El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los informes anuales sobre la situación de derechos humanos en Colombia que han sido presentados ante la Comisión de Derechos Humanos, ha reiterado su preocupación por las condiciones de detención en las cárceles del país y ha recomendado al Estado a que con urgencia adopte medidas para el pleno respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el marco de una política criminal acorde con los principios de un Estado Social de Derecho.
Concientes de las importantes funciones constitucionales que cumple la Procuraduría General de la Nación en el control y vigilancia a favor de los derechos de las personas privadas de libertad, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, suscribió un Convenio con la Procuraduría para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional: Derechos Humanos y Situación Carcelaria. De este proyecto también fueron contrapartes la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Este programa, que contó con la valiosa co financiación de la Unión Europea, se circunscribió dentro de las funciones de asesoría, cooperación y asistencia técnica de la OACNUDH. Las actividades estuvieron siempre encaminadas a contrarrestar la crisis continua y generalizada que el sistema penitenciario y carcelario ha venido experimentando en el país.
En la formulación del proyecto, la Oficina se propuso como objetivo general el fortalecimiento institucional de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el INPEC; y el respeto, la protección y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad.
Teniendo en cuenta que las prisiones son lugares de acceso controlado, la labor que realiza la Procuraduría General de la Nación es fundamental para visibilizar y tomar acciones tendientes a un mayor respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Después de tres años de trabajo intenso entre la Grupo de Asuntos Penitenciarios y Carcelarios, liderado por la Delegada Preventiva en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y nuestra Oficina se puede afirmar que la Procuraduría General de la Nación ha incorporado de manera estructurada el tema de prisiones en su agenda, con el propósito de que el sistema penitenciario y carcelario ponga en práctica los estándares internacionales sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.
Este fortalecimiento institucional se refleja indudablemente en el resultado que hoy nos convoca, el diseño, adopción, presentación e implementación de una política pública de la Procuraduría General de la Nación orientada a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
En este documento se recoge en una primera parte los riesgos que se identifican frente a la vida en prisión, estableciendo una guía de obstáculos o amenazas previsibles, que se pueden encontrar en el desarrollo de la función preventiva en materia de derechos humanos, propia de la Procuraduría General de la Nación.
A partir de ese proceso de reflexión sobre la realidad y complejidad penitenciaria y carcelaria, el documento establece en una segunda parte, criterios, principios y pautas de actuación institucional y formula los ejes estratégicos de la acción preventiva de la Procuraduría en materia de derechos de las personas privadas de libertad. En él se hace referencia a los retos institucionales, objetivos de la política, herramientas para conseguirlos y los procesos de gestión y acción preventiva que deben realizar todas las dependencias de la entidad.
El documento política pública de la Procuraduría General de la Nación orientada a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, constituye un punto de partida en la asimilación de un lenguaje común de reflexión, unificando la forma de visibilizar la prisión en Colombia, y los alcances de la actuación institucional que como órgano de control debe desarrollar.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 1988 el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, el documento de Política pública de la Procuraduría General de la Nación orientada a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, responde directamente al cumplimiento de estos principios, y específicamente al principio que establece que: “A fin de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos pertinentes, los lugares de detención serán visitados regularmente por personas calificadas y experimentadas nombradas por una autoridad competente distinta de la autoridad directamente encargada de la administración del lugar de detención o prisión, y dependientes de esa autoridad”.
Resulta también primordial recalcar el esfuerzo realizado en la presentación de estas políticas a las funcionarias y funcionarios de la Procuraduría encargados de la vigilancia y control sobre los lugares de reclusión del país. Este grupo de personas ubicadas en las regiones, ha respondido de manera positiva, convirtiéndose en un efectivo instrumento de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.
La demostrada trascendencia de los contenidos de este documento, así como la actitud decidida de la Procuraduría frente al tema de la protección de las personas privadas de libertad, hace que para la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sea muy grato haber contribuido en la elaboración, diseño y edición de este importante documento.
Es momento también, de reconocer públicamente el trabajo realizado por el equipo del proyecto; a la doctora Patricia Linares, Procuradora Delegada Preventiva en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos; y especialmente al equipo de Asuntos Penitenciarios y Carcelarios de esta Delegada, la doctora María Teresa Duque, Rómulo Murillo, Mariela Salamanca, Margarita Páramo y Javier Valero y al consultor de la Oficina Michael Reed Hurtado que han cumplido una labor substancial en la elaboración de la política institucional.
La adopción y puesta en práctica de los principios y pautas de actuación consignados en la política institucional, a través del desarrollo de la labor preventiva al interior de los centros de reclusión del país, depende del compromiso de los funcionarios y funcionarias de la Procuraduría General de la Nación. Es por ello que los exhortamos a implementarla para contribuir así a la mejora de la situación de los derechos de las personas privadas de libertad.
Muchas Gracias
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2006/05/po0681.pdf
