¿Simplificando con baldíos?

El 30 de marzo de 2004 se constituyó en Bogotá la empresa Cargill Trading Colombia Ltda., con el objeto de importar y exportar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de productos agrícolas y alimenticios. Un año después, con socios y gerentes afines, se radicó en la Cámara de Comercio de Bogotá la Sociedad Comercial Black River Colombia S.A.S., creada para la prestación de servicios de apoyo y operaciones de carácter financiero. La unión de estas dos iniciativas le dio vida a un proyecto de compra de tierras en la Orinoquia que hoy es objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos baldíos.
 

Detrás de esta operación, según denuncias formuladas por los congresistas del Polo Democrático Jorge Robledo y Wilson Arias, estuvo la multinacional estadounidense Cargill, una empresa creada en 1865 en Minnesota, con un extenso expediente de conflictos en diversos países en los que ha extendido sus negocios de alimentos e insumos agrícolas. En el contexto colombiano, su expansión quedó enmarcada en el propósito de convertir la altillanura, última frontera agrícola del país, en una zona de producción económica masiva, como lo fue en el pasado reciente el proyecto de El Cerrado en Brasil.
 

En esa medida se dio un paso más. En enero de 2010 nació la firma Colombia Agro S.A.S., que, según certificación del Ministerio del Interior, hoy desarrolla un proyecto de producción de cereales y granos a través de 43 predios ubicados en los municipios de Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera, en el departamento del Vichada. El dilema ahora es que al parecer 29 de esas propiedades, que suman 39.759 hectáreas, antes de integrar el proyecto Colombia Agro eran tierras baldías adjudicadas a campesinos y, según la Ley 160 de 1994, no podían ser adquiridas para su acumulación por una misma persona.
 

Lo que se dice ahora, según quedó documentado en un informe enviado a la contralora Sandra Morelli, es que esta “feria de baldíos” fue posible a través de la creación de al menos 25 sociedades anónimas simplificadas, cada una de las cuales adquirió un predio para poder cumplir con las normas legales, y así garantizar una sola propiedad. Este mecanismo, ya conocido en los debates políticos de los congresistas Robledo y Arias como el “modelo Riopaila”, concretó una operación con nombres afines entre sus directivos, el mismo domicilio en Bogotá e idéntica actividad económica: cultivo de cereales, legumbres y semillas oleaginosas.
 

Según la información documentada, la estrategia fue crear las tres empresas, Cargill Trading Colombia Ltda., Black River Colombia S.A. y Colombia Agro S.A.S., más una cuarta para comercializar la producción: Cargill de Colombia Ltda. Las otras 17 empresas quedaron subordinadas a estas y poco a poco fueron sirviendo como plataforma para consolidar el gran negocio. Con una particularidad: en algunos casos estas sociedades les compraron predios a los campesinos por exiguos valores, y menos de un mes después las negociaron a costos altamente superiores a otras de las firmas simplificadas.
 

Por ejemplo, el 20 de enero de 2012, la empresa Puerto Bello S.A. le compró a Jairo Torres Arango el predio La Perla, de 1.300 hectáreas, por $10 millones.
Un mes después, la firma compradora vendió el mismo bien a la empresa La Perla Vichada S.A.S., del grupo Cargill, con una novedad: recibió $2.861 millones, es decir, 286 veces más de lo que le pagaron al campesino que negoció su baldío. Lo curioso del asunto es que la misma operación se realizó con el predio El Boralito, de 1.406 hectáreas. La comercializadora Torres Marulanda S.A.S. le pagó $10 millones a Jairo Torres, y un mes después El Boralito Vichada S.A. pagó por el mismo predio $3.094 millones, 309 veces más.
 

Tanto en el caso de La Perla como en el de El Boralito, ambos ubicados en el municipio de La Primavera, los negocios se formalizaron en la Notaría Segunda de Villavicencio y luego en la Notaría 16 de Bogotá. Lo mismo que sucedió con el predio Aguazul, que el 20 de enero de 2012 pasó de las manos de María Helena Torres de Llanos, quien lo había recibido como adjudicación de un baldío, a las de Inversiones Torreoriente S.A.S., por $10 millones. El 27 de febrero del mismo año, exactamente como ocurrió con el negocio de El Boralito, la empresa Aguazul Vichada S.A.S. pagó por el inmueble $3.139 millones, 313 veces más de lo que le pagaron a la adjudicataria del baldío.
 

Otro ejemplo que ilustra esta extraña situación también integra tres predios: Pato Loco, Las Lagunas y El Arbolito, todos inicialmente baldíos adjudicados a campesinos. En el caso del Pato Loco, de 1.292 hectáreas, entre 1991 y 2011 fue negociado por varias personas con precios que no superaron los $40 millones. El 15 de febrero de 2012 la firma Pato Loco Vichada S.A.S. les compró a las cuatro sociedades que habían adquirido el bien y pagó $2.585 millones. El negocio se escrituró en la Notaría Cuarta de Villavicencio, intervenida cuatro meses después por la Superintendencia de Notariado.
 

Idéntica operación se repitió en el predio El Arbolito, de 1.056 hectáreas: entre 1992 y 2011 pasó por diferentes dueños y no costó más de $40 millones. En febrero de 2012, cuando ya era de cuatro sociedades simplificadas, apareció una mayor llamada El Arbolito Vichada S.A.S. y pagó $2.112 millones. La misma fecha —15 de febrero de 2012 y la misma notaría— en que la sociedad Las Lagunas Vichada S.A.S. pagó $2.670 millones por un predio del mismo nombre que entre 1991 y 2011 nunca costó más de $40 millones. Los tres predios contiguos en el municipio de La Primavera engrosaron un sólo bien.
 

La coincidencia entre este caso y los señalamientos a la empresa Riopaila y las 27 sociedades que compraron tierras baldías en Vichada en 2010, necesariamente condujo a los congresistas Robledo y Arias a pensar en un nombre: el abogado de la firma Brigard & Urrutia, Francisco Uribe. En la página de internet del bufete de abogados, en el acápite referente a casos exitosos del referido profesional, podía leerse hasta la semana anterior: “Black River – Colombia Agro, transacción: proyecto agroindustrial 2011”. El Espectador quiso conocer la versión de la empresa y la respuesta fue: “Preferimos no hacer comentarios a los medios”.