En un comunicado leído ayer por Rodrigo Granda, minutos antes de iniciar una nueva sesión de conversaciones con el Gobierno en el Centro de Convenciones de La Habana, las Farc comenzaron a destapar las que consideran sus “diez propuestas mínimas” para la búsqueda de un acuerdo sobre el tema de la participación política. Hablan, por ejemplo, de un rediseño del orden jurídico-económico del país, de la redefinición de los poderes públicos acabando con el “carácter presidencialista” del Estado, de reforma política, de democratización de los medios de comunicación, de reconversión de las Fuerzas Militares, de reforma a la Rama Judicial para dar fin a su “escandalosa politización” y de elección popular de procurador, contralor, fiscal general y defensor del pueblo.
Toda una serie de propuestas que, irremediablemente —y la guerrilla lo sabe—, sólo podrían ser tramitadas a través de una asamblea constituyente, que de hecho es el décimo punto del documento. Pero también son planteamientos que riñen con una premisa en la que ha insistido desde el comienzo de los diálogos el presidente Juan Manuel Santos: que con las Farc no se va a transar el modelo del Estado colombiano. “Tengan la seguridad de que allá, en esas negociaciones, no vamos a negociar nada de lo fundamental, como la propiedad privada y el modelo de desarrollo (…) lo que está en juego es la forma como se va a transferir, a cambiar las balas por los votos”, dijo el jefe de Estado en abril pasado, durante un encuentro empresarial.
Como quien dice, el segundo punto de la agenda que se aborda en La Habana, el de la participación política, muestra de entrada posiciones casi intransables. De hecho, ya las Farc habían dicho, en una declaración de Laura Villa, una de sus negociadoras, que para ellas la política no es simplemente una curul y que no pretenden cambiar años de lucha revolucionaria por un asiento parlamentario. Una postura que se reafirma nuevamente con el comunicado leído por Granda, en el que además piden garantías plenas para el ejercicio de la oposición política y el derecho a ser gobierno, así como que esa participación política no se supedite al logro de un umbral electoral y, de paso, el restablecimiento de la personería jurídica a la Unión Patriótica, con medidas de reparación integral y garantías de no repetición.
Queda claro, según conoció El Espectador, que el grupo guerrillero quiere comenzar a marcar distancia del movimiento Marcha Patriótica, con el que ha sido vinculado, para trazar su propio camino, cuya prioridad serían las elecciones locales y regionales de 2015, más que las de Congreso en 2014. Por eso se dice que la anunciada reforma a la Fiscalía —para la cual el Congreso acaba de darle facultades extraordinarias al presidente— apunta a crear unidades especiales que irán a las zonas de conflicto a revisar expedientes, buscando establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, buscar quiénes podrían entrar a la política electoral sin las talanqueras que por ahora tienen los miembros de la cúpula guerrillera por sus líos judiciales.
Para quienes hoy están en el juego político, algunas de esas “propuestas mínimas” de las Farc pueden entrar a discutirse, pero otras son “máximas” imposibles de cumplir. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, es de los que creen que si la guerrilla sigue en la línea de la constituyente como un inamovible, se puede llegar a una “constitución contrarrevolucionaria”, en el sentido de que podrían generarse reformas que echen atrás todas las conquistas alcanzadas en 1991. “¿Cuál va a ser el contenido de esa asamblea? ¿Quiénes van a ser miembros? ¿La sociedad civil va a elegir en ella a los miembros de las Farc?”, preguntó Carrillo.
Más allá de la constituyente, el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, piensa que, de una u otra manera, el decálogo de las Farc indica que están descubriendo la política y en algún momento se darán cuenta de que muchos de los temas que plantean ya están siendo discutidos. Por su parte, el presidente de la Cámara, representante Augusto Posada, considera que la actual estructura del Estado —que la guerrilla propone cambiar— respeta los principios democráticos y eso es algo que hay que seguir defendiendo. Posada tampoco cree viable la elección popular de los jefes de los organismos de control, pues “sería muy complicado verlos buscando votos con intereses partidistas”.
El representante liberal Guillermo Rivera manifestó que si bien algunas de las propuestas de las Farc representan aspiraciones de sectores democráticos y progresistas de la sociedad colombiana, no vale la pena reabrir la puerta para reformar la Carta Constitucional, que en materia de derechos es progresista, ya que ello sería un riesgo para que sectores retardatarios puedan llegar a la constituyente y acabar con logros como la tutela. Y Germán Navas, representante del Polo Democrático, se mostró de acuerdo con devolverle la personería jurídica a la UP: “Lo mínimo es que la dejación de las armas implique una participación en política. La UP fue un partido que se extinguió no por voluntad de sus electores ni por decisión de sus componentes, sino porque los exterminaron. Así que se les debe dar la oportunidad de que reactiven su partido”, indicó.
Sea como sea, dentro o fuera de lo inicialmente acordado, las Farc ya pusieron sus cartas sobre la mesa y anuncian que su apuesta va dura. Lo de la constituyente sigue sin tener eco en la clase política, a excepción —quién lo creyera— de algunos sectores uribistas. Pero otras ideas sobre garantías políticas a la oposición, no subir el umbral, participación de las minorías y hasta elección popular en los órganos de control, tienen buen recibo. La discusión apenas comienza y falta ver cómo jugará el Gobierno.
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