Aunque desde abril del 2013 fueron devueltas a sus dueños originales las tierras de la antigua hacienda Santa Paula, que a finales de los 90 era uno de los fortines de los paramilitares del clan Castaño, en Córdoba, el sueño de estos campesinos de disfrutar plenamente de sus parcelas no se ha cumplido.
De las 129 familias beneficiadas por los fallos de restitución, solo 27 retornaron y hoy viven en cambuches. El resto aún espera que les construyan las viviendas y arreglen los cerca de 30 kilómetros de trocha que hay hasta Montería y por la que se gastan 3 y 4 horas, cuando el trayecto se puede hacer en 40 minutos.
Ellos son los que más se quejan de que año y medio después de proferida la primera de 18 sentencias, no se han cumplido todas las decisiones impartidas por los jueces de tierras en sus fallos.
“Hay unos proyectos productivos, pero son un fracaso. Sin casa, la gente va y cultiva maíz y se regresa, y ahí es cuando el ganado de otras parcelas se les mete. A otros las vacas se les han atollado en invierno o por el verano han perdido los terneros”, le dijo a EL TIEMPO uno de los líderes reclamantes de tierras en Córdoba.
Pero una situación aún más complicada viven los campesinos de la finca vecina de Cedro Cocido. Aunque varias familias recibieron sus parcelas –hay 112 beneficiarios en dos sentencias–, no pueden ingresar libremente porque cada vez que intentan hacerlo se encuentran con un candado.
“En esos predios todavía hay gente y ganado ajeno, cuando la ley dice que las tierras restituidas deben estar totalmente desocupadas”, contó otro líder tierras.
Y los campesinos de Araguay y Las Tangas, en Montería y Valencia, respectivamente, argumentan que no tienen garantías de seguridad y por eso prefieren no hablar del tema. En la zona –donde tres sentencias benefician a 26 familias– han sido asesinados tres líderes.
Estos son solo tres casos en los que las decisiones que los jueces de tierras han tomado en sus fallos todavía no se cumplen o llevan meses en un escritorio.
Un informe de la Fundación Forjando Futuros, en el que analiza 8.310 órdenes, dadas en 500 sentencias –según la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se han proferido 723 fallos–, indica que son múltiples las causas por las que las decisiones judiciales terminan prolongándose y corriendo el riesgo de quedar “en letra muerta”.
En la justicia transicional, los jueces quedaron facultados no solo para ordenar la restitución de un bien sino también para exigir medidas que garanticen a las víctimas una vida digna. Es por eso que pueden dar órdenes sobre temas de vivienda, salud, educación, vías, créditos bancarios, compensaciones, entre otras.
En total, 55 entidades reciben órdenes de los jueces y magistrados de tierras, y las principales son la Supernotariado, las alcaldías municipales, la URT, los ministerios y la Fuerza Pública.
Gerardo Vega, director de la Fundación, explica que en casi 9 de cada 10 órdenes no se designa claramente un cargo o funcionario responsable. Es más, de las 8.310 determinaciones, en 1.382 se conmina a varias entidades, pero no se determina un responsable directo.
Esto, sumado a la complejidad de entidades que tiene el Estado, muchas de ellas con regionales o dependencias, termina llevando a que esas decisiones queden guardadas por meses en los despachos públicos y que las víctimas no sepan ante cuál entidad reclamar. “Hay que tratar de darles la orden a los directos responsables para que estas sean más aplicables”, dijo Vega.
Un caso también determinante, según la Fundación, es que la mayoría de los jueces no indican en sus fallos un mecanismo de seguimiento ni un plazo el para cumplimiento. Estos hechos se presentan en 8 y 7 de cada 10 órdenes, respectivamente.
También ha afectado a las víctimas de despojo que las decisiones judiciales no son claras o son ambiguas o, incluso, se dan a entidades que no tienen competencia. Y aunque estas se presentan en menor proporción, terminan afectando el proceso de restitución y llevando a que no se garanticen todos los derechos de las víctimas.
‘Entidades sí cumplen’
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) reportó a EL TIEMPO que 55 entidades son las responsables “de ejecutar y hacer posible la efectiva implementación de los fallos de los jueces” y que estas “dan estricto cumplimiento a las órdenes emitidas”.
El organismo aclara que esas entidades integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y que en esas mesas de trabajo “presentan los avances, alertan las posibles dificultades y establecen rutas de acción y tiempos para facilitar el cumplimiento”.
La URT estima que en el cumplimiento de las sentencias de restitución “se toman 13 meses para entregar las ayudas y apoyos necesarios para el regreso de los campesinos a sus tierras”, mientras que en los procesos de Justicia y Paz “la entrega de beneficios puede tardar hasta 36 meses”.
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