Para la guerrilla, si bien esas delegaciones que irán a Cuba deben reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que se hayan presentado a lo largo del conflicto, no puede haber víctimas de primera y segunda categorías, donde las que son del interés del Estado tienen mayor relieve, como es el caso de los miembros de la Fuerza Pública. Y si el Gobierno quiere que se escuche a militares y policías, debe tener disposición para oír también a los combatientes guerrilleros detenidos en las cárceles del país y a los representantes de sus comandantes muertos en acciones de las fuerzas del Estado, como Alfonso Cano.
Para Martha Isabel Castañeda, la viceprocuradora general, es innegable y no puede ser objeto de discusión el que los miembros de la Fuerza Pública han sido víctimas de la subversión y en el actual proceso de negociación se debe escuchar a todas las víctimas de las Farc, quienes, según considera, “no están bien representadas”. De hecho, ese grupo de víctimas —que incluye a militares y policías— es el que hoy reclama el máximo protagonismo.
“El proceso de paz es con las Farc. No es con otros grupos al margen de la ley”, dice, por ejemplo, Yaneth Sánchez —quien desconoce el paradero de su hermano, secuestrado hace 17 años presuntamente por esa guerrilla—, una de las 50 personas que estuvieron ayer en un plantón frente al Centro de Convenciones del Pacífico, en Cali, donde se desarrolla el Foro Nacional de Víctimas, el escenario de donde deben salir las propuestas y los delegados a la mesa de diálogos en Cuba.
Como se ve, son varias las aristas que hoy le salen a la airada discusión en que se ha convertido la selección de los representantes de las víctimas que estarán a partir del próximo 16 de agosto cara a cara con las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana. Un proceso que, dicen algunos, se ha politizado y que ha perdido de vista el objetivo de las negociaciones de paz: la reconciliación, donde las víctimas de los grupos armados ilegales —guerrillas y paramilitares— y del Estado son quienes deben marcar el rumbo.
Un asunto de tal calibre, que ayer Humberto de la Calle y el procurador Alejandro Ordóñez acordaron mantener una comunicación fluida y constante con el fin de garantizar que las víctimas puedan elevar su voz en un marco de respeto y plenas garantías, y para que la comisión que viaje a la isla sea, efectivamente, “equilibrada y plural”. Las mismas condiciones planteadas también ante la Defensoría del Pueblo. Desde el fin de semana, un equipo técnico del Gobierno, encabezado por el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, se encuentra en Cuba avanzando en la conformación de las comisiones previas a la discusión del tema de víctimas.
Lo cierto es que en un universo de víctimas tan amplio no es fácil la tarea de escoger a sus voceros. “En un proceso para darle fin al conflicto armado es necesario que las víctimas sean de todos los actores armados involucrados, como lo determina el mandato de la mesa de conversaciones de La Habana”, asegura Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, que junto a la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas, es una de las entidades encargadas de dicha escogencia.
Y se viene un ingrediente más al debate: por el lado de la Corte Constitucional, se rumora que ese alto tribunal acogerá la ponencia de la magistrada Martha Victoria Sáchica, que declara constitucional el Marco Jurídico para la Paz pero que, a diferencia de la ponencia presentada por el exmagistrado Alberto Rojas Ríos, le cierra las puertas a la posibilidad de que aquellos guerrilleros que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad y genocidio puedan participar en política. Se espera que esta semana la Corte defina si avala o no la ponencia de Sáchica que, según una fuente consultada por El Espectador, ha sido bien recibida por los demás magistrados.
El tire y afloje va para largo. La discusión apenas comienza y hoy todos piden voz y hacer presencia en La Habana. Posturas que chocan con una realidad ineludible que reconoce el mismo representante de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild: “Es imposible elegir doce representantes para 6,5 millones de víctimas (…) ni pretendemos crear un grupo que deje contento a todo el mundo, pero tenemos que entender que estamos facilitando que un grupo de víctimas representativas y plurales hable con la mesa, y eso es un paso enorme”.
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