El Gobierno emprendió este jueves una cruzada para recuperar, por la vía judicial, más de 10.000 hectáreas que los hermanos Castaño Gil (Carlos y Fidel), cerebros del paramilitarismo en Colombia, les quitaron a campesinos de Córdoba.
La primera acción en ese sentido se dio este jueves, cuando el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el ministro consejero, Luis Eduardo Garzón, instauraron ante un juez de restitución de Montería una demanda para recuperar la emblemática hacienda Santa Paula, de 1.195 hectáreas, que los Castaño arrebataron a 32 familias a través de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), fachada de los paramilitares.
«A pesar de los amedrentamientos a los reclamantes, a pesar de las incesantes coacciones a las víctimas para que desistan de la restitución, y a pesar de las amenazas, presentamos esta demanda para la recuperación y entrega a sus verdaderos dueños de la hacienda Santa Paula», subrayó Restrepo. (Vea aquí el especial multimedia Restitución de tierras, un reto con múltiples batallas).
Estos terrenos tienen un valor cercano a los 40.000 millones de pesos, y en la actualidad figuran a nombre de Gloria Inés Henao, quien, según las víctimas de la región, haría parte del grupo de «testaferros» que hoy tiene posesión de los terrenos arrebatados ilegalmente.
En los años 90, unas 32 familias fueron expulsadas de estos predios por Funpazcor, organización que en cabeza de Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los Castaño, promovió un proceso privado de reforma agraria para apropiarse de los títulos de propiedad.
«Es una fecha importante y simbólica», dijo el Ministro de Agricultura al destacar la presentación del recuso judicial, y agregó que «el Gobierno no quiere, y va a hacer todo lo posible para que las tierras adjudicadas no retornen a los campesinos como peladas», sino que, por el contrario, tengan las condiciones para desarrollar proyectos productivos.
Luis Eduardo Garzón instó a los campesinos a apoyar el proceso de restitución de tierras. «El Gobierno está empeñado en que, por primera vez, pasemos de echarles tierra encima a las víctimas a entregarles terrenos en los que puedan regresar a sus lugares de origen», recalcó.
La apuesta, en 10 mil
De acuerdo con las solicitudes de restitución recibidas en Córdoba, se cree que los Castaño arrebataron más de diez mil hectáreas a los campesinos.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, confirmó que se han recibido 1.034 reclamaciones, la mitad relacionadas con casos de despojo presuntamente perpetrados por los Castaño.
El Gobierno reconoce que la tarea no es fácil, en la medida en que, según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, «esta es una ley que pisa callos y afecta intereses inconfesables» que, en algunos casos, se reflejan en grupos armados ilegales que presionan a los campesinos para no reclamar.
«En Córdoba existen algunos focos de bandas criminales, pero la decisión es combatir a los actores violentos que conspiran contra la restitución», dijo Restrepo.
Miedo de las víctimas
Las víctimas hicieron un llamado al Gobierno para que les garantice su seguridad durante la reclamación. Una de ellas, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que, a pesar de contar con un escolta asignado por las autoridades, se debe desplazar en transporte público. «Esto nos pone en riesgo y nos deja sin garantías, por lo que si me llega a pasar algo es culpa del Estado, que no le quiere parar las suficientes bolas a esto», aseguró.
Andrés Villamizar, director de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, respondió que su despacho ya adoptó las medidas para garantizar la vida de los reclamantes de tierras, no solo en Córdoba sino en todo el país.
‘Ley de víctimas no es negociable’
El Gobierno aclaró ayer desde Montería (Córdoba) que la ley de víctimas y restitución de tierras, uno de los programas bandera del presidente Juan Manuel Santos, no será objeto de negociación en el marco de la mesa de diálogo que se instalará con la guerrilla.
La advertencia la hizo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien incluso reiteró que el Gobierno «está cumpliendo» con los objetivos de dicha norma. «La ley de víctimas y restitución de tierras no está sometida a negociaciones adicionales en ninguna mesa dentro o fuera del país», enfatizó Restrepo.
El 45% de Las Pavas son baldíos
El Incoder acaba de tomar una decisión de fondo sobre uno de los llamados casos emblemáticos de despojo de tierras en el país: la hacienda Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar. Para el Gobierno, 1.338 hectáreas de las 3.000 que hoy se disputan 123 familias campesinas y empresarios de la palma son baldíos de la Nación. Esto significa que no pueden ser reclamadas por firmas o particulares. «Sus derechos no constituían propiedad real, ya que se presentaba falsa tradición, es decir, que quienes se pretendían dueños no habían adquirido el dominio o propiedad real del predio», explicó una fuente del Incoder.
Sin embargo, Aportes San Isidro -una de las firmas reclamantes del predio- puede apelar la decisión ante el Consejo de Estado.
Sus voceros aseguran que los adquirieron legalmente a varias firmas, entre ellas una del grupo Daabón, de la familia Dávila Abondano. Solo falta que el Incoder clarifique la situación del lote El Recreo, que también está en disputa y que hace parte de Las Pavas. Por ahora, el Gobierno pidió el apoyo de las autoridades porque, en julio pasado, campesinos denunciaron que cien hombres armados les quemaron sembrados a los campesinos y buscan expulsarlos de la zona.
u.investigativa@eltiempo.com
Funpazcor, 20 años robando tierra
Nadie se explica por qué, si desde 1998 la Fiscalía encontró en un viejo parqueadero de Medellín el primer rastro de Funpazcor -fundación creada en 1991 por los Castaño para hacer su propia reforma agraria a sangre y fuego-, esta completa dos décadas robando tierra campesina.
De hecho, aunque desde el 2003 es indagada por tráfico de armas, lavado de activos y compra ilegal de tierras, en 2007 se dio el lujo de figurar como socia estratégica del Sena.
Sor Teresa Gómez, su representante, hizo negocios con el Fondo Ganadero de Córdoba, al que le vendió 100 fincas adquiridas presionando y engañando campesinos.
Gómez también figura desde 2007 como autora del asesinato de la líder de tierras Yolanda Izquierdo, una de las ocupantes de la hacienda Santa Paula. Por esa época, la mujer, hoy fugitiva, creó la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), con el objetivo de participar en el proyecto de cultivo de palma africana impulsado por ‘paras’ en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó).
Siguen las presiones
A pesar de ese turbio pasado, para el Gobierno no ha sido fácil deshacer los negocios de esta empresa de fachada del narcoparamilitarismo.
Actualmente, el ganadero Hever Alfonso Vicuña alega tener derechos sobre Santa Paula, y hasta entuteló al Gobierno por violarle el debido proceso al impedirle la defensa de los predios que, dice, adquirió de buena fe.
El ganadero compró las parcelas en 2007, después de que pasaron por al menos tres compradores.
Además, campesinos víctimas de Funpazcor están denunciando presiones para que abandonen los proceso de reclamación a cambio de 2 millones de pesos por cabeza.
«Desde que los Castaño les entregaron parcelas a los campesinos les ordenaron arrendarlas a terceros. Y uno de ellos es el ganadero Diego Sierra, señalado como despojador», dice un investigador.
De hecho, Sierra tiene vigente una orden de captura. Y Gabriela Henao Montoya, su esposa, es señalada por la Fiscalía como testaferro del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La mujer ocupa hoy unas 50 parcelas.
Según la investigación, varios de estos compradores que hicieron parte del ‘carrusel’ del despojo eran personas con antecedentes por homicidio y concierto para delinquir.
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