Crece número de personas que pide ayuda humanitaria por acciones de bandas. Van tres decisiones.
Los personeros del país, que son los encargados de recibir las denuncias en todos los pueblos; la Defensoría, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya habían advertido sobre la desprotección en la que están las víctimas de las bandas criminales.
En los últimos 5 años, la proporción de personas que llegan buscando ayuda humanitaria por cuenta de las acciones criminales de esos grupos ha venido creciendo. (Lea: Ordenan primera restitución a víctima de bandas criminales).
Un informe de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), revelado por EL TIEMPO en marzo, señala que en zonas como Nariño, Buenaventura y el norte del Valle las bandas están dejando más personas afectadas que la guerrilla.
Aunque todas logran atención humanitaria de emergencia, la ley de víctimas y restitución de tierras estableció que la reparación administrativa (sin orden judicial) solo rige para aquellos que fueron afectados por el conflicto armado.
Las víctimas de bandas no se beneficiarían, porque esos grupos no son actores del conflicto sino organizaciones netamente dedicados al delito común, en especial narcotráfico.
Aunque la distinción busca negarles cualquier tipo de reconocimiento político a los grupos nacidos tras la desmovilización ‘para’, lo cierto es que sus víctimas están sintiendo las consecuencias. Incluso, dicen los personeros, hay casos en los que la gente miente sobre el agresor para que no la saquen del registro de la reparación administrativa.
“Las víctimas de las bandas criminales son las víctimas del futuro, las que van a quedar. Y esas hoy no pueden acceder a la reparación”, cuestionó hace algunas semanas el CICR.
Y agregó: “El sufrimiento de las personas afectadas por desplazamientos, homicidios y desapariciones es el mismo, aunque la causa sea diferente. Por ello, no tiene sentido hacer distinciones entre las víctimas”.
Con la del juez de restitución de tierras son ya tres las decisiones judiciales claves que están minando la separación de víctimas. Este mes, el Consejo de Estado ordenó a la Unidad de Víctimas inscribir en el registro a medio centenar de personas que tuvieron que huir de sus casas en una comuna de Medellín, por la violencia de los ‘combos’. El desplazamiento intraurbano, precisamente, es una de las prácticas más usadas por esos grupos.
Y este viernes, la Corte Constitucional dio otro paso gigantesco en el mismo sentido. Ordenó protección para las víctimas de desplazamiento forzado “por infracción de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario”.
REDACCIÓN JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
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