‘Fiscalía trabaja en contrarrestar acciones violentas’: Unidad de Restitución.
Los problemas de seguridad para los reclamantes de tierras es hoy el principal inconveniente que enfrenta la Ley de Víctimas.
Así lo planteó el martes Human Rights Watch en el informe ‘El riesgo de volver a casa’, según el cual las amenazas, los ataques y el desplazamiento pueden afectar “la iniciativa más importante en materia de derechos humanos del presidente Santos”.
El informe establece que buena parte del problema radica en que los abusos contra familias que quieren recuperar sus predios casi siempre quedan impunes, “al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras”.
En los casos en que ha habido restitución, por temor, las personas no han regresado a sus fincas. Asegura que solo una familia lo ha hecho.
“A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco planteó la necesidad de que haya más resultados en las investigaciones y sugiere mayor coordinación entre la Fiscalía y la Unidad de Restitución de Tierras en la búsqueda de fórmulas para que los violentos no pongan en riesgo la implementación de la ley.
“Si hay condenas, si hay cargos contra los que amenazan, pues eso genera confianza y las víctimas pueden volver tranquilamente”, dijo.
Según HRW, la Fiscalía tiene alrededor de 17.000 procesos por desplazamiento, pero solo hay 28 condenas, y que aunque hay 6 millones de hectáreas despojadas, únicamente se registran tres condenas por ese delito.
La cifras de la Unidad de Restitución indican que ya van 233 sentencias, que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hectáreas, y que el 66 por ciento de los beneficiarios han retornado a sus predios.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, dijo que hay que entender que el proceso de restitución se adelanta en medio de la guerra y aseguró que ya se trabaja con la Fiscalía para contrarrestar las acciones de quienes se oponen el proceso.
Para Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, el informe reconoce lo que se ha logrado y aseguró que sobre todo en materia de justicia hay más avances de los que la ONG registra.
La HRW señala que las amenazas y los ataques contra reclamantes son autoría, principalmente, de las bandas criminales y que las Farc también son responsables.
REDACCIÓN JUSTICIA
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