Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, se mostró alarmada ante los niveles de polarización e intolerancia que ha alcanzado la discusión entre los promotores del Sí y del No, a 15 días de que se vote el Plebiscito por la Paz. Lea también: La 'guerra sucia' que se tomó la campaña del plebiscito por la paz.
Advirtió que el mapa de riesgo electoral pasó de 243 a 249 municipios y denunció que este año ya llevan registro de 223 víctimas de violencia política, entre funcionarios, líderes políticos y sociales o miembros de Juntas de Acción Comunal.
A dos semanas del plebiscito, ¿cuál es balance del mapa de riesgo electoral que presenta la MOE?
Lo primero a señalar es que se incrementaron en seis los municipios en riesgo electoral, pasamos de 243 a 249, de los cuales pasamos de 53 municipios en riesgo extremo a 50, eso es una buena noticia, pues sigue siendo un universo fácil de acompañar, vigilar y proteger. Pero la mala noticia es que pasamos de 83 municipios en riesgo alto a 96, y los de riesgo bajo disminuyeron de 107 a 103.
¿Por qué estas cifras le generan preocupación?
Lo que estamos viendo es que los riesgos electorales se están concentrando en el universo más grande, que es el de 96 municipios, es decir el nivel medio. Ahora, los hechos de violencia que son los que han modificado los niveles de riesgo se están presentando en estos municipios de riesgo alto.
Esto significa que si hace un mes estábamos señalando que bastaba con hacer un fuerte acompañamiento a 53 municipios, hoy estados advirtiendo que toca hacer ese acompañamiento a 146 municipios.
¿Qué causa esa violencia?
Las causas no son claras, pero sí tenemos datos muy dicientes. En lo que vamos del año llevamos 223 víctimas de violencia política que pueden estar dirigidas a funcionarios electos, líderes políticos, líderes sociales o miembros de Juntas de Acción Comunal.
Tenemos 15 víctimas de este tipo de violencia política en municipios relacionados con las zonas veredales y transitorias, eso significa que a medida que se ha ido acercando el proceso plebiscitario, el número de víctimas allí se ha venido incrementando.
De estas 15 víctimas, tenemos 5 asesinatos, 3 en Tumaco, y uno en el que toca esperar cuál es el dictamen de las autoridades, el de Cecilia Coicué, en Corinto, pero que pareciera un mensaje muy duro hacia el corazón del proceso plebiscitario, porque es donde precisamente se iban a concentrar las Farc y a desmovilizarse en esa zona, y otro en Arauca.
¿En cuáles regiones tiene la MOE las alertas puestas por la violencia?
Nariño y Cauca están tomando una relevancia especial, y Arauca. Allí tenemos dos zonas veredales y un paro del ELN que ha tenido una incidencia fuerte en la población, que ha logrado generar temor para la movilización y acciones públicas como quemas de buses que han logrado impactar hasta Santander. También hay que mirar lo que pasa en el Catatumbo, donde en dos municipios los ciudadanos tomaron la decisión de quedarse en sus casas y es el ELN uno de los factores que señalamos de riesgo electoral.
Ahora queremos ver cuál es el efecto que tiene este paro armado, pero vamos a solicitarle públicamente al ELN que inicie un cese unilateral del fuego, respetando el acuerdo que firmaron las Farc y el Gobierno para que los ciudadanos se expresen libremente en aquellas zonas donde tienen presencia y no se repita lo que vimos en las elecciones del año pasado, que no permitieron proceso electoral en el Bajo y Medio Baudó chocoano.
¿Cuántos observadores desplegará la MOE el 2 de octubre?
Tenemos planeado desplegar dos mil observadores a nivel nacional y esperamos cubrir 30 países de los 67 donde va a haber votaciones. En el país, en Antioquia estamos mirando cubrir uno de cada tres municipios. Normalmente el cubrimiento se hace en equipos de dos personas en puestos de votación, pero es el coordinador de cada departamento el que debe armar todo el despliegue.
