Un informe de IECAH insta a visibilizar la crisis humanitaria en el país, que no hace parte de la negociación.
“Nos sorprendió favorablemente el inicio de los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC, pero notamos la ausencia de referencias a los temas humanitarios en el Acuerdo General firmado por las partes. Vimos que únicamente el punto dedicado a las víctimas incluye los temas de derechos humanos
y verdad, pero sin más consideraciones, y eso en un país donde la situación humanitaria sigue siendo grave es realmente preocupante”, manifiesta Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria- IECAH, con sede en Madrid. Rey es coautor, junto con la investigadora colombiana Luisa Fernanda Pineda, del Informe que da título a este artículo y que se hizo público la semana pasada.
El documento, de 30 páginas, fue elaborado con el apoyo del Centro Noruego para la Construcción de Paz- NOREF (por su sigla en inglés) y es el resultado de varias entrevistas con las principales agencias humanitarias nacionales e internacionales que trabajan en Colombia y que comparten con el IECAH esa preocupación. El documento ya fue enviado a los negociadores del Gobierno y las FARC por intermediación de Noruega -como se sabe, uno de los países garantes del proceso- “para que incorporen los temas humanitarios en los diálogos de paz cuando lo estimen conveniente”, afirma Rey.
El texto contiene una serie de análisis respecto a las implicaciones de dialogar en medio del conflicto, el auge de las organizaciones criminales derivadas de la desmovilización del paramilitarismo, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario-DIH o a los derechos humanos, como el reclutamiento forzado de niños y niñas, el secuestro, las desapariciones, la colocación de minas antipersonal o la violencia sexual contra las mujeres. También hace recomendaciones a las partes, a los actores humanitarios y a la sociedad civil colombiana para que el tema se solucione y no caiga en el olvido.
Hablar de paz en medio de la guerra
La decisión de dialogar en medio del conflicto implica, según el documento, el riesgo de que la situación humanitaria se invisibilice como consecuencia de que toda la atención nacional e internacional se centre en el seguimiento de los diálogos y en las perspectivas de un acuerdo de paz. Asimismo, advierte que el proceso no ha supuesto una mejora y que “numerosas señales indican que puede agravarse en los próximos meses e incluso hacerse más compleja en un eventual escenario de acuerdo”.
¿Por qué un tema tan importante para el país está fuera de la agenda de negociación? Algunos de los expertos entrevistados para el Informe consideran que los temas humanitarios “acabarán saliendo” directa o indirectamente durante el curso de las conversaciones; otros creen que se trata de algo deliberado para evitar enfrentamientos y acusaciones entre las partes. Algunos más piensan que, en aras de agilizar el proceso, es inconveniente hablar de estos temas. El Informe plantea una posibilidad adicional: “Para muchos, (hablar sobre la grave crisis humanitaria) supondría, de facto, un reconocimiento de que tanto las FARC como las autoridades gubernamentales y las fuerzas armadas han contribuido, y de modos diferentes siguen contribuyendo, a un conflicto de gran crueldad, con numerosas violaciones del DIH y los derechos humanos, que tienen enormes consecuencias sobre la población”.
El documento llama la atención sobre el auge de los que denomina “Grupos Armados Post Desmovilización- GAPD”, herederos de los paramilitares y conocidos en Colombia como “bandas criminales”o BACRIM, y afirma que sus víctimas “son muy numerosas y no cuentan con mecanismos de protección, asistencia y reparación en las vías previstas” por la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, por lo que, “desde la perspectiva de las organizaciones humanitarias, la atención a las víctimas de estos grupos debería poder entrar en lo dispuesto en la Ley”. La Corte Constitucional dio un paso adelante en la solución de este problema al ampliar el pasado 16 de mayo el concepto de “víctimas del conflicto armado interno”, contenido en el artículo 3º de la norma, y determinar que quienes han sido blanco de la violencia de las BACRIM o de desmovilizados reincidentes tienen derecho a los beneficios contemplados en ella.
Por otro lado, el documento hace referencia a las restricciones de movilidad a las que se ven obligados los habitantes de las zonas en conflicto que sufren las consecuencias de la presencia de grupos armados en sus territorios, así como al desplazamiento o confinamiento al que se ven sometidos. “Las implicaciones de estas situaciones –se afirma- son especialmente graves sobre la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y a la educación”, además de dificultar el trabajo de las agencias humanitarias.
