Responderán minado de territorios indígenas en Nariño y por el reclutamiento forzado de menores.
Los máximos jefes de las Farc serán notificados en La Habana –sede de los diálogos de paz– de la citación de la Fiscalía a la imputación de cargos por crímenes de guerra, para finales de mes.
Una comisión de la Fiscalía podría viajar para notificar a los jefes guerrilleros, pero también está la posibilidad del canal diplomático. El mecanismo será coordinado con la Oficina del Comisionado para la Paz.
El exprocurador Jaime Bernal señala que la Fiscalía tiene la opción de pedirle a la Cancillería que utilice a la Embajada en Cuba para hacer la notificación. “No necesariamente tendría que ser mediante el Comisionado de Paz”, anota.
Aunque los hechos por los que responderán los guerrilleros del Secretariado no se cometieron en Bogotá, el proceso será trasladado a la capital. La imputación no la hará un fiscal de DD. HH. sino alguien de la cúpula de la Fiscalía.
De otro lado, se pedirá a la Defensoría del Pueblo que designe abogados de oficio para los jefes de las Farc, en caso de que ellos no nombren defensores para que los representen en la primera imputación de cargos contra ellos desde que se iniciaron los diálogos.
Aunque la Fiscalía examina si los integrantes del secretariado que actúan como negociadores en el marco de la Ley 418 tienen algún estatus, se trabaja sobre la base de que las investigaciones y juicios no se afectarían y que podrían asistir a la diligencia por videoconferencia.
Los jefes de las Farc tendrán que responder por el minado de territorios de la comunidad awá en Nariño y por el reclutamiento forzado de menores en el caso del páramo de Berlín, en el Magdalena Medio. La Fiscalía destapará informes de inteligencia militar que señalan que en Santander hubo, a comienzos de la década pasada, un plan de reclutamiento masivo.
En el expediente hay documentos hallados en el computador del ‘Mono Jojoy’ que hablan de la creación de ‘clubes’ en los que serían adoctrinados niños desde los 5 años. Como parte de esa estrategia, unos 150 menores habrían terminado en la columna móvil ‘Arturo Ruiz’.
En noviembre del 2000, el Ejército se enfrentó con esa columna en límites de Boyacá con Santander y fueron capturados 77 guerrilleros, de los cuales 32 eran niños.
El exvicefiscal Wilson Martínez sostiene que por ser hechos cometidos después de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, la Fiscalía tiene la obligación de notificar a los investigados sobre la audiencia, y, en caso de que ellos decidan no asistir, podrá pedir la contumacia (cuando el reo se niega a comparecer) para que el proceso avance.
