Los otros obstáculos del marco para la paz

Desatado el nudo del marco jurídico para la paz en la Corte Constitucional, donde esta semana le dieron vía libre –con 7 de 9 votos– por considerar legítimos los mecanismos de justicia transicional que incluye para cerrar el conflicto, quedan por desatar los que al final definen el éxito de los diálogos con las Farc.
 

Es decir, el creado por esta misma guerrilla al rechazar esa reforma constitucional como fórmula para lograr la paz, y el que le corresponde deshacer a la opinión pública cuando llegue la hora de refrendar los eventuales acuerdos de La Habana.
 

Ninguno es un nudo gordiano, pero desatarlos es prácticamente una tarea de las Farc. Como bien explicó la Corte en su fallo, le correspondía determinar si el juzgamiento solo de máximos responsables de delitos atroces, esto es, de las cabezas de los grupos armados, iba contra la obligación del Estado de garantizar los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación. Además, si la condición de que esos delitos fueran sistemáticos para entrar en la selección violaba normas internacionales acogidas por Colombia.
 

Frente al primer punto, el tribunal consideró que en la búsqueda de la paz es legítimo seleccionar para investigación y juzgamiento las violaciones más graves de derechos humanos, agruparlas en “macroprocesos” e imputarlas a las cabezas de los grupos armados.
 

No se trata, dijo, de renunciar a investigar a otras personas que intervinieron en los crímenes, sino de condenar a quienes cumplieron en ellos “un rol esencial”.
 

La selección, según la Corte, permite identificar patrones de criminalidad y de violaciones graves de derechos humanos, con lo que se da a las víctimas verdad y se garantiza que no se repetirá la violencia. El tribunal también consideró razonable la condición de que los delitos elegidos haya sido sistemáticos (repetidos como parte de una estrategia), siempre y cuando entren los de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
 

Por último, respaldó la renuncia a la persecución penal condicionada para quienes no sean las cabezas de los grupos armados. El mismo marco para la paz establece que estos deben ser juzgados y condenados.
 

Otra cosa es si habrá cárcel o condena excarcelable. Esto, como dijo la Corte, es tarea del Congreso con la ley estatutaria que reglamentará el marco para la paz.
 

Reparos de la guerrilla
 

Y es aquí donde les toca jugar a fondo a las Farc. No solo para superar el fantasma de “la imposición” que ven en el Gobierno por no haber discutido con ellas el marco para la paz, sino también para que el país acepte una eventual excarcelación de sus jefes, considerados responsables de delitos graves.

El jueves, un día después del fallo de la Corte, ‘Iván Márquez’, jefe de la delegación de esta guerrilla en La Habana, insistió en su cuenta de Twitter en que “el marco jurídico fuera de contexto, por la manera inconsulta en que fue tramitado, resulta inane para el desenvolvimiento del proceso”.
 

En entrevista con EL TIEMPO, el domingo, había dicho que no puede ser el Estado, al que la guerrilla considera “principal victimario”, el que los juzgue.

Pero si bien el Estado tiene su cuota en la tragedia ocurrida por los delitos de sus agentes –como lo admitió el presidente Juan Manuel Santos–, es el llamado a crear las normas para castigar a los culpables. Son las que la mayoría del país reconoce, aunque las Farc no estén de acuerdo.
 

Si comprenden esto, sobre la base de que también serán juzgados los responsables de la violencia que no corresponde a las Farc, estarían desatando el nudo que crea su rechazo al marco para la paz. Además, e independientemente de que la violencia tenga varios responsables, lo que esta guerrilla debería tener en cuenta para desatar el tercer nudo –la refrendación de los acuerdos– es lo que el país espera de ellas.
 

Es decir, que reconozcan a sus víctimas –lo han venido haciendo– y cuenten la verdad. En otros lugares del mundo esto ha llevado a que los ciudadanos acepten beneficios como la excarcelación.
 

No en vano, tras el fallo de la Corte, el Gobierno insistió en que “la aplicación del marco para la paz depende “de la dejación de las armas”, del “reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la entrega de los menores reclutados”.
 

Finalmente, lo que importa frente a las normas internacionales, a las que esta guerrilla ve como una sombra para la sostenibilidad de los acuerdos de paz, es que las víctimas queden satisfechas. Y de esto dependerán en buena parte una pena distinta a la cárcel y el respaldo del país a los eventuales acuerdos de paz.
 

Rol del congreso
 

Al Congreso, para no crear un nuevo nudo sobre el marco para la paz, le corresponde ajustar la ley estatutaria que lo reglamente a las recomendaciones de la Corte frente a los deberes con las víctimas.
 

Diálogos con Eln podrían demorarse
 

Si bien ya estarían definidas varias de las personas que integrarían la delegación oficial del Gobierno en una eventual mesa de paz con el Eln, y estaría definido el país donde se llevaría a cabo, los diálogos formales con esta guerrilla, que, según las autoridades, cuenta hoy con unos 1.300 hombres, no estarían tan cerca.
 

Esto, también a pesar de que el grupo guerrillero liberó el martes al ingeniero canadiense Gernot Wober, una de las condiciones del presidente Juan Manuel Santos para iniciar los diálogos.
 

Precisamente, según una fuente cercana al Gobierno, el pronunciamiento del mandatario después de la liberación, en el sentido de que está dispuesto a iniciar un proceso de paz, no debe interpretarse como que habrá algo inmediato.
 

En todo caso, las palabras del Presidente habrían sido un reconocimiento al gesto del grupo guerrillero.
 

El jefe del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, ha sido reiterativo en que debe haber un diálogo sin condiciones, pero Santos ha hablado de la liberación de todos los secuestrados.
 

De hecho, La Policía le atribuye al Eln 17 de los 178 plagiados en Colombia en lo que va del año. A las Farc les atribuye 22; a las bandas criminales, 4, y el resto a la delincuencia común.
 

El canadiense estaba en poder del Eln desde el 18 de enero.
 

REDACCIÓN EL TIEMPO 
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