En cuatro semanas, el país podría estar dando fin a más de 50 años de conflicto.
"Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las Farc y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado:
El pronunciamiento lo hizo el presidente Juan Manuel Santos hace exactamente cinco meses. Hoy, Colombia está a cuatro semanas de que se cumpla ese plazo fijado por las partes en La Habana, una promesa que, por ahora para el Gobierno, es inamovible. ¿Qué falta para cumplir la meta del 23 de marzo?
Destrabar el regreso a Cuba tras crisis en La Guajira
El revuelo por la visita de jefes de la guerrilla al corregimiento Conejo, en Fonseca (La Guajira), y en la que, según el Gobierno, se violaron los protocolos no solo por la presencia de hombres armados sino por estar involucrados con los civiles, hoy sigue sin terminarse.
Lo que era una jornada pedagógica de paz con las tropas, terminó en el llamado del Gobierno para que los guerrilleros regresaran “en el menor tiempo posible” a Cuba, algo que cinco días después de la visita, no ha ocurrido.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado de trasladar a esos guerrilleros, afirmó que “continúa a la espera de que las partes lleguen a un acuerdo para llevar cabo la operación de traslado de estas personas a Cuba”.
Por ahora, los garantes del proceso de paz, representados por el canciller de Noruega, Børge Brende y el embajador de Cuba, José Luis Ponce, quienes deben coordinar el regreso de los guerrilleros a la isla, trabajan para superar este “impasse”. (Lea también: ¿Por qué el enredo con los negociadores de las Farc en La Guajira?)
El próximo ciclo de los diálogos de paz empezaría el próximo miércoles 2 de marzo, por lo que se esperaría que antes de esa fecha los guerrilleros estuvieran en La Habana.
¿Plebiscito o Asamblea Nacional Constituyente?
La recta final del proceso de paz tiene un duro pulso entre las partes. La guerrilla quiere que los acuerdos se refrenden a través de una Asamblea Nacional Constituyente, mientras que para el Gobierno es claro que esa no es una opción y que el único camino es el plebiscito.
“Es una línea roja no negociable”, dijo Santos, quien está jugado por el plebiscito por la paz, cuyo estudio está pendiente en la Corte Constitucional. (Lea también: Congreso aprobó plesbiscito y Gobierno espera 10 millones de votos)
La pregunta es si estas cuatro semanas darán tiempo a la Corte para la evaluación de ese mecanismo de refrendación. El Congreso aún no ha enviado al alto tribunal dos gacetas de ese proyecto, una de las cuales tiene el texto de conciliación del texto aprobado el pasado 3 de diciembre.
Cese el fuego y entrega de armas
Durante el histórico apretón de manos entre el presidente Santos y ‘Timochenko’ quedó implícito que el alto el fuego y la dejación de armas se harían en un plazo máximo de 60 días después de la firma del acuerdo final. Es decir, que a más tardar en mayo la guerrilla estaría desarmada, aunque por ahora se precisa un cronograma para esa ardua labor.
El plan debe establecer garantías exigidas por las partes. Unas que se han cumplido y otras que faltan por determinar. Por ejemplo, para la guerrilla era fundamental la verificación por parte de un tercero. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Celac aceptaron realizar la verificación del cese del fuego una vez terminado el conflicto.
Entre los pendientes está resolver, ¿dónde dejarán las armas? ¿Serán destruidas? ¿Serán entregadas a un tercer país? ¿Serán desactivadas? Además, los negociadores de la guerrilla señalan que la ‘dejación de armas’, como la denominan, concordará con el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, mientras que para el Gobierno es al revés.
Implementación de los acuerdos
Si bien las Farc han manifestado estar en desacuerdo con el proyecto de Acto Legislativo para la Paz, en el Congreso avanza la discusión, en su segunda vuelta, de esta iniciativa del Gobierno que contempla tres artículos para la implementación de lo que se pacte en La Habana.
El primero es el que establece una comisión legislativa especial que busca tramitar de manera acelerada los proyectos de ley y reformas constitucionales necesarias para poner en marcha los acuerdos firmados.
El segundo le da facultades al Presidente para emitir decretos con fuerza de ley, solo para temas relacionados con la paz. Y el tercer artículo crea el Fondo de Inversiones para la Paz, que concentrará el presupuesto para el posconflicto durante los próximos 20 años.
En La Habana, aún falta que las partes lleguen a un consenso sobre el mecanismo para implementar los acuerdos.
Zonas de ubicación
Otro punto importante será la delimitación de los lugares de concentración de la guerrilla: serán los puntos en los que deberán estar los guerrilleros mientras se da el proceso de dejación de armas y se define su situación jurídica.
El nudo del asunto, a parte de la presencia militar o no, es el número de zonas. Mientras el Gobierno contempla que sean entre 7 o 10, la guerrilla ha planteado un número más amplio.
Estas zonas son parte del acuerdo de justicia transicional que contempla que, bajo ciertas condiciones, los guerrilleros no paguen cárcel sino que se concentren en ciertas partes del país.
En sesiones extras, que se iniciaron la semana pasada, el Congreso discute la reforma a la Ley de Orden Público, aprobada en 1997, y que revive el artículo con las que se podrán crear zonas de concentración para la guerrilla.
Magistrados de paz
Hace falta definir la forma en que se elegirán los magistrados del Tribunal Especial para la Paz que aplicará el modelo de justicia transicional que se negoció para el posconflicto.
El inamovible en este punto es que ninguna de las dos partes podrá recomendar a las personas que lo integren.
