Desde la implementación de la Ley 1448 de 2011, han sido restituidas 18 personas a través de 15 fallos y en estos momentos 118 solicitudes de reclamación están en trámite ante jueces y magistrados. Líderes de tierras dicen que aún existen muchas falencias en este proceso y alegan falta de garantías.
Dos campesinas viven las dos caras de la moneda de la restitución de tierras en el Cesar. A Cecilia*, una mujer de 72 años, le entregaron su parcela en la vereda El Labrador, municipio El Copey, con la promesa de que pronto será beneficiaria de proyectos productivos que la ayudarán a recuperar la finca, que abandonó en 2001 después de que un grupo de paramilitares le robó el ganado. Ella recobró la esperanza de retornar al lugar de donde salió desplazada por causa del conflicto armado.
El panorama es diferente para Julia*, quien no ha podido regresar a su finca de 19 hectáreas en la parcelación Santa Isabel, del corregimiento de Llerasca, en Codazzi, a pesar de que un fallo la favorece desde julio de 2013. En cuatro oportunidades ha ido a recibir su tierra, pero fallas en los protocolos de entrega por parte de la Unidad de la Unidad de Restitución de Tierras del Cesar y la presión de los opositores que la amenazan, incluso en presencia de funcionarios y autoridades, han impedido su retorno.
Estos dos casos ejemplifican lo que sucede en el Cesar, el tercer departamento con más reclamaciones de tierras en el país. (Ver ‘Tanto foro y nada que nos restituyen’).
Uno de los líderes de tierras de la parcelación El Toco en el municipio de San Diego, norte del Cesar, dijo a VerdadAbierta.com que de las 55 parcelas que están en reclamación, solo han hecho tres restituciones y cuatro compensaciones, es decir, otorgamiento de tierras en una zona distinta a la de donde ocurrió el despojo. (Ver El Toco, la historia de una reforma agria).
“Llevamos tres años de estar microfocalizados y realmente solo han hecho dos restituciones, que son la parcela 43 y 53, porque la 16 lo que hicieron fue darle los documentos porque la dueña vivía ahí, ella regresó sola sin la ayuda de nadie”, dice el vocero de la comunidad, que pidió la reserva del nombre.
Este líder, que también espera su fallo, cuestiona las compensaciones. De las cuatro que se han efectuado, solo dos familias se han ido a vivir a la nueva tierra que le dieron en la finca La Argentina, en Aguachica, sur del departamento, y las otras dos están inconformes porque lo que dice el fallo no lo ven en la realidad. “A uno de los compensados le restituyeron 27 hectáreas y cuando midió la parcela para verificar la extensión, se encontró con que solo hay 21 hectáreas. ¿Y las otras seis hectáreas que se hicieron?”, se pregunta.
Campesinos beneficiados con la compensación en La Argentina aseguran que esta alternativa no ha sido efectiva: “la tierra no es igual a la que teníamos en San Diego: mientras en El Toco estábamos en la terraza agrícola del Cesar, allá en Aguachica son tierras quebradas, esa finca está en la falda de un cerro”, afirma uno de los labriegos.
El líder de El Toco advierte también que a las tres familias que le han restituido a través de fallos, les demoraron diez meses para entregarles los proyectos productivos.
Otro parcelero que espera con ansiedad la restitución de su parcela reconoce que la tarea no es fácil, “pero tampoco deben jugar así con nosotros”, y afirma que por culpa del conflicto armado se convirtieron en unos campesinos en la ciudad que deben trabajar en cualquier oficio, mientras tienen una tierra que los espera.
¿Sin enfoque de género?
En El Copey, un municipio que, en su totalidad, está microfocalizado, es decir señalado para adelantar allí la restitución por la dimensión del conflicto armado que padecieron y que cuenta con más de 300 reclamaciones de restitución, una líder se queja ante VerdadAbierta.com porque hay un gran número de mujeres cabeza de hogar que esperan su tierra y el primer fallo que salió benefició a un hombre. (Ver El Copey: tierra de desapariciones, despojo y muerte).
“Aquí deben aplicar el enfoque diferencial del que habla la Ley 1448”, dice esta líder, aunque reconoce que un segundo fallo de restitución sí cobijó a una mujer, Cecilia, quien salió de la zona rural de este municipio ante la arremetida paramilitar que en ese momento dejó 28 muertos y un desplazamiento masivo que, según los registros, afectó a por lo menos 1.186 personas.
