Ordenó devolverle a una familia de El Zulia tierras vendidas por presión de ‘los Urabeños’.
En un histórico fallo, un juez agrario de Cúcuta ordenó la restitución de tierras a víctimas de las bandas criminales. Hasta ahora solo se habían visto beneficiados de estos procesos los afectados por la guerrilla y los paramilitares.
Aunque los procesos de restitución de tierras no excluyen a las víctimas de las ‘bacrim’, este fallo es uno más que busca reconocerles derechos a los afectados por los grupos emergentes que se formaron después de la desmovilización de las autodefensas. (Lea: Jueces y magistrados abrieron el camino de la restitución por Bacrim).
De hecho, la Corte Constitucional se pronunció la semana pasada al ordenar que estas víctimas también sean objeto de reparación. La ley de víctimas solo les reconocía este derecho a los afectados por ‘paras’ y guerrillas.
La sentencia del juez agrario de Cúcuta aclaró que se falló en favor de los reclamantes porque, entre otras cosas, “comparten en este caso la condición de víctimas de desplazamiento forzado y despojo de un reducto de los grupos paramilitares que quedaron del proceso de desmovilización, conformado por las llamadas ‘bacrim’, en este caso ‘los Urabeños’ ”.
Es una sentencia emitida el 9 de mayo, que le devuelve un predio de 11 hectáreas a una familia que tuvo que abandonarlo en el 2007, cuando un grupo de hombres armados llegó hasta zona rural del municipio de El Zulia, en Norte de Santander, y luego de amenazar a sus miembros les pidieron que se fueran. Además los presionaron para vender los terrenos por un precio irrisorio.
El grupo se identificó como Bloque Urabá, que son los mismos ‘Urabeños’,quienes en principio querían obligar a sus víctimas a asistir a las reuniones, pero al ver la negativa procedieron a amenazarlas de muerte para forzarlas desplazarse de su vivienda.
Tras las constantes amenazas se vieron obligados a irse a Cúcuta. Es en esta ciudad donde, precisamente, el 20 de noviembre del 2007 se firmó la escritura pública de venta del predio de La Zulia.
El comprador, de acuerdo con la sentencia, fue una persona enviada por las mismas bandas criminales que se hizo con los terrenos por solo 4’000.000 de pesos.
“El municipio de El Zulia (Norte de Santander) ha sido escenario del conflicto armado interno vivido por toda la población de la región, marcado en gran parte por el control territorial de los grupos paramilitares de las vías de tráfico de varias formas de economía ilegal”, señala el juez en la sentencia.
Es por esta problemática por lo que el juez agrario ordenó que la Fuerza Pública acompañe el retorno de la familia desplazada, ya que no se descarta, a pesar del mejoramiento paulatino que se ha dado en la región en materia de seguridad, que se puedan presentar represalias en su contra por atreverse a reclamar su tierra.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, celebró este lunes la decisión del juez agrario de Cúcuta y dijo que las ‘bacrim’ son “verdaderos grupos ilegales surgidos tras la desmovilización de los paramilitares, con capacidad militar y organización suficiente para asolar a la población rural y urbana, y que han extendido sus acciones de extorsión, secuestro y terrorismo a lo largo y ancho de 13 departamentos”.
El Gobierno ha dicho que la restitución de tierras no se está negociando en La Habana y que por lo mismo no importa cuál sea el grupo despojador, porque este proceso debe seguir adelante y cumplirse.
Ya hay casi 5 mil reconocidas por el Gobierno
Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, le dijo anoche a EL TIEMPO que el Gobierno ya está definiendo los procedimientos para ampliar el espectro de la ley de víctimas, atendiendo la última sentencia de la Corte Constitucional. “Veníamos analizando los casos uno a uno y ahora esperamos la sentencia, para definir nuevas líneas de acción”, aseguró la funcionaria. Agregó que en todos los casos en los que se ha requerido atención humanitaria, sin importar quién es el victimario, las personas han encontrado ayuda oficial.
El año pasado, la Unidad de Víctimas analizó unas 12.000 solicitudes de reparación administrati- va entabladas por personas que declararon que fueron afectadas por las bandas. De ellas, cuando se demostró que guardaban “relación cercana y suficiente con el conflicto” y también por tutelas, fueron incluidas en los registros casi 1.300 solicitudes, que cobijan a 4.730 personas.
DANIEL VALERO
REDACCIÓN POLÍTICA
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