los campesinos afectados por los TLC, mientras se revisan si hay caso. El Gobierno no considera revisarlos.