En el momento de la entrega del predio a esta mujer, que tuvo lugar en julio pasado, funcionarios de la Unidad de Tierras indicaron que “la restitución no llega sola. A la beneficiaria de esta política de Estado le esperan proyectos productivos, subsidio de vivienda, alivio de pasivos y otras ayudas que le permitirán volver al campo en condiciones dignas”.
También dijeron que existe una ventanilla preferencial que le da prioridad al estudio de los casos presentados por mujeres cabeza de familia y cuentan con profesionales en temas de género que permiten un mejor entendimiento de las particularidades de este enfoque diferencial.
No obstante, ese enfoque de género no ha beneficiado a Julia. Ella hace parte del grupo de nueve parceleros que solicitaron restitución de sus tierras en Santa Isabel, una finca que el Incora les tituló a 54 familias en la década de los noventa. Su ubicación en las estribaciones de la Serranía del Perijá los hizo presa fácil del conflicto armado entre guerrilla y paramilitares.
Julia era integrante de la Junta de Acción Comunal y cuando escuchó los rumores de que había llegado un grupo de paramilitares a la zona preguntando por los miembros de la Junta, decidió abandonar su predio y salir de la región.
“Yo me fui en 1995, cuando apenas estaban llegando los paramilitares, ellos entraban de noche y caminaban por las parcelas, yo no esperé a que me amenazaran. Fue cuando apareció un señor del pueblo (Llerasca) y me ofreció diez millones de pesos por la finca, sabía que no era su valor, pero los tomé. Él me dijo, si te sirven, cógelos”.
Julia vendió su finca por miedo a ser víctima de los paramilitares y aunque la persona a la que se la vendió la mataron ellos en plena plaza de Llerasca, sus hijos se convirtieron en los opositores que hoy no la han dejado regresar a la parcela que, según ella, es privilegiada porque tiene dos fuentes de agua, un río y un manantial que nunca se seca.
Esta mujer que se desplazó a Bogotá, donde trabajaba en servicios domésticos, lo dejó todo en la capital cuando, hace un año, le informaron que ya había salido el fallo que le restituía su predio, el primero del grupo de los nueve y el único hasta ahora.
Ella cuenta que en julio de 2013 fue emitida la decisión y pidió que la llamaran cuando todo estuviera listo para su restitución. Así sucedió. A finales de agosto de ese mismo año, recibió una llamada de un juzgado de Codazzi informándole que el 13 de septiembre le entregarían la parcela.
Por tal razón renunció a su trabajo en Bogotá, entregó la casa que habitaba y vendió muchos de sus enseres, dispuesta a hacer una nueva vida en su tierra natal. Ese día fue con el Juez y su secretaria hasta su finca, pero en el grupo no había ningún miembro de la Unidad de Tierras ni de la Policía. En el sitio firmó un documento.
Funcionarios de la Unidad de Restitución le informaron telefónicamente a Julia que esa no era una entrega, sino una inspección para saber si el predio estaba desocupado o no. En esa ocasión, la mujer pagó de su bolsillo el carro que transportó a los funcionarios judiciales a la diligencia.
Ella siguió esperando el día de la restitución, que tuvo luz verde en el mes de abril de este año. “Me llamaron para la entrega, pero cuando llegamos había ganado del opositor dentro de la parcela, porque ellos lo metían en la mañana y lo sacaban en la tarde, ese día tampoco recibí nada porque no había en la delegación institucional un secuestre”, recuerda Julia.
Para el 21 de mayo programaron otra entrega, esa vez sí llevaron un secuestre, pero cuando los opositores que viven cerca del predio se dieron cuenta que iban a subir el ganado a un camión, llegaron e insultaron a todas las autoridades presentes en el predio y de nuevo se frustró la restitución.
Según cuenta Julia, “los opositores, que son los hijos del señor al que le vendí, me dijeron que me iban a mochar la cabeza y que para que yo trabajara ahí en la finca tenía que estar todo el tiempo con la policía, porque si iba sola me mataban. Yo lo denuncié por amenazas, incluso la directora de tierras de ese momento, que ya renunció, pidió protección por esas amenazas”.
