La Corte Constitucional le acaba de notificar al Gobierno una sentencia en la que le da un ultimátum para que se recuperen cientos de baldíos de la Nación que terminaron en manos de terceros, a través de maniobras irregulares.
Según el alto tribunal, hay evidencia de que los baldíos vienen siendo adjudicados irregularmente a través de procesos judiciales de declaración de pertenencia, en los que terceros alegan la propiedad de la tierra por haber ejercido su posesión por más de 20 años.
Además, que dichos procedimientos no solo contribuyen a la concentración excesiva de la tierra, sino que la están dejando en manos de personas que no tienen el perfil para recibirla.
Por eso, la Corte le dio dos meses a la Superintendencia de Notariado y Registro para que identifique los baldíos que algunos jueces han adjudicado a través de ese mecanismo. Y le da el mismo plazo al Incoder para que adelante los procedimientos para recuperar dichos baldíos.
La providencia también ordena que todos esos casos sean enviados a la Fiscalía, “para que se investiguen eventuales estructuras delictivas detrás de la apropiación de tierras del Estado”.
Y si bien el alto tribunal no establece el número de hectáreas por recuperar, menciona una investigación de EL TIEMPO, en mayo de 2014, en la que se reveló que los jueces han entregado cerca de 81 mil hectáreas a terceros a través de los llamados procesos de pertenencia.
‘Deficiencia del Estado’
Estos casos se han concentrado especialmente en Casanare y Meta. Pero también hay sentencias de este tenor en Antioquia y en la Costa Atlántica. De hecho, el pronunciamiento de la Corte se derivó de uno de estos casos.
Se trata de la revisión de una tutela en la que el ciudadano Gerardo Escobar Niño exigía que se inscribiera a su nombre un predio en Casanare, que le asignó una sentencia del juzgado promiscuo del circuito de Orocué, luego de un proceso de pertenencia o dominio.
Las pretensiones de Escobar fueron negadas por la Corte que, además, dejó sin efecto la decisión del juez de Orocué y pidió a la Judicatura que lo investigue.
Y aunque en el fallo no se descarta que exista una red dedicada a hacer este tipo de reclamaciones, también se culpa al Estado de que esto esté sucediendo. Específicamente, se cuestiona que no exista un censo de los baldíos, a pesar de que la ley que los regula fue proferida hace más de 20 años.
Y se ordena que, en el término de dos meses, el Incoder entregue un plan concreto para inventariar todos los baldíos de la Nación y evitar que se sigan enajenando.
Dicho cronograma deberá ser enviado a la Procuraduría y a la Contraloría para que lo evalúen. También a la Corte Constitucional y a la Presidencia para que le den su aprobación final.
Los términos del fallo –tomado por los magistrados Jorge Palacio, Jorge Pretelt y Gloria Ortiz, en julio– comenzaron a correr desde hace cinco días, cuando el Gobierno fue notificado.
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