Referendo, entre paz y reelección

El debate de la paz vuelve al Congreso, como cuando se discutió el Marco Jurídico. Hoy, a partir de las 3:00 de la tarde, se llevará a cabo en la Comisión Primera del Senado la audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas, partidos y movimientos políticos presenten sus opiniones y observaciones sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno, “por medio del cual se regulan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales, con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado”.
 

Se trata de la iniciativa que busca dar vía libre para que el mismo día de las elecciones, a Congreso o a la Presidencia, los ciudadanos puedan expresar su aprobación o rechazo a los eventuales acuerdos de paz a que se llegue con las Farc en La Habana (Cuba). Algo que para algunos va en contra del espíritu de la Constitución o, como dijera el expresidente Álvaro Uribe, implica una “trampa a la democracia” y un “instrumento legal para confundir la paz con la reelección del presidente Santos y de los congresistas”.
 

El argumento que el jefe de Estado expuso el mismo día que anunció la radicación del proyecto es que “las conversaciones en Cuba avanzan y tenemos la obligación de prever cualquier instancia que sea necesaria si los acuerdos se formalizan, para que el pueblo colombiano sea quien tome la última palabra. Si llegamos a unos acuerdos y no tenemos la posibilidad de refrendación, ahí sí sería un acto de inmensa irresponsabilidad”.
 

Para Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, es responsabilidad del Ejecutivo prever y crear las condiciones óptimas para que los acuerdos a los que se llegue sobre refrendación se puedan poner en marcha oportunamente: “En caso de que en la mesa de diálogo se acuerde celebrar un referendo, es necesario levantar la limitación para que éste pueda coincidir con las elecciones y de esa manera se garantice que el mecanismo se pueda aplicar de manera expedita, sin obstáculos y con la mayor participación electoral posible”.
 

Sin embargo, más allá de las buenas intenciones y de que su aprobación se da por hecho debido al respaldo de la Unidad Nacional —a excepción de los conservadores—, el debate de fondo es de un calado más complejo. Elsenador Juan Lozano, quien aclara que es amigo de la paz, advierte que no hay justificación para violar la Constitución: “El Marco Jurídico para la Paz deja claro que para activar cualquier mecanismo de validación se requiere la dejación de las armas, la renuncia al secuestro y el cese del reclutamiento de menores. Nada de esto se ha cumplido”, señala.
 

Para Lozano, “no es conveniente que en un acuerdo en el que seguramente se van a consultar beneficios para las Farc, la gente civil desarmada tenga que concurrir a votar mientras ellos permanecen armados. Eso sería volver a la combinación de todas las formas de lucha, de sangrienta recordación, pero esta vez patrocinada por el propio Gobierno”.
 

Como de argumentos se trata, también hay quienes creen que el proyecto de ley va en contravía del espíritu de la Constitución de 1991, porque son diferentes la democracia representativa, es por medio de la cual los ciudadanos eligen a los gobernantes, y la participativa, que son los referendos, plebiscitos, consultas y revocatorias. Lo que implica que la sociedad decida sobre un tema de reglas de juego para la paz el mismo día en que se eligen congresistas o presidente de la República, a través de un aparato proselitista y con una agitación electoral.
 

Un miembro de la Constituyente de 1991, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a El Espectador que “en las mismas actas de la Asamblea está planteado este argumento y es por eso que se definieron fechas diferentes para las elecciones”. En este sentido, recordó que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, para no tramitar un proyecto que protegía a las minorías puso como excusa una sentencia de la Corte Constitucional que plantea que los congresistas no pueden legislar sobre temas que afecten su propia elección. “En este caso, congresistas y hasta el presidente van a hacer campaña por su reelección con la bandera de la paz, que en la práctica es lo mismo”, afirmó.
 

Estos argumentos no son la única preocupación. El Partido Conservador se declaró en rebeldía y por ahora ha dicho que no votará la iniciativa. Sus voceros aseguran que no está claro por qué el Gobierno pretende confundir la reelección con la paz y por eso solicitaron una reunión con Humberto de la Calle y con Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, buscando explicaciones sobre lo que se ha acordado con las Farc en Cuba y las implicaciones de la propuesta de referendo.
 

La precandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez fue más allá y afirmó que “tramitar un referendo que se amarre a la reelección de Santos, sin que haya claridad sobre lo que van a votar los colombianos, es un acuerdo hecho de espaldas a la Nación. No se puede legislar sobre el último punto que es la ratificación de los acuerdos, cuando no hay acuerdos”.
 

El senador Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, les restó importancia a las críticas y aclaró que se trata de permitir la posibilidad de hacer el referendo el mismo día de las elecciones: “Ya el contenido, el texto de lo que se acuerde, dependerá de lo que convengan en Cuba. Esta es una medida en favor del proceso de paz, que va a colaborar para que los colombianos se expresen y entiendan la responsabilidad del Congreso”. Todo indica que habrá mensaje de urgencia y la idea es que la ley, que es estatutaria, sea aprobada los más pronto posible para que la Corte Constitucional cuente con tiempo suficiente para revisarla.
 

Lo cierto es que desde hoy el Congreso de la República será el escenario de un nuevo choque entre quienes hacen la apuesta por la paz de forma incondicional, los que apoyan el proceso de negociaciones con las Farc pero aseguran que no se puede hacer a cualquier precio y quienes no quieren saber nada de esos diálogos. Con la “aplanadora” de la Unidad Nacional, la aprobación en el Congreso es casi una realidad, pero el proceso no será fácil. Y así como lo fue con el Marco Jurídico para la Paz, la Corte Constitucional será la que diga la última palabra, esta vez sobre la posibilidad de unas elecciones atravesadas por un referendo por la paz y seguramente la reelección.