Lo más curioso del caso es que a esta mujer, cabeza de hogar, le aprobaron el pasado 7 de julio el proyecto productivo que ordenó el fallo de tierras del Tribunal Superior en Cartagena; además, le giraron recursos para comprar novillas de vientre y una vaca parida, gallinas, herramientas, insumos y todo lo que necesita para sembrar yuca y maíz en su predio.
“Recibí esa plata y cada vez que voy a trabajar, llegan los opositores y me amenazan, me dicen que lo haga, me lo desbarataban, denuncia Julia.
Todos estos intentos de retorno han sido onerosos para ella, pues cada vez cada vez que va a su parcela debe pagar el transporte, la alimentación y el jornal de los trabajadores con los que ha intentado limpiar el predio, que está deshabitado e invadido de rastrojo.
“Ya tres veces me ha tocado salir corriendo, la última vez fuimos con la policía y también tuvimos que salir. Después de eso hubo una reunión de entidades y me dijeron que no fuera más hasta que hicieran una nueva entrega, la programaron para el 13 de agosto, porque en la que hicieron en mayo no estuvieron presentes todas las entidades que ordena la ley”, cuenta Julia.
VerdadAbierta.com contactó a la reclamante de tierra para saber qué había pasado ese día y la noticia fue, nuevamente, negativa: “no me entregaron nada porque los opositores tenían preparada una asonada”. Y su situación no es nada fácil: “yo me estoy malgastando la plata que me dieron para el proyecto productivo, he pasado todo un año sin trabajar, en la casa que vivo en Codazzi me han cortado la luz, apenas si puedo conseguir para comer y pagar el arriendo”.
La situación de esta mujer reclamante es crítica. No tiene la tierra, pero si tiene amenazas, le han hecho estudios de riesgo y aún no sabe los resultados de parte de la Unidad Nacional de Protección. La experiencia vivida este año ha hecho que Julia no quiera regresar a la tierra porque siente miedo.
“Estoy rodeado de opositores, nadie me da referencias buenas de ellos, son demasiados riesgos, más desde el día en que uno de ellos me gritó que sabía dónde vivían mi papá y mi mamá, y nosotros, y para un buen entendedor pocas palabras”, se lamenta la mujer. (Ver En Codazzi no se puede trabajar por las víctimas).
Sin cabeza visible
Desde junio pasado, la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar y La Guajira no tienen en la actualidad un director nombrado en propiedad. La última en ocupar ese cargo fue Kety Montes Herazo, quien estuvo allí por menos de un año, fue denunciada por acoso laboral y renunció.
Pero el problema va más allá. En la región circularon pasquines en los que advertían que en esta territorial trabajaban personas relacionadas con victimarios. Si bien se trata de anónimos que no respaldan sus señalamientos, han tenido efecto entre los reclamantes. Uno de ellos le dijo a VerdadAbierta.com que “hoy vemos a la Unidad de Tierras con desconfianza, uno no puede hablar mucho porque no sabe quién está delante de uno, no vemos transparencia”. (Ver En Cesar 94 procesos de restitución de tierras esperan fallo).
Mientras todo esto sucede, la Unidad en el Cesar anunció que fue solicitada la restitución de un predio de 118 hectáreas en la vereda El Zorro, municipio de Becerril, ante los jueces especializados en Valledupar, tierra despojada a finales de la década del noventa por Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, uno de los hombres fuertes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Los dueños abandonaron el predio en 1999 debido a la presión de paramilitares que le pedían su finca para que sus comandantes durmieran allí. Luego fueron declarados objetivo militar, razón por la cual se vio obligado a venderlo a una sociedad llamada Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda, de la que era gerente y socio alias ‘Comandante Barbie’.
“Con esta demanda avanza el proceso de recuperación de predios despojados por los paramilitares en el norte del Cesar”, dice en un comunicado oficial la Unidad de Restitución de Tierras.
Hasta el momento, en el Cesar se contabilizan 15 sentencias, que han favorecido a 18 personas; además, se tramitan 118 solicitudes ante los juzgados especiales de restitución de tierras. Como lo dijera un líder campesino, “la tarea no es fácil”.
(*) Los nombres fueron modificados y suprimidos por razones de seguridad
