Intervención en la conferencia nacional sobre cooperación y derechos humanos

En nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, y de su Oficina en Colombia, agradezco a los organizadores de esta conferencia nacional la invitación a participar en sus deliberaciones. La Alta Comisionada y su Oficina observan con particular interés las actividades conjuntamente realizadas por el Estado colombiano, la sociedad civil y la comunidad internacional para examinar las realidades y las perspectivas de la cooperación internacional en el contexto de violencia y conflicto armado que se da en el país.

Dentro de ese contexto la Oficina observa que el Estado colombiano sigue afrontando importantes retos en materia de respeto y garantía de los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, observancia del derecho internacional humanitario, desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, superación de las condiciones de pobreza e inequidad, lucha contra la impunidad y protección de los grupos en situación de especial vulnerabilidad o de discriminación.

Para afrontar estos retos la Alta Comisionada ha formulado al Estado colombiano recomendaciones en materia de prevención y protección, conflicto armado interno, Estado de derecho e impunidad, políticas económicas y sociales, promoción de una cultura de derechos humanos y asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina.

La Oficina resalta el carácter positivo de las reuniones de Londres y Cartagena, en particular las declaraciones que en ellas formularon tanto los países integrantes del G-24 como los representantes de la sociedad civil. En desarrollo de estas reuniones se ha creado un espacio privilegiado de diálogo que ha tenido como eje para el tratamiento del tema de los derechos humanos las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en sus sucesivos informes sobre Colombia.

La Oficina recuerda el apoyo manifestado por la comunidad internacional al proceso Londres – Cartagena, en el marco de la declaración sobre Colombia emitida por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 21 de abril de 2005, en la que se afirmó: “La Comisión reafirma su apoyo a la Declaración de Londres de 10 de julio de 2003 y sus recomendaciones, así como a la Declaración de Cartagena aprobada el 3 de febrero de 2005. La Comisión es consciente de los avances y esfuerzos que ha hecho el Gobierno de Colombia por mantener el espíritu de la Declaración de Londres y lo alienta a seguir impulsando el proceso. La Comisión celebra los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia por entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil, y el reconocimiento del importante papel que ésta desempeña”.

La Oficina es consciente de las dificultades y de los retos que un espacio de esta naturaleza representa, ya que el Gobierno y la sociedad civil no siempre coinciden en la identificación de prioridades y en el análisis sobre la situación. Por eso la Oficina considera que el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional han sido y serán fundamentales para que en estas reuniones se adopten decisiones de manera consensuada y constructiva. Para ello la Oficina reitera su disponibilidad de acompañar y asesorar a los participantes en las materias propias de su mandato.

La Oficina valora significativamente los aportes de la sociedad civil en materia de políticas públicas, en el entendido, de que ellos representan elementos de información importante para evaluar las perspectivas de impacto en ciertos proyectos o áreas de cooperación.

También debe destacarse el compromiso de la comunidad internacional, especialmente de los países que integran el G-24, con Colombia y con los derechos humanos. Este compromiso se expresa, de manera singular, en su apoyo al cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada.

Uno de los resultados más importantes de los procesos de Londres y Cartagena ha sido el inicio de la elaboración del Plan Nacional de Acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Debe recordarse que en su informe sobre Colombia, correspondiente al año 2005, publicado, en febrero de 2006, la Alta Comisionada alentó al Gobierno a elaborar y adoptar, en concertación con amplios sectores de la sociedad civil, un Plan Nacional de Acción en derechos humanos, incluyendo un enfoque de género. La elaboración de este plan ha sido impulsada por la comunidad internacional, en particular por España y Suecia, y cuenta con la asesoría y la cooperación técnica de la Oficina.

En esta materia, la Oficina ha visto con satisfacción la puesta en marcha de la Instancia coordinadora del Plan Nacional de Acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario, cuya instalación se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2006. Con la creación de esta Instancia se da un significativo paso en el cumplimiento de la recomendación formulada a los Estados por la Conferencia Mundial de derechos humanos reunida en Viena en junio de 1993.

