La guerrilla habla de doctrina de seguridad humana. Gobierno insiste en que políticas de las Fuerzas Militares no están en discusión.
No es la primera vez que las Farc, desde La Habana, hacen un pronunciamiento en el que fustigan a las Fuerzas Militares y plantean incluso reformas internas que apunten a tener una Fuerza Pública para la paz y no para la guerra. Y tampoco es la primera vez que se escuchan rumores de un malestar en los cuarteles, pues así el Gobierno insista en que ese tema no hace parte de la agenda de negociación y que la orden es mantener a la ofensiva, se dice que en las cuatro fuerzas —Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía— creen que se trata de una calculada estrategia que apunta a buscar una revisión de las actuales políticas de seguridad.
Lo cierto es que el comunicado leído ayer por Pablo Catatumbo, en el que califican de “antidemocrático” el proyecto de ley que busca “fortalecer las medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo”, presentado recientemente al Congreso por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, deja entrever algunos de los temores de los jefes guerrilleros de cara a una posible desmovilización. En dicho comunicado, las Farc dicen que la iniciativa es un “adefesio jurídico encaminado a criminalizar la protesta social y a encarcelar a los activistas” y que “Colombia no puede permitir que al pueblo se le siga dando tratamiento de enemigo”. Y piden acabar con la llamada doctrina de “seguridad nacional” para establecer una “verdadera doctrina de seguridad humana”.
Fuentes cercanas al proceso de paz le dijeron a El Espectador que el pronunciamiento de Catatumbo tiene que ver con la intranquilidad de la guerrilla ante la nueva doctrina militar —enmarcada dentro del reciente acuerdo de cooperación con la OTAN—, teniendo en cuenta que los diálogos con el Gobierno buscan como fin último la desmovilización y la entrega de armas. Mejor dicho, para las Farc, una ley que modifica los códigos penales para hacer más drásticas las medidas contra las manifestaciones, los paros y los bloqueos, es una ley que golpea sus intenciones de hacer política, pues para ellas, la protesta y la inconformidad social son un terreno abonado a la hora de querer entrar a hacer proselitismo legalmente después de la eventual firma de un acuerdo de paz.
De ahí sus críticas a la política de seguridad del Gobierno y, semanas atrás, su propuesta de desactivar el Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad).
Para las Farc, el Ejército y la Policía deberían ser “reconvertidos” en “una fuerza para la construcción de la paz”, que debería incluir recortes en sus presupuestos. “Los actuales diseños institucionales en materia de seguridad y defensa y de gasto público responden a las doctrinas de la ‘seguridad nacional’ y la ‘guerra contrainsurgente’, propias de los tiempos de la ‘guerra fría’”, como dijo en julio pasado Victoria Sandino, una de los negociadores de las Farc.
Ahora se trata de un tire y afloje en el que el presidente Juan Manuel Santos ya ha dicho que el funcionamiento y las políticas de las Fuerzas Militares no están ni estarán en discusión en la mesa de negociación en Cuba. “Qué papel van a jugar nuestras Fuerzas Armadas en el posconflicto, será una discusión nuestra, aquí en el seno de las Fuerzas, con el ministro de Defensa, entre nosotros. Y eso quiero que quede muy claro”, expresó el jefe de Estado a comienzos de septiembre, en la inauguración del Dispensario Médico del Suroccidente ‘Héroes de Sumapaz’. Con un ingrediente adicional: “Tengan la seguridad de que los beneficios jurídicos que se vayan a otorgar a la contraparte para lograr esa paz, esos beneficios jurídicos, por supuesto que también van a ser aplicables a los miembros de nuestras Fuerzas que han podido cometer algún error, que hayan podido estar involucrados en alguna equivocación en los actos del servicio”.
Y lo que se sabe es que los delegados del Gobierno en más de una ocasión les han explicado a los negociadores de la guerrilla que la correlación de fuerzas no es la misma de hace dos o tres décadas y que la urgencia del proceso es tratar de resolver los aspectos judiciales, pues los tribunales internacionales no van a ceder en sus exigencias de reconocimiento y reparación a las víctimas, condena y un mínimo de cárcel. Y todo este panorama está enmarcado dentro del proceso electoral que ya está en sus primer hervor, pues si las propuestas de alternatividad judicial no salen pronto, en el futuro será más complicado, ya que la composición del Congreso cambiará en julio de 2014 y el expresidente Álvaro Uribe y su Centro Democrático entrarán a jugar.
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