Usted ha planteado que le preocupa el nivel de polarización alcanzado en esta campaña del plebiscito…
Estamos viendo con muchísima tristeza los niveles de polarización e intolerancia en que estamos dando la discusión sobre un tema que pone de telón de fondo la palabra paz, independientemente de si lo estamos entendiendo en el marco de unos acuerdos con uno de los grupos armados que hay en el país… Nuestra incapacidad de argumentar verbalmente se traduce en el argumento de las armas, es decir, de la eliminación del pensamiento contrario.
Cuando vemos los resultados de nuestro seguimiento sobre violencia política y nos acercamos al proceso plebiscitario, nos vamos encontrando con que en aquellos municipios que van a tener zonas campamentarias o donde se han puesto posturas muy fuertes frente al Sí o el No se están incrementando los niveles de violencia política.
Incluso se ha observado a expresidentes tomar posiciones muy radicales…
Nos encontramos con personas de altísimo nivel, que fueron presidentes de este país, que tuvieron el manejo y decisión en materia de orden público, descalificándose en televisión, pareciendo que estuvieran poniendo problemas personales y no un tema de país en discusión y dando, por lo tanto, un pésimo ejemplo, no solo en su actuación, sino unos pésimos argumentos que no permiten incrementar el nivel de debate en la sociedad civil.
Este plebiscito no tiene por qué resolverse solo entre los opinadores de alto perfil, sino que es un tema que especialmente va a impactar zonas donde el Estado no ha hecho presencia en cabeza de estos mismos señores que hoy se están descalificando.
¿Qué análisis ha hecho la MOE de las campañas por el Sí y el No?
Nosotros señalamos los dos principales riesgos: el de la intolerancia, porque se traduce en violencia, y el de la desinformación. Este proceso plebiscitario inició con un debate en el que eran aquellos que tenían mayor acceso a la información los que interpretaban los temas de La Habana, y no estábamos sobre la verdad, sino en interpretaciones y en algunos casos hilando tan delgado que se termina llegando a conclusiones completamente falsas.
Es decir, una conclusión que termina de un ejercicio de análisis no muy riguroso es la que dice que van a tenerse 26 congresistas por parte de las Farc. Entiendo completamente la lógica de cómo se llega a esa conclusión, pero se necesitan tantos supuestos para llegar a esto, como el hombre para llegar a Venus. Cuando se presenta de esa manera tan ligera, se va quitando a los ciudadanos es el derecho a la verdad, y a tener una argumentación seria, y esa responsabilidad sí que la tienen los actores políticos.
¿Y cómo contrarrestar eso?
Hoy lo que la ciudadanía necesita es mayor claridad y la explicación de por qué se está de acuerdo o no con una postura… Colombia ni se va a encontrar en el paraíso al otro día, pero tampoco va estar inmersa en Siria al día siguiente. Aquí viene un reto muy grande, sin importar cuál es la mayoría que se tenga, porque todos los colombianos vamos a tener que meterle a la decisión final.
Pero usted también advierte que no debe haber dopaje en estas campañas, ¿qué quiere decir con eso?
Tenemos una exposición mediática muy fuerte de quienes hicieron la negociación, pero tiene que haber garantías en serio para quienes están con el No. La posibilidad de participar en política de funcionarios públicos no se tiene que convertir en un ventajismo de utilizar bienes y servicios del Estado, que son del impuesto de todos los colombianos, para apoyar una campaña. La campaña del No merece respeto.
¿Se está abusando entonces por parte del Gobierno?
Digamos que gana el Sí, tiene que ser con honor y sin dopaje, es decir sin romper el principio mínimo que tiene una democracia cuando se permite competir a sus funcionarios. Los bienes y servicios del Estado son sagrados, no entran a la contienda electoral, no se puede amenazar con ellos a los ciudadanos ni a las contrapartes.
Tienen que resguardarse para no monetizarlos a través de favores políticos que resultan de un proceso electoral, ese es el dopaje, utilizar al Estado para apalancar una campaña sobre políticas públicas, que creo que con el ejercicio de la argumentación se puede defender.