La Oficina confía en que la adopción de un plan nacional de acción en derechos humanos contribuya a fortalecer la democracia y el Estado de derecho, a continuar progresando en la reducción cuantitativa y cualitativa de los índices de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, a consolidar la pacífica convivencia y a lograr el imperio de un orden justo.

Cabe destacar la necesidad de fortalecer los procesos generados por Londres y Cartagena, asegurando la continuidad de la plena participación de la sociedad civil, necesaria para la identificación de las áreas prioritarias de cooperación en materia de derechos humanos. También considera importante que, paralelamente, se creen o fortalezcan los mecanismos nacionales que incentiven e impulsen la concertación entre el Gobierno, la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Asimismo, la Oficina está convencida de que el desarrollo de canales y mecanismos que hagan efectiva la participación y contribución de los distintos sectores de la sociedad civil en la construcción de políticas, programas y definición de prioridades nacionales, regionales y locales permitirá construir o profundizar, según el caso, el diálogo constructivo y debilitar o evitar crisis de confianzas que limiten su impacto.

Estos escenarios, y otros de la misma naturaleza, deben servir como una plataforma eficaz de concertación de políticas públicas, de identificación prioridades en materia de derechos humanos y de búsqueda de caminos para el logro de una paz firme y duradera. La Oficina reitera que el camino de la paz, cruza, necesariamente, por el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de la persona. La Oficina ha tomado nota de que en la Declaración de la mesa de donantes realizada en Londres, el 10 de julio de 2003, los países participantes “manifestaron estar dispuestos a prestar asistencia práctica al Gobierno de Colombia y a las Naciones Unidas en sus esfuerzos a favor de la paz e hicieron un llamamiento a todos los grupos armados ilegales para que acordaran un cese de hostilidades y participaran en un serio proceso de negociación, que hiciera posible una solución pacífica al conflicto”.

La Oficina es conciente de los esfuerzos que realizan periódicamente autoridades y sectores representativos de la sociedad civil por superar problemáticas cruciales en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, también conoce los desafíos que todavía persisten particularmente en materia de protección de derechos fundamentales como la vida de numerosas mujeres, hombres, niños y niñas y el ejercicio libre y pleno de la libertad de opinión y de expresión. En este sentido, estima importante que tanto las políticas públicas como los proyectos de cooperación se enfoquen prioritariamente en la protección de las comunidades en riesgo y de grupos sujetos a una particular vulnerabilidad o discriminación. En esta situación o categoría se encuentran las mujeres, los niños y las niñas, las personas desplazadas, los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales y sindicales, la población rural y campesina, los grupos étnicos, particularmente indígenas y afro-colombianos y los periodistas, entre otros.

La participación en el presente encuentro de diversos sectores de la sociedad civil, y en especial de aquellos que trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos en sentido amplio, es un factor significativo que llama a dar adecuada atención a la inclusión en el marco de la cooperación internacional de las necesidades de fortalecimiento de sus organizaciones. Esto con el objeto no sólo de impulsar medidas estatales para su respeto y protección sino también de profundizar la capacidad de propuesta de esas organizaciones promoviendo una mayor participación en los asuntos públicos, particularmente en materia de derechos humanos.

Adicionalmente, el país atraviesa una etapa decisiva para el Estado de Derecho y las perspectivas de una convivencia pacífica, en el marco de la justicia y la reconciliación. Más allá de los desarrollos y desenlaces de diálogos y negociaciones paz con grupos armados al margen de ley, existen retos relevantes vinculados al seguimiento del proceso de desmovilización de grupos paramilitares y al desmonte efectivo del paramilitarismo. Estos últimos dependen de los logros en materia de investigación exhaustiva de los vínculos de servidores públicos con aquellos grupos, del combate eficaz contra las nuevas manifestaciones de violencia e influencia de nuevos grupos armados ilegales, de la lucha contra la impunidad y de la adecuada atención y garantías para hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La Oficina seguirá acompañando los esfuerzos en ese sentido, con el apoyo permanente de la comunidad internacional y los países comprometidos en ayudar a Colombia en la consecución de resultados que permitan avanzar sustantivamente en el goce pleno de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.