«La Corte nos dio la razón»: Gustavo Gallón

“La sentencia es extraña, causa perplejidad, porque niega nuestra demanda pero acoge su argumento central. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en su fallo, la Corte señala que la ley estatutaria, que reglamentará el Marco, debe cumplir con los tratados internacionales e investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos; es decir, todas y no unas cuantas”. Esto dijo Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, entidad que demandó el acto legislativo conocido como el Marco Jurídico para la Paz, declarado constitucional el miércoles por la Corte Constitucional. En medio de risas, Gallón dijo que “si para concedernos la razón tuvo que negarnos la demanda pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
 

El Marco Jurídico para la Paz, aprobado por la Corte, es un acto legislativo que le permite al Congreso crear un sistema de justicia transicional que cobije a los guerrilleros que se desmovilicen en virtud de un posible acuerdo de paz. Es por ello que este fallo es de vital importancia para los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba, entre el Gobierno y las Farc. Al respecto, Gallón fue enfático: “Nosotros no demandamos el Marco porque estuviéramos en contra de la paz. Todo lo contrario. Estamos profundamente comprometidos con el proceso de paz y celebramos que el presidente Santos se haya sentado a dialogar. Lo que pasa es que consideramos que ese proceso de paz debe estar asentado sobre una base sólida de justicia”.
 

Y agregó: “Tiene que haber un reconocimiento del daño. Si Estado y guerrilla no reconocen a sus víctimas, el proceso de paz no va para ningún lado. Yo espero que si algunos casos no son investigados por la Fiscalía, que, por lo menos, sean esclarecidos por una Comisión de la Verdad seria”. Respecto a las herramientas que el Marco le da la Fiscalía para priorizar a la hora de investigar los delitos de las Farc –y posiblemente del Eln– con el fin de dar con los máximos responsables, Gallón indicó que la misma Comisión Colombiana de Juristas le había propuesto al ente investigador que cambiara su forma de investigar y se enfocara en la construcción de macroprocesos penales, una tesis planteada ya por el fiscal Eduardo Montealegre.
 

“Lo propusimos en respuesta a lo que ha dicho el Gobierno que para investigar todos los delitos de las Farc se requieren 99 años. Nuestros cálculos es que se necesitan 500 al paso que va la justicia en Colombia. Por eso señalamos la necesidad de cambiar la forma de investigar”, le dijo Gallón a este diario. Además, lamentó que, en su criterio, “la justicia transicional es vista por muchos como una justicia menor y esa es una visión que comparten muchos de los que sacaron el Marco y que con este acto apuntaron no a la consecución de la máxima justicia posible sino a la menor justicia posible, casi como diciendo ‘conténtense con eso’”.
 

Gallón hizo parte hoy de un foro sobre la justicia transicional y los diálogos de La Habana del que también hicieron parte el investigador y exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny; la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Catalina Díaz; el representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild; y la representante de la ONG Crisis Group, Louise Arbour. Durante el foro, Gallón recalcó que todavía es muy prematuro para un análisis profundo de la decisión de la Corte y que, ahora, será el Congreso el que determine el futuro de este acto legislativo. Al final, el director de la Comisión Colombiana de Juristas se mostró satisfecho pues, aunque negaron su demanda, la Corte no hizo oídos sordos a sus señalamientos. 

La priorización y selección de los casos que la Fiscalía debe o no investigar, en virtud de un eventual acuerdo de paz con las Farc fueron puntos de amplia controversia en la discusión que resolvió el miércoles la Corte. Al final la mayoría de magistrados sostuvieron la tesis de que en aras de la búsqueda de la paz podía sacrificarse la justicia y aceptarse que algunos crímenes no sean investigados. Eso sí, con la condición de que haya sanciones para los máximos responsables. El otro tema candente del Marco para la Paz fue la posibilidad de la suspensión de las penas a los guerrilleros desmovilizados. El alto tribunal dejó esta discusión latente y está a la espera de la ley estatutaria que reglamentará el acto legislativo.