Una comisión mixta, que vincule a 54 congresistas y a los negociadores del Gobierno y las FARC, se encargaría de definir las leyes de justicia transicional y participación en política.
La palabra ‘congresito’ ha generado esta semana una gran controversia política. Fue la palabra que utilizó el presidente Juan Manuel Santos para bautizar a uno de los tres mecanismos posibles para implementar los acuerdos que se alcancen en La Habana con las FARC, y el que en estos momentos más seduce al Gobierno. O por lo menos, el que considera más viable. Por diversas circunstancias.
Santos lleva cinco días insistiendo en el término ‘congresito’, el cual, sin duda, revive varios fantasmas especialmente entre la clase política. En el año 1991, con ocasión de la Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso de la República fue revocado, y en su lugar se creó un órgano legislativo transitorio, de 36 miembros, para expedir las leyes que precisamente habilitaban la Constituyente.
Por eso, la cascada de críticas de todos los sectores parlamentarios, encabezada por el propio presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, no se hizo esperar. No solo la calificaron de inconstitucional, sino de irrespetuosa con el poder legislativo. Por lo menos, fueron los adjetivos más utilizados.
Ante la tormenta, el copresidente del Partido de la U, Roy Barreras, salió a atribuirse la paternidad de la propuesta. Primero, admitió que fue mal bautizada por el presidente Santos, y luego la calificó como la mejor alternativa para implementar aquellos acuerdos que necesiten de nuevas leyes.
Barreras tuvo que aclarar tres cosas. No habrá revocatoria, no habrá congresito y tampoco habrá constituyente para refrendar los acuerdos de paz. Sí habrá reformas legales y serán competencia de un órgano legislativo especial y transitorio. Al menos esa es la propuesta, que según Barreras, le ha venido planteando al gobierno y a los negociadores desde hace ocho meses.
Adiós al referendo
Hace más de dos años, cuando el proceso de paz apenas arrancaba, el Gobierno aclaró que todo lo acordado en La Habana debía ser refrendado por el pueblo. La fórmula en la que más insistía el gobierno era el referendo, de hecho, hace más de un año, el Congreso aprobó una polémica ley para que pudiera coincidir con cualquier elección ordinaria. La otra era una Constituyente, como lo quieren las FARC, pero el gobierno ha sido insistente en que no habrá lugar a ella porque puede ser una caja de pandora.
Para los aliados del gobierno, el referendo ya parece imposible, y muy riesgoso. Ya no hay tiempo para hacer aprobar una ley de referendo para las elecciones de octubre, y de hacerse en otra fecha el riesgo de que no pase el umbral, como sucedió con los acuerdos de paz en Guatemala, es demasiado alto y tiene mucho riesgos para el proceso de paz.
Otra fórmula, la más simple, podría ser una reforma constitucional en el Congreso. Sin embargo este sería un acto unilateral y podría pasar lo mismo que con el marco jurídico para la paz, que ha sido rechazado por las FARC. Una reforma en el Congreso sencillamente no genera confianza, ni entre los partidos políticos hacia las FARC y viceversa.
El ‘Colegio Mixto’
Entonces, la fórmula con la que el gobierno empieza a jugarse es la de una “comisión legislativa especial transitoria y mixta”, o como la llama el ministro del Interior “órgano legislativo para la paz”. Esta se encargaría de crear leyes transitorias, una especie de pista para aterrizar los acuerdos de La Habana y ajustarlos a la Constitución.
Barreras la llama Colegio Mixto. Será una comisión colegiada, que vincule a los 19 senadores y 35 representantes de las comisiones primeras del Congreso (las que se encargan de los temas constitucionales) y a los negociadores del gobierno y de las FARC en La Habana. Esta comisión se crearía en el exclusivo caso de que se firme un acuerdo de paz y la guerrilla entregue las armas, solo tendría vigencia de 4 meses, se ocuparía exclusivamente de dos temas: la justicia transicional y la participación en política.
Una comisión especial, con participación de las FARC, para acordar las leyes para implementar los acuerdos de paz, parece lógico. Sin embargo es algo que no le cabe en la cabeza a uno de los jefes de la oposición, el senador Álvaro Uribe. “No entendemos el congresito que propone Santos con las FARC en la comisión primera, sustituyendo la representación popular y legislando en causa propia”.
Cómo se crearía
Si este Colegio Mixto (o congresito para el presidente Santos) suena confuso, su creación también será muy compleja. Necesita de una reforma Constitucional que la habilite. Es decir, el gobierno debe presentar un proyecto que debe ser aprobado en ocho debates durante un año entero de legislatura.
La propuesta de Roy Barreras es que se presente el proyecto antes de terminar el mes de agosto para que pueda ser aprobada antes del 16 de diciembre (cuando hay receso en el Congreso).
Aprobados los 4 primeros debates, se esperaría a la firma del acuerdo de La Habana, y solo sí este se produce antes del 31 de diciembre, el Congreso aprobaría los otros 4 debates de la reforma. El Congreso sería el encargado de definir quiénes serían los integrantes de ese Colegio Mixto. El ministro del Interior dijo, en una entrevista con el diario El Tiempo, que el proyecto de reforma constitucional sí sería presentado en el menor tiempo posible, pero que antes será consensuado con todos los partidos políticos.
El presidente Juan Manuel Santos pudo haber enviado un globo con la palabra ‘congresito’, y como lo ha hecho con antelación, le ha servido para medir el ambiente de la propuesta. De momento genera rechazo en la oposición, y demasiada confusión en los miembros de la Unidad Nacional. Pero lo cierto es que el asunto de la refrendación e implementación de los acuerdos de paz ha desbordado los presupuestos del gobierno que está en la obligación de encontrar alternativas, pues su fórmula del referendo parece cada vez más imposible.
