En el Congreso hay cinco proyectos de ley para repensar y reglamentar la adjudicación de baldíos y la inversión en el campo por nacionales y extranjeros.
La renuncia del embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia —que se conoció ayer a través de la carta que le dirigió al presidente Juan Manuel Santos, en la que dijo no querer perjudicar al Gobierno y al país (ver nota arriba)— reavivó un debate que promete ser de grandes dimensiones: la propuesta del Ejecutivo es ajustar el modelo agrario del país, a través de la modificación del uso y la propiedad de los baldíos para así darles seguridad jurídica a los empresarios nacionales y extranjeros que han invertido o quieren invertir en grandes proyectos agroindustriales.
Una iniciativa que en reiteradas intervenciones ha anunciado el jefe de Estado. El lunes, en las riberas del Orinoco, en Puerto Carreño (Vichada), el mandatario dijo que esta región (la Orinoquia —que el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo catalogó en su momento como la última gran frontera agrícola del país— necesita “mucha inversión, infraestructura y seguridad jurídica”. Y ayer, durante su discurso en Medellín, en la inauguración de Colombiamoda, el primer mandatario defendió al exembajador Urrutia diciendo que este insistió en su renuncia para “evitar perjudicar al Gobierno por quienes quieren politizar un bienvenido debate sobre el futuro del modelo agrícola que requiere la nación”.
Una discusión que tendrá sus propios capítulos en la recién iniciada legislatura. Al menos cuatro proyectos de ley tienen relación con el episodio del embajador Urrutia y la idea de ajustar el modelo agrario del país: el proyecto de ley de baldíos nacionales, que enérgicamente está impulsando el Gobierno (ver nota adjunta) y la ley que objetó el Ejecutivo sobre baldíos para familias pobres y que deberá volver al estudio del Congreso.
Están también una ley estatutaria que anunció el presidente del Partido Liberal y representante a la Cámara Simón Gaviria, para establecer reglas de juego especiales para la inversión en la Orinoquia; el proyecto de ley de extranjerización de la tierra que reglamenta esta inversión en el campo y pasa a segundo debate en plenaria del Senado. Y aunque no tiene nada que ver con lo agrario, el Mira quiere impulsar una ley para que el nombramiento de embajadores pase por el Congreso, la cual ya es conocida como “ley Urrutia”.
Lo cierto es que la discusión apenas empieza, pero la polarización ya arde. Para el senador Jorge Enrique Robledo y el representante a la Cámara Wilson Arias, del Polo Democrático, el problema no está en repensar el modelo agrario, sino en la violación de la ley vigente antes de que el debate surta los trámites y sea o no aceptado.
Para los dos congresistas, quienes precisamente fueron los que denunciaron la acumulación de baldíos por parte de empresas como Riopaila y Cargil —con la asesoría de la firma de abogados Brigard y Urrutia (que presidió Carlos Urrutia antes de ser embajador)—, la Ley 160 de 1994 es clara y señala que nadie puede acumular terrenos superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF) en predios que hubiesen sido adjudicados como baldíos. La razón jurídica es que esta tierra del Estado tiene un carácter social y debe ser destinada esencialmente a campesinos sin tierra.
Por su parte, Simón Gaviria, quien respaldó la renuncia de Urrutia, planteó que el incidente del embajador demuestra la necesidad de ver la Orinoquia de una forma diferente al resto del país. “Con las normas con las cuales hacemos agricultura en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero no podemos trabajar en esta región de manera sostenible. Por eso hemos querido plantear la necesidad de una ley estatutaria especial para la Orinoquia, entendiendo que su naturaleza es diferente al resto del país”, dijo Gaviria.
Mientras tanto, el tema social y medioambiental de las implicaciones que tendría cambiar el modelo agrícola en Colombia, pensando en la expansión de cultivos agroindustriales en la Orinoquia, todavía tiene mucha tela por cortar. La directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, ha sido clara en señalar que esta región no es un lienzo blanco.
De acuerdo con Baptiste, se ha vendido la idea de que el llano colombiano se puede transformar como el cerrado brasileño, porque la tierra es parecida: ácida. Pero se desconoce que tiene unas particularidades únicas que hay que tener en cuenta. “El desarrollo no puede ser suicida y no se puede dejar en manos del mercado la planificación y el ordenamiento territorial de esta región”, expresó.
Ayer mismo, refiriéndose a la renuncia de Urrutia, la canciller María Ángela Holguín reconoció también que “el país entero tiene un debate que es muy importante, el de las tierras, y el tema del embajador estaba haciendo un ruido que no era para nada propicio”. Una discusión que, lo ha dicho el Gobierno y lo replican en el Capitolio, debe darse de cara al país y que desde ya anuncia polémica y posiciones encontradas, con inminentes efectos en la mesa de diálogos de paz con las Farc en La Habana, donde, como se sabe, el tema agrario es fundamental y aún tiene cosas por resolverse.
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Por: Natalia Herrera Durán
