El presidente Juan Manuel Santos siguió dando luces sobre la estrategia que llevará Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a realizarse entre el 21 y 24 de septiembre en Nueva York, a favor del proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana (Cuba). “Como jefe de Estado, voy a defender donde se requiera ese margen de libertad, ese margen de autonomía de Colombia para forjar nuestro propio camino de reconciliación. Y así lo haré con toda claridad y contundencia la próxima semana ante las Naciones Unidas. Es que las Naciones Unidas fueron concebidas precisamente para buscar la paz y para resolver pacíficamente los conflictos”, manifestó el mandatario ayer en Medellín, en el marco del conversatorio “Diálogo constitucional para la paz”.
Está claro que Santos quiere blindar las negociaciones con la guerrilla y apunta a que los organismos internacionales —incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y otras organizaciones no gubernamentales— se comprometan a respetar los términos de los eventuales acuerdos. Por eso, tras reiterar que es plenamente consciente de las obligaciones del país ante los tribunales del mundo, también aclaró que “no hay que perder de vista que el Estatuto de Roma establece una jurisdicción internacional de índole subsidiaria y residual”, la cual “sólo tiene aplicación cuando no existe voluntad o capacidad del Estado para juzgar crímenes de guerra o de lesa humanidad”.
En este sentido enfatizó que tanto el Gobierno como el Congreso, además de jueces y fiscales, tienen plena voluntad y capacidad para implementar los principios del derecho penal internacional “para hacer justicia dentro de nuestro propio territorio y lograr la satisfacción de los derechos de nuestras víctimas”, razón por la cual, considera el presidente Santos, “no tendría por qué aplicarse una justicia que es subsidiaria y residual”. Lo que se busca —y de esto se trata la justicia transicional, señala el primer mandatario— es una estrategia integral que permita al mismo tiempo la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas y el logro de una paz estable y duradera.
“De conformidad con nuestra jurisprudencia, no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Que oigan bien allá en La Habana, que oigan bien en La Haya, en Ginebra o en Nueva York, que oigan bien en La Macarena, en el Catatumbo o en el cañón de Las Hermosas (…) que oigan bien: no habrá impunidad, no puede haber impunidad por ese tipo de crímenes”, expresó el jefe de Estado, reconociendo, que no se puede pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables para luego no cumplir.
El argumento a presentar ante las Naciones Unidas tiene que ver también con el hecho de que cuando Colombia ratificó el Estatuto de Roma, lo hizo convencida de que dicho tratado se podría reconciliar con la búsqueda de la paz negociada y las necesidades de una justicia transicional. Por eso, al momento de ratificarse, y según sugerencia de la Corte Constitucional, Colombia hizo una declaración interpretativa, según la cual entendía que dicho estatuto no se oponía a la concesión de amnistías en el marco del derecho internacional humanitario, siempre y cuando se refiriera a la terminación o a la finalización de las hostilidades, como lo dice el Protocolo II de los Convenios de Ginebra.
“O sea que nosotros tenemos un margen poco más amplio según esa expresión, que es lo que importa entender. Ahora, de todas maneras, yo me resisto a concebir un sistema de justicia internacional que obstaculice el camino de una nación que busca, sin desatender a sus víctimas ni descuidar el derecho a la verdad, terminar un conflicto, como el nuestro, de más medio siglo. Si la justicia internacional busca, precisamente, la consolidación de la paz y el respeto a los derechos humanos (…) es que las Naciones Unidad fueron concebidas precisamente para buscar la paz y para resolver pacíficamente los conflictos. ¿Y por qué voy a ir hasta allá? Porque todos estos años nos han enseñado que la paz no sólo es necesaria, sino que en nuestro caso es urgente”, concluyó Santos.
¿Una estrategia jurídicamente viable? Para el expresidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, sí lo es, y además se está enviando el mensaje de que la paz va en serio. Pero para Luis Guillermo Pérez, abogado del Colectivo de Abogados, en lugar de tratar de evadir la competencia de la Corte Penal Internacional, el Gobierno debería asumir que ella puede ser garantía y puede blindar el proceso para garantizar que en el futuro no se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y de guerra, y que incluso a las Farc no les suceda lo que sucedió con la UP. Con una sugerencia de paso: “Santos debería jugársela por la facultad que tiene y es que puede pedirle al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que suspenda la acción de la CPI por el término de un año, justamente como aporte a un proceso de paz”.
Farc y su comisión de la verdad
Las Farc reiteraron ayer su propuesta de crear una comisión independiente, integrada por expertos nacionales y extranjeros, que revise y complete el informe del Grupo de Memoria Histórica sobre el conflicto colombiano. En una declaración pública leída por alias ‘Laura Villa’, integrante de la delegación guerrillera en La Habana (Cuba), instaron al Gobierno a hacer “todo lo posible” por concretar la creación de una comisión “de la cual se deben desprender las responsabilidades insoslayables para quienes han sido parte del conflicto, más allá de los alzados en armas”. Según las Farc, el objetivo es tener argumentos sólidos para abordar el quinto punto de la agenda de negociaciones: las víctimas del conflicto. La comisión había sido propuesta el agosto pasado.
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