Director de la Unidad de Restitución de Tierras habló de los problemas en el avance del proceso.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, le hizo un llamado a la sociedad en su conjunto para apoyar la gestión que se está llevando a cabo para atender a las víctimas del país y en la que, según él, los jueces arriesgan sus vidas al pronunciar fallos en zonas donde aún hay conflicto armado.
En diálogo con EL TIEMPO, dijo que por falsas reclamaciones de tierra ya hay 180 casos que se están documentando en la Fiscalía.
¿Cómo avanza el proceso de restitución de tierras?
Luego de tres años largos de implementación, hay un grado de maduración. Cada vez hay una mejor jurisprudencia, que permite resolver casos similares de manera ágil. Nos han llegado cerca de 80.000 reclamaciones sobre unos 64.000 predios. Les hemos entregado a los jueces cerca de los 9.000 casos y les hemos dicho que no a cerca de 8.000. Los jueces ya tomaron decisiones sobre unas 170.000 hectáreas de tierra que se están entregando a las víctimas reclamantes.
¿Ya se ha fallado sobre 170.000 hectáreas?
Sí, sobre 170.000.
De esas 170.000 hectáreas, ¿cuántas se han entregado?
Estamos alrededor de un 80 por ciento.
Hay quienes dicen que el proceso va lento…
Siempre hemos dicho que esta ley es una norma transicional que normalmente se aplica en época de posconflicto; no hay un solo país que lo haya hecho en medio del conflicto. Colombia se adelantó y eso tiene que ver con la voluntad del presidente Juan Manuel Santos, que decidió no esperar 50 años más de guerra para empezar a reparar a las víctimas. El conflicto y las minas antipersonales son cosas que hacen que no avancemos con la celeridad que quisiéramos.
La Procuraduría dice que hay un rezago en las metas del Conpes 3712 que hablaba de 360.000 solicitudes de restitución.
Cuando arrancó el Gobierno, en ese Conpes se dejó muy claro que no había cifras, que no había una base cierta que permitiera al Gobierno trabajar un plan definido, y lo que se dijo allí era que se iba a trabajar sobre unos estimados y que se iban a ir ajustando las cifras y las metas a medida que se fuera implementando la política. Fruto de ese mandato del Conpes, ya en el Plan Nacional de Desarrollo las cifras se ajustaron, ya no estamos hablando de 360.000, sino de 50.000 casos por resolver. Esto, porque el universo probable no es de la dimensión que inicialmente se pensó porque no todas estas familias fueron despojadas.
¿El estimado ahora es de 50.000 solicitudes?
Hay que