Proceso de paz: ahora, la participación política

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera — firmado el 26 de agosto de 2012 por representantes del gobierno nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) — parte de reconocer que la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto.

Lo que implica la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras, que serían invitadas a unirse a este propósito. Suponen a su vez, que es importante ampliar y profundizar la democracia como condición para alcanzar este anhelo de los colombianos.

La agenda suscrita contempla como segundo tema la participación política, que cubre tres grandes subtemas:

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final,  así como el acceso a los medios de comunicación. 

2. Mecanismos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles.

3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluida la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

 

Desde mediados del siglo XX, la sociedad colombiana ha intentado construir una democracia moderna, en medio de la crisis política permanente y de una débil legitimidad democrática: las luchas bipartidistas, la exclusión de sectores populares, el clientelismo forjado en los acuerdos del régimen frente–nacionalista conservador–liberal, la persecución y criminalización de la protesta social y de la movilización colectiva, el surgimiento de movimientos guerrilleros en respuesta al cerramiento del sistema político, los esfuerzos aperturistas del constituyente del 91 y los ajustes constitucionales posteriores para depurar los vínculos entre criminalidad y representantes en cargos de elección popular son algunos de los episodios que sirven de marco para repensar la participación efectiva en las decisiones públicas de la población, la presencia de nuevos actores en condiciones simétricas de poder y lo que se ha llamado democratización de la democracia.

Una mayoría de los ciudadanos — más del 70 por ciento de acuerdo con los estudios de opinión pública — manifiestan su acuerdo con los diálogos de paz, y sin embargo se muestran reacios a permitir una participación política a las FARC.

El gobierno y la sociedad en su conjunto deberían haberse movilizado ya mediante una intensa actividad pedagógica: es preciso construir una opinión pública favorable a la paz y revalorizar una cultura democrática basada en la participación, la inclusión y el interés por  las contiendas electorales.

Pero el período pre–electoral se presenta como un obstáculo: los partidos con personería vigente están más preocupados por asegurar su propia permanencia en el escenario político, dado el endurecimiento de las condiciones de supervivencia partidista que representa el aumento del umbral.

Nuestro sistema de partidos transita hacia un pluralismo limitado,caracterizado por Sartori  por la existencia de tres a cinco partidos importantes, gobiernos de coalición, coaliciones alternativas, competencia centrípeta (moderadora), ausencia de un partido antisistema importante, oposición unilateral, distancia ideológica pequeña y oposición responsable.

Estas características son propias de una democracia fuerte, pero en un sistema político como el nuestro, que apenas comienza a abrir posibilidades reales a la integración y a la participación de terceras fuerzas, no dejan de constituir serias dificultades.

 

El primer subtema contiene dos grandes campos de trabajo: el ejercicio de la oposición y el acceso a los medios de comunicación. De un lado, el Estado  debe garantizar la seguridad de los desmovilizados que se postulen como candidatos y para que puedan ejercer cargos públicos si resultaran elegidos; y de otro lado,  deben crearse las condiciones para una reconciliación efectiva.  

El drama de la Unión Patriótica no puede repetirse: un partido que surgió en 1986 en el marco de acuerdos de desmovilización, que alcanzó a elegir seis senadores, nueve representantes, un buen número de diputados y de concejales, pero que fue literalmente exterminado, mediante el asesinato de un alto número de dirigentes, entre ellos dos candidatos a la presidencia.

En relación con el acceso a los medios, si bien el tema es complejo dada la autonomía de los medios privados, parecería estar rodeado de niveles adecuados de compromiso por parte de quienes intervendrían en la apertura de estos espacios. Queda por definir la forma como esta voluntad se materializará.

 

El segundo subtema es la apertura de mecanismos democráticos de participación ciudadana, y en particular, los de participación directa.  Pese a que la Constitución de 1991 previó mecanismos y espacios de participación para que los ciudadanos puedan intervenir en las decisiones de los gobernantes, más de 20 años después resulta evidente que imperan un alto desconocimiento y bajos niveles de confianza en su utilidad, en parte debido a lo tortuoso del camino que deben recorrer los ciudadanos para hacerse oir.

La reforma a la ley estatutaria de participación ciudadana buscó corregir este saldo negativo. Pero la legislación vigente tampoco resuelve el problema de la enorme dispersión de las normas: la iniciativa ciudadana sigue supeditada a los cuerpos de representación política. El reto más importante seguirá siendo organizar una sociedad fragmentada, enfrentada y con poca confianza en sus instituciones.

 

El tercer subtema va encaminado a los cambios al sistema electoral en un escenario de postconflicto. Los ajustes institucionales para adecuar el sistema electoral deberán ir acompañados de cambios en las costumbres de los ciudadanos y del proceso de construcción de una nueva cultura política

Se ha propuesto crear una circunscripción especial, que durante algunos períodos  permita  a las FARC ocupar determinados escaños en el Congreso.  Los cambios en el sistema electoral podrían también fortalecer la representación a nivel local: los mecanismos de control y rendición de cuentas por parte de los ciudadanos, el papel del ciudadano en las decisiones gubernamentales, la incorporación de las minorías en los espacios de discusión y la reducción del costo en las campañas electorales.

El sistema electoral mixto — que ha venido promoviendo el senador John Sudarsky — permitiría revisar las circunscripciones locales y territoriales para recoger adecuadamente la realidad de la distribución demográfica y poner en marcha un sistema de representación proporcional, que aumente las posibilidades de acceder al poder allí donde las bases electorales sean suficientemente amplias.

En síntesis: llegó la hora de apelar a la creatividad política junto con los esfuerzos de conciliación.