En Sucre y en Cesar algunas víctimas hablan de supuestos ejércitos antirrestitución, pero las Fuerzas Armadas y Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, dicen que no existen como tal. Lo que no se puede desconocer es que grupos de hombres armados al servicio de las bacrim o guardaespaldas de hacendados de dudosa reputación están al acecho de las víctimas. El propio presidente Juan Manuel Santos señaló en Montería, la semana pasada, que Augusto Castro Pacheco, conocido como el Tuto Castro, y Ómar Motero Martínez, alias Codazzi, estaban detrás de uno de esos grupos.
Por los lados de la reparación económica, la situación tampoco es fácil. Algunas de las víctimas que ya han sido indemnizadas están siendo extorsionadas. Pero igual de grave es que no hay tantos recursos para reparar como se esperaba. A esa conclusión llegó la Unidad de Víctimas, en cabeza de Paula Gaviria, luego de hacer un análisis de los bienes con los que cuenta el Fondo de Reparación. Este fondo se alimenta del presupuesto de la nación, de donaciones que hasta el momento no han llegado, de dinero de quienes han sido condenados (entre ellos parapolíticos), de multas a quienes han financiado a grupos ilegales, que tampoco se han hecho efectivas, y de los pocos bienes que los desmovilizados han entregado, como lo reveló un informe de Verdad Abierta.
Muchas de las fincas o inmuebles que hoy tiene el fondo están en mal estado, solo se puede llegar a ellas en helicóptero o con acompañamiento del Ejército. Algunos tenían deudas que superaban el avalúo o siguen a nombre de testaferros. Incluso, hay unos islotes en Carimagua, que se supone son de la nación pero fueron entregados por el Bloque Centauros como propios, y cuando el río Meta se crece, desaparecen.
Vender esos bienes tampoco es fácil. Hace dos semanas un magistrado de Justicia y Paz ordenó al fondo devolver el dinero a los compradores de la Hacienda Lucitania, que tenía medidas cautelares y estaba al borde de la ruina, porque no pidieron autorización previa. Esta situación también se puede presentar en otros casos, por eso Gaviria estima que una tercera parte de los bienes que tiene el fondo no podrían ser utilizados para reparar a un número de víctimas que sigue creciendo.
Un año después de que el presidente Santos promulgó la Ley de Víctimas, es hora de apretar tuercas para que sí funcione.
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