No solamente los reclamantes de tierras están preocupados con el aumento en las amenazas y la falta de medidas de protección, sino también sus abogados. Como contó esta mañana Santiago Villa en su columna de El Espectador, acaban de reducirle el esquema de seguridad a la abogada que lleva dos de los casos más emblemáticos de restitución de tierras en el Cesar -de predios de campesinos desplazados que hoy están en manos de las mineras Drummond y Prodeco- y también otro par de casos de falsos positivos.
Lo que Villa no mencionó es que la última evaluación que le hizo a Ludys Pedraza el Comité de Evaluación de Riesgo Recomendación de Medidas (Cerrem) el 20 de septiembre pasado arrojó de nuevo un nivel de “riesgo extraordinario”. A pesar de eso, la Unidad Nacional de Protección que dirige Andrés Villamizar le quitó la camioneta y uno de los escoltas que la protegen, dejándole otro escolta y el chaleco antibalas.
Pedraza tiene bajo su ala varios casos muy sensibles en Cesar. En primer lugar, representa a varias de las familias que se tuvieron que desplazar de El Prado y Mechoacán, dos predios en La Jagua de Ibirico que después del despojo por parte del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC terminaron en manos de las empresas carboneras Prodeco y Drummond, respectivamente.
En Mechoacán, al menos una veintena de familias tuvieron que salir desplazadas desde 1999 y sobre todo tras el asesinato en 2004 de Luis Trespalacio Herrera, presidente de la junta de acción comunal, a manos de los paras.
Varias de esas parcelas fueron luego compradas por segundos mediante argucias jurídicas -con la complicidad del Incoder y la notaría de Chiriguaná- como falsificaciones en las firmas e incluso firmas de personas que estaban muertas, como comprobó después la Fiscalía. Esas tierras fueron vendidas luego a la multinacional estadounidense Drummond, que tiene en la zona sus dos proyectos mineros.
Algo similar ocurrió en El Prado, un predio que el antiguo Incora compró a finales de los años noventa para reasentar a 51 familias que venían de la Serranía del Perijá. Al igual que en Mechoacán, los paramilitares asesinaron a cinco parceleros y crearon un ambiente de zozobra que terminó con el desplazamiento de casi todas las familias.
Posteriormente el Incoder declaró esos predios como abandonados y se los cedió a segundos, que a su vez se los vendieron a la minera Prodeco, propiedad de la multinacional suiza Glencore Xstrata. La Corte Suprema de Justicia ordenó en 2012 la devolución de estas parcelas a sus propietarios originales, cosa que a la fecha no ha sucedido.
La Unidad de Protección le precisó a La Silla que un esquema de seguridad de chaleco y escolta encaja dentro del nivel de riesgo extraordinario y que las medidas de seguridad se van ajustando a medida que varían los puntajes de riesgo o el uso que se hace de éstas. Sin embargo, nos confirmó que está al tanto del caso y que lo está revisando.
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