Exalcaldes, exconcejales, contratistas y gente que posee varios predios aparecen en la lista que entregó el Incoder a la Fiscalía, para que se investigue si personas pudientes estarían reclamando baldíos que el Estado debe entregar, como señala la ley, a “campesinos de escasos recursos”.
Al respecto, la subgerente de Tierras Rurales del Incoder, Jhenifer Mojica, le dijo a EL HERALDO que en la actualidad están en proceso unos 32 mil trámites de adjudicación de baldíos “y en los que las autoridades encuentren que hay irregularidades, hay que tomar las correcciones necesarias y negar el trámite”.
Advirtió la funcionaria en este sentido que “los particulares que sin reunir los requisitos para solicitar baldíos, que no sean campesinos de escasos recursos, que tengan otros predios y que tengan un patrimonio mayor a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, entre otros, hacen una solicitud y firman, y ya por ese simple hecho, incurren en un delito y será la Fiscalía la encargada de investigar”.
Mojica informó que habría cerca de 500 mil hectáreas de baldíos que han sido adjudicados irregularmente en el país, con los que “tenemos que proceder a la revocatoria de las adjudicaciones y recuperarlos”.
Sobre los funcionarios del Incoder que estarían involucrados, señala que “la Fiscalía los ha venido vinculando, desde los directivos hasta el que hace levantamiento de planos, para identificar dónde fue que se cometió el fraude”.
Y acerca del caso de Alfonso Vives, condenado por recibir millonarios subsidios del AIS, que asegura que al momento de hacer la solicitud del baldío no tenía un patrimonio mayor a los mil SMLV, respondió que “la definición de quién es un campesino y quién es sujeto de reforma agraria es muy clara en la ley: se trata de una familia con una actividad agropecuaria, de escasos recursos, que necesite la tierra para mejorar su calidad de vida. Además, las fuentes de información para establecer si una persona es campesina y de escasos recursos son de múltiple origen, no solo es con el patrimonio”.
Los casos en la Costa. El exalcalde de Pueblo Nuevo Córdoba y exsecretario de Infraestructura de la actual Gobernación de ese departamento José Inés Torres Contreras aparece en la lista del Incoder pidiendo la adjudicación del predio baldío Escuela La Nevera, en Córdoba, a pesar de que es dueño de dos predios más y teniendo un patrimonio mayor al establecido por la normativa.
Luz Aurora Paz González, exconcejal de Maicao, La Guajira, solicitaría el predio El Encanto I, de 10 hectáreas, poseyendo un patrimonio que rebasa lo determinado por la ley, apareciendo registrada en la Cámara de Comercio de La Guajira como Gerente de Provisiones BJ y teniendo de ocupación fisioterapeuta.
Pidiendo el baldío El Edén, en el Cesar, aparece Nelsy María Calderón, a pesar de que su patrimonio es muy superior al permitido, siendo dueña de otros dos predios y apareciendo en el listado de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas con el establecimiento Estación de Servicio Las Acacias, ubicada en La Gloria, Cesar.
El representante legal del Autocentro Los Remedios, ubicado en La Guajira, Luis Cedeño Ruiz, estaría pidiendo el predio Lote Urbano en La Guajira, teniendo un patrimonio más alto del establecido por la ley y poseyendo otros dos predios.
En el Atlántico, Julio Álvarez Vega habría solicitado el baldío Villa Alejandra, de 11 hectáreas, con un patrimonio por encima del tope y apareciendo, además, como el titular de un contrato de concesión para la explotación y exploración de un yacimiento de carbón en La Paz y Codazzi, Cesar, sobre el que el Servicio Geológico Colombiano, mediante Resolución 033 de marzo 7 de 2012, resuelve su caducidad.
El abogado Alfredo Peralta Carrillo habría solicitado el predio La Piedra, de 98 hectáreas, en La Guajira, teniendo un patrimonio más alto que el permitido por la norma, poseyendo otro predio más y a quien, según el Incoder, el Servicio Geológico Colombiano, el 7 de julio de 2011, resolvió sancionarle la licencia.
En el Magdalena, Jorge Rada Sierra estaría pidiendo el baldío Las Delicias, de 14 hectáreas, poseyendo un patrimonio mayor al exigido, teniendo como actividad la ingeniería y estando relacionado en contratos con la Aeronáutica Civil y la Gobernación del Cesar.
Siendo dueño de 10 predios, teniendo como ocupación la venta de víveres, rancho y licores en Santa Marta y un patrimonio más alto que el señalado, Agustín Roldán Jiménez pediría la adjudicación del predio Villa Paola, de 23 hectáreas, en el Magdalena.
Ana San Juan, representante legal del hotel Hukumeizi, situado en Dibulla, La Guajira, y teniendo un patrimonio bastante más alto que el señalado por la ley, estaría reclamando el baldío La Cascada, de 5 hectáreas, en La Guajira.
En el Cesar, Ana Isabel Aldana habría solicitado el predio La Esperanza, de 18 hectáreas, teniendo un patrimonio por encima del monto legal y, sobre todo, poseyendo cuatro predios ya.
José Gómez Campo solicitaría en el Magdalena el predio Génesis y, sin embargo, tiene ya tres predios y un patrimonio más alto que el determinado.
A pesar de que su actividad económica sería la de venta de papelería y textiles y de tener, además, un patrimonio que rebasa el señalado, Jorge Gómez Rosso habría solicitado el predio El Mirador en el Atlántico.
En el Magdalena, Jaime González Zamora habría pedido el baldío Villa Mary II, no obstante a que su patrimonio es superior al señalado y es dueño de dos predios más.
Alfredo Reina Triana habría pedido el predio Iguazú, de 68 hectáreas, en el Magdalena, a pesar de que su patrimonio es mayor al que dispone la medida y siendo su actividad, según el Incoder, la de gerente comercial.
Martín Rosado Urrea estaría reclamando el baldío Villa Athina, de 10 hectáreas, en el Cesar, a pesar de poseer un patrimonio mayor al indicado y, según el Incoder, estando relacionado con Dun&Bradstreet, compañía que suministra información de empresas.
Ana Lucía Valero, no obstante a que su patrimonio es mayor al señalado por la ley y, según el Incoder, estando relacionada con Dun&Bradstreet, estaría reclamando el predio San José I, de 36 hectáreas, en el Cesar.
Y teniendo patrimonios por encima del establecido, figuran en la lista del Incoder Manuela Josefina Delúquez, quien estaría solicitando el predio El Potrillo, de 6 hectáreas, en La Guajira; María Elsy Figueredo, reclamando el predio Doña Ana II, de 10 hectáreas, en el Atlántico y Alcides Carrasquilla Pereira, solicitando el baldío Villa Sandra, de 10 hectáreas, en Bolívar.
Por Unidad Investigativa
