Luis Castañeda, que participó en el diseño del acuerdo rural en las negociaciones de paz en Guatemala, habla de los errores que no se deben repetir en el proceso colombiano.
Luis Castañeda es un guatemalteco que participó como asesor en la construcción de los acuerdos de paz del gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), entre 1991 y diciembre de 1996, cuando se firmó el acuerdo de fin del conflicto. En ese entonces, Castañeda era viceministro de Recursos Naturales y su vida pública se había desarrollado alrededor del manejo de bosques y recursos naturales.
La semana pasada Castañeda participó en el foro “Bosques y construcción de paz, una oportunidad para el posconflicto”, realizado en Bogotá, y en entrevista con El Espectador reflexiona sobre la importancia de la tierra para resolver el conflicto armado y el papel que pueden cumplir las comunidades en la protección ambiental en un escenarios de posconflicto. Aunque en Colombia el acuerdo agrario fue el primero en los diálogos con las Farc en La Habana (Cuba), sus palabras pueden servir de insumo para resolver asuntos que están pendientes.
¿Cómo fue el acuerdo de paz en Guatemala respecto al tema rural y ambiental?
El asunto de la tierra, como tal vez sucede aquí, era el más importante a tratarse en la negociación de paz, porque había una gran demanda de tierra productiva por parte de los campesinos. Y el enfoque fue resolver el problema de la tenencia y el acceso a la tierra. En cuanto a la tenencia, el concepto fue la seguridad jurídica, y en cuanto al acceso, fue el repartirla. Se pensó que las tierras cubiertas de bosque eran la solución a este problema.
¿Qué se firmó en materia de protección ambiental?
La problemática que había en ese momento era la demanda de tierra y la idea fue repartir áreas boscosas. Se crearon mecanismos de acceso a la tierra que no implicaban la destrucción de los bosques, las áreas protegidas o las reservas biológicas. El primer acuerdo al que se llegó fue respetar los sistemas naturales. El otro gran concepto fue la participación de las comunidades en la conservación y en los beneficios que de esto derivaran. Entonces se pasó del reparto de tierras agrícolas al de las áreas forestales. Eso implicaba que los bosques tenían que seguir siendo conservados, pero por las comunidades.
¿Cuánta tierra se entregó?
El mecanismo más exitoso que se utilizó, y que hasta hoy se está consolidando, fue el sistema de concesiones de manejo forestal comunitario. Bajo este modelo se otorgaron 530.000 hectáreas de bosques a comunidades organizadas. Las comunidades ahora tienen territorios que varían entre 7.000 y 50.000 hectáreas para cada grupo. Ellos tienen la responsabilidad de mantener la biodiversidad, pero también el derecho a hacer cosechas sostenibles de madera y productos agrícolas.
¿Cómo funcionan las concesiones?
Cada concesión está respaldada por un plan de manejo forestal, con turno a 40 años, lo que permite sacar la madera de un bosque, producto de su crecimiento, sin reducir su capital biológico. Los niveles de extracción son muy bajos y la regeneración del bosque es total. No pueden cortar indiscriminadamente, tienen que hacer extracción y reposición selectiva de la masa forestal. Estos bosques tienen una característica especial: cumplen con la certificación del Consejo Mundial de Bosques. Es decir, tienen un sello verde que también los favorece en la comercialización.
¿Cuántas familias accedieron a esas concesiones?
Han tenido beneficio directo 20.000 familias, de 14 grupos comunitarios que tienen organizaciones de base, asociaciones civiles o cooperativas. Ellos crearon una empresa que les da servicios técnicos para manejo de bosques, industrialización y comercialización de madera. Han desarrollado un tejido social que los ha hechos capaces de transformarse.
Usted también participó en el diseño del Fondo de Tierras que se creó con los acuerdos de paz. ¿Cómo fue ese sistema?
El Fondo de Tierras tiene dos instrumentos fundamentales: el acceso a la tierra vía mecanismos de mercado y el otorgamiento de tierras del Estado a campesinos sin tierra. En el primer caso lo que se concede son créditos blandos para que adquieran predios de vocación agrícola en el mercado de tierras. En el segundo, que es el tradicional, se titulan tierras a posesionarios viejos o nuevos. En Guatemala casi todos los terrenos del Estado son de vocación forestal. A la fecha se han beneficiado 125.000 familias a través del Fondo. Guatemala tiene 11 millones de hectáreas; es un “pedacito” de Colombia.
¿Y eso realmente resolvió el problema de la tierra?
Nosotros no tuvimos reforma agraria porque la estructura de tenencia de la tierra sigue siendo la misma. Los índices de inequidad no se han modificado. Sí se dio acceso a cierta cantidad de recursos, pero la demanda es mucho mayor.
¿Qué consejos le da a Colombia?
Lo primero es que la institución encargada de la reforma agraria debe tener una reglamentación clara que asegure que los beneficiarios puedan mejorar su nivel de vida. Una cosa es dar tierras y otra es que mejore tu vida. Hay que desarrollar una serie de parámetros que aseguren que la tierra entregada tenga potencial agrícola, que corresponda a los proyectos productivos trazados, que las poblaciones puedan encajarse al mercado y reciban beneficios reales de la tierra. El Estado debe acompañar a la gente y proveer asistencia técnica y mecanismos financieros. La tierra es un medio, no un fin. El objetivo debe ser que las comunidades se transformen. Así que la idea no puede ser sólo dar un pedazo de tierra a cada quien.
¿Cuáles fueron, a su juicio, los errores cometidos por Guatemala que deben ser atendidos por Colombia?
Primero, el clientelismo político, en el que se favorece a grupos privilegiados porque apoyan tendencias políticas. Debe haber equidad en el reparto de tierras. Debe haber un análisis económico del potencial de la tierra. No sólo terrenos sino infraestructura para que esa tierra sea productiva. Hay que ir más allá del reparto de tierras y apoyar a la gente con inversiones complementarias. Otro error fue pensar que el reparto de tierras fue el fin y no el medio. Guatemala pasó por un proceso en el que repartió tierras y después las comunidades estaban más pobres que antes. Entonces vino una segunda ola de apoyo productivo.
¿Cómo se logró un acuerdo agrario sin modificar la inequidad rural?
Si bien hay un aspecto declarativo respecto a las tierras ociosas, no llegamos al reparto de tierras privadas, entonces las élites no vieron un riesgo.
¿Considera eso un error?
Fue una necesidad para poder firmar la paz.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/tierra-un-medio-no-un-fin-articulo-581103