Civiles bajo todos los fuegos
Uno de los problemas más preocupantes es el del reclutamiento forzado de niños y niñas, que, según el Informe, “pese a que todos los actores lo niegan (…) sigue siendo una práctica habitual y sistemática en el conflicto” y añade que la situación se ha agravado por parte de las BACRIM, que las FARC han intensificado sus campañas de reclutamiento para reemplazar a sus miembros muertos en combate con el Ejército y que este último, aunque “no parece haber reclutado niños como combatientes, sí los ha usado como informantes o espías para recabar información de inteligencia acerca de grupos guerrilleros”.
El Informe también critica las campañas cívico-militares con las que la Fuerza Pública pretende ganarse la confianza de las comunidades y que generan confusión al autodenominarse en ocasiones como “acciones humanitarias”, destinadas a mejorar la imagen del Ejército y asegurar su legitimidad. Algunas de estas campañas incluyen actividades recreativas que, según se afirma, exponen a los niños y al resto de la población civil a las represalias de los grupos armados ilegales.
De otro lado, según información suministrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja citada en el documento, Colombia es uno de los países más afectados por las minas antipersonal. Estas armas no convencionales y prohibidas por el DIH se han cobrado la vida de miles de combatientes y no combatientes y, según el Informe, constituyen un riesgo potencial que puede obstaculizar los procesos de restitución de tierras.
En lo referente a la violencia sexual, Rey y Pineda afirman que “las fuentes oficiales de las que se dispone no especifican cuántos de los casos registrados están relacionados con el conflicto armado y mucho menos brindan detalle alguno sobre los perpetradores”. En consecuencia, la magnitud de esta problemática aún es desconocida y la respuesta a las necesidades de las víctimas es insuficiente y precaria. A esta problemática se suma la falta de confianza de las víctimas en las instituciones, lo que las lleva a no denunciar los abusos en su contra debido a los altos niveles de impunidad.
Recomendaciones
Colombia es considerado por la ONU como un país de renta media que, al haberse convertido en donante y uno de los pioneros de la llamada “cooperación sur-sur”, algunos consideran que puede hacer frente por sí solo a su situación. Ello ha generado una disminución en los fondos destinados a la ayuda humanitaria y en la valoración de su necesidad e importancia en el actual contexto de conflicto, lo que ha generado preocupación entre los actores humanitarios que están en el terreno y que saben que esta imagen no se compadece con la realidad.
El Informe reivindica la necesidad de que las organizaciones internacionales hagan presencia en el país con el argumento de que su valor añadido “es el de poder acceder a zonas en las que las organizaciones estatales no pueden llegar y hacerlo, además, con enfoques humanitarios claros basados en principios (…) En cualquier caso –añade el informe-, la actual situación parecería requerir un cambio de visión respecto de la mejor manera de cubrir las lagunas de asistencia y protección humanitaria, tanto por parte del gobierno colombiano como por parte de las agencias internacionales”.
Para lograr este objetivo, el documento incluye algunas recomendaciones a los negociadores del Gobierno y de las FARC en La Habana, en conjunto y por separado; a la comunidad internacional, con especial énfasis en los donantes. A los equipos de trabajadores humanitarios nacionales e internacionales y a la sociedad civil colombiana y sus organizaciones, que pueden resumirse en reconocer la gravedad de la situación, emprender acciones encaminadas a paliar o evitar el sufrimiento de las víctimas y restituirles su dignidad; apoyar los esfuerzos de los actores humanitarios, respetar las normas internacionales y, como diría Rey, “tomar conciencia y tener en cuenta que, por muy optimistas que seamos con el proceso de paz, no podemos olvidar que la crisis humanitaria continúa cobrándose miles de vidas cada día”.
Para leer el informe completo:http://www.iecah.org/web/images/stories/publicaciones/informes/descargas/Informe8_2013.pdf
*Consultora y periodista especializada en temas de paz, asuntos políticos, sociales y humanitarios. En Twitter: @NubiaRojasblog
http://www.semana.com/nacion/articulo/entre-crisis-humanitaria-esperanza-paz/344783-3
