El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que es deplorable la actuación del ELN en un momento en el que están ad portas de iniciar una negociación con el gobierno.
“Pero, precisamente por hechos como éste y por los más de 15 mil procesos que adelanta la Fiscalía contra miembros de ese grupo guerrillero es necesario avanzar, ahora más que nunca, en ese proceso de paz“, manifestó el Fiscal en entrevista con el programa VOCES de RCN La Radio.
“Son 4.894 investigaciones por secuestros presuntamente cometidos por ELN; 930 casos de reclutamiento ilícito, 5.391 homicidios, 298 casos de desplazamiento forzado; 87 casos de violencia basada en género; 145 de infracciones al Derecho Internacional Humanitario“, detalló Montelaegre.
Ante el Diálogo Interamericano en Washington, el fiscal Montealegre ofreció detalles de la macro investigación realizada sobre el grupo subversivo del ELN por la firma externa asesora de Natalia Springer, específicamente en lo referido a los atentados contra el oleoducto Caño Limón- Coveñas.
Y en entrevista con RCN La Radio precisó que acudir con la periodista a este importante escenario académico es una forma de dar la cara ante los cuestionamientos que se han ventilado, en la opinión pública, con respecto a los millonarios contratos de la Fiscalía con la firma de Springer.
“Se han comenzado a saber los costos económicos, los daños a la infraestructura y las vidas que se han perdido por los atentados del ELN. Además, están los daños ambientales a 42 ecosistemas de especial significancia en esa zona. Estamos hablando de un grave impacto en la fauna, en la flora, en los ríos. Y 25 años después de realizados estos atentados en Caño Limón todavía estamos padeciendo los efectos, son zonas que no se han podido recuperar“, precisó el Fiscal.
Montealegre hizo referencia a que uno de los presupuestos fundamentales del marco constitucional para la paz, que rige la justicia transicional en Colombia, es el deber que tienen los insurgentes de contribuir a la reparación de las víctimas.
“Aquí estamos frente a daños de gran envergadura que no solo podemos reducir a costos en dinero. Y en el marco de la justicia restaurativa uno de los deberes que van a surgir para el ELN es el de contribuir con el restablecimiento de las condiciones ecológicas de la zona. Conexo a los daños de infraestructura estuvo la implementación de minas antipersonal en la zona, y por eso también tendrían que ayudar al desminado“, manifestó.
Acerca de las Farc
Con respecto a la justicia transicional que se adelanta para juzgar a los actores del conflicto armado, Montealegre explica que si bien es cierto que el estatuto de Roma consagra cárcel para los responsables de delitos de lesa humanidad, también les da a los países un margen de discrecionalidad para fijar sus sistemas punitivos o sancionatorios.
En tal sentido, aclara que Colombia optó por un sistema razonable que no exigirá penas privativas de libertad pero sí restricciones, que aunque no implican barrotes sí contempla sistemas de vigilancia y restricciones.
Igualmente, el Fiscal dice que no es legalmente indispensable la refrendación de los acuerdos de paz que firme el Presidente de la República en La Habana, puesto que el primer mandatario tiene un poder de negociación cuya fuente es la Constitución colombiana, con mandatos e imperativos, de tal manera que goza de una autorización legal para negociar con las Farc que no está condicionada a refrendación del pueblo.
“Otra cosa es que el Presidente, en aras de avanzar en la construcción democrática del país, haya asumido ese compromiso con la ciudadanía, pero desde el punto de vista constitucional no es necesario“, enfatizó.
El Fiscal insiste en que la constitución colombiana establece que pueden entrar en justicia transicional todos los actores del conflicto y eso incluye a la fuerza pública, de tal manera que aquellos funcionarios acusados por desapariciones forzadas, o falsos positivos, deberían poder acogerse a ese régimen penal especial. Sin embargo, Montealegre aclara que no estaría de acuerdo en que esas penas sean alternativas, por el contrario, opina que deben ser efectivas.
“Estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Santos de un cese bilateral cuanto antes, porque el Estado puede ejercer legítimamente la fuerza y eso es permitido por el DDHH, pero tiene que ser proporcionado“, señaló.
“Si estamos en una situación en la que trabajamos por el desescalamiento del conflicto, con una tregua unilateral que ya están cumpliendo las Farc, lo lógico es que lleguemos a ese cese bilateral pronto, ya es un imperativo constitucional“, declaró Montealegre.
Frente a la posibilidad de que se establezcan zonas de concentración para las Farc, en algunas zonas específicas del país, el Fiscal General explica que para que eso pueda darse se requiere de una reforma legal aprobada por el Congreso.
Esa será la vía para disponer de una ley que autorice al Presidente a solicitar a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura contra los insurgentes, tanto representantes como los miembros de la base, que suman unos 8 mil hombres.
