Intervención en el acto de inauguración de la Primera feria del libro Cultura de Paz y Derechos Humanos

Nos dicen los expertos en el tema que una cultura es el conjunto de las creaciones materiales e inmateriales de cierto grupo humano, integrado por una serie de elementos interdependientes cuya articulación da lugar a un sistema específico de convicciones, actitudes y comportamientos. En nuestro tiempo asistimos al contraste y al choque entre múltiples culturas de signo diverso, que emulan en presentarse como columnas del mantenimiento del orden social, como claves del equilibrio entre el ejercicio del poder y el despliegue de la libertad, y como garantías de la trascendencia temporal de las sociedades.

Algunas de esas culturas responden a los interrogantes sobre el papel del ser humano en la historia, en la naturaleza y en la sociedad con fórmulas que sin duda ignoran o menosprecian ese humanismo integral y solidario cuyos postulados inspiraron la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así ocurre, por ejemplo, con la “cultura de la muerte”, con la “cultura de la guerra” y con la “cultura de la violencia”

La “cultura de la muerte” propugna la eliminación de los débiles por los poderosos cuando así lo exige la utilidad o la conveniencia de quienes dominan y sojuzgan.

La “cultura de la guerra” se empeña en considerar el fenómeno bélico como efecto fatal, inevitable y necesario de una dura ley de la historia, como forma admisible de la acción política, como hecho ajeno al imperio de la conciencia, como medio adecuado de resolución del conflicto e, incluso, como escuela de virtudes y fuente de progreso.

La “cultura de la violencia” justifica el empleo injusto e irracional de la fuerza para acceder al gobierno, para mantener el orden público o para enfrentar fenómenos criminales como el terrorismo o la delincuencia organizada.

Por fortuna hoy, en el umbral del siglo XXI, sigue abriéndose paso en el camino terrestre de la humanidad una cultura de la paz y de los derechos humanos que promueve y defiende los principios, valores y derechos cuya realización asegura, en los órdenes internacional y nacional, la construcción de una sociedad digna del ser humano.

El 13 de septiembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, mediante la Resolución 53/243, la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz. En este documento la cultura de paz es definida como “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida” basados en:

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras;

f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;

g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres;

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información;

i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones”.

Frutos de esta cultura son los instrumentos internacionales que en las esferas del derecho de los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho penal ha adoptado la comunidad de los pueblos con el propósito de asegurar que la autonomía, la inviolabilidad y la indisponibilidad del ser humano sean universalmente respetados, protegidos y garantizados.

A la cultura de la paz y de los derechos humanos se oponen, de modo manifiesto, todas aquellas acciones y omisiones que en cualquier tiempo y lugar vulneran o amenazan la dignidad humana, ultrajan la conciencia del orbe y aun, en muchos casos, por su gravedad extrema, constituyen una amenaza clara e inminente para la paz, la seguridad, y el bienestar de la humanidad.

En el contexto de violencia y conflicto armado que desde hace varios años afronta Colombia, es necesario reiterar a menudo que la paz y los derechos humanos son dos realidades existenciales estrechamente relacionadas. Como tuve ocasión de expresarlo el 9 de agosto del año pasado, con ocasión de celebrarse el Día colombiano de los derechos humanos, sin esos derechos “no es posible alcanzar y mantener un estado de cosas dentro del cual las personas disfruten de plena autonomía para desarrollarse como tales, convivan pacíficamente unas con otras y reciban oportunamente lo que merecen o necesitan”[1].

A la relación entre la paz y los derechos humanos se refiere el Preámbulo de la Declaración Universal, en cuyo primer Considerando puede leerse:

“… La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Durante mi permanencia en Colombia he visto en muchos despachos públicos un afiche de la Defensoría del Pueblo en el que figura una sentencia breve y contundente: Sin derechos humanos no hay paz. Con estas seis palabras se nos recuerda que “la ordenada tranquilidad” a la cual se referían los textos filosóficos del mundo antiguo y de la edad media sólo puede darse a plenitud cuando ella se construye sobre los pilares de la justicia y de la solidaridad.

La Constitución Política de Colombia proclama en su artículo 22 que la paz “es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. La búsqueda de la paz constituye para los colombianos no sólo una opción protegida por el sistema jurídico nacional, sino una conducta cuya obligatoria asunción exige una norma del ordenamiento objetivo. Por lo tanto, en esa búsqueda han de aunar iniciativas y esfuerzos las autoridades y los particulares, los servidores públicos y los miembros de la sociedad civil. De esa actuación conjunta podrán surgir los prospectos que permitan poner fin al conflicto armado, lograr una satisfactoria reinserción de aquellos que empuñaron ilegalmente las armas, honrar adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y poner fundamentos sólidos a la obra de la reconciliación nacional.

Sin embargo, resulta importante recordar que el logro de la paz es inconcebible sin el reconocimiento cabal de los derechos humanos. “Para que una sociedad consiga la paz —recordaba hace algunos años Vittorino Veronesse—, es decir, para que una sociedad consiga realizarse a sí misma, son de todo punto indispensables unas condiciones objetivas y subjetivas que llamamos derechos del hombre. El eficaz respeto de estas condiciones es el auténtico y único camino hacia la paz”[2].

De otra parte, es indiscutible que sólo en sociedades pacíficas pueden las autoridades del Estado elevar a niveles óptimos sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de la persona. La guerra es siempre un caldo de cultivo para las violaciones más graves de los derechos humanos. Por ello, en el último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia se señala que la persistencia del conflicto armado es una de las principales causas de las mas graves y numerosas violaciones.

Entre las recomendaciones contenidas en el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, presentada al Consejo de Derechos Humanos en marzo del presente año, se incluye esta:

“La Alta Comisionada reafirma que el logro de la paz es un imperativo para la sociedad colombiana, por su propio valor y como medio para profundizar el respeto y la vigencia de todos los derechos humanos. Por esta razón exhorta nuevamente a avanzar en diálogos y negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales que permitan superar el conflicto armado interno y lograr una paz duradera. Reitera la necesidad de que en esos diálogos se dé prioridad a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, particularmente los derechos de las víctimas”[3].

La Alta Comisionada ha expresado su firme convicción de que el cumplimiento de la citada recomendación contribuirá a mejorar en Colombia la situación de respeto por los derechos humanos y observancia del derecho internacional humanitario.

Al felicitar a los organizadores de esta Primera feria del libro Cultura de paz y derechos humanos, me es grato formular mis mejores votos por el éxito pleno de las actividades que se cumplirán en desarrollo de su programa.

NOTAS

1 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, Mensaje del señor Juan Pablo Corlazzoli, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Día colombiano de los derechos humanos, Bogotá, 9 de septiembre de 2006.

2 VERONESSE, Vittorino, Paz y derechos humanos, Madrid, 1973.

3 NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/4/48 de 5 de marzo de 2007, párr. 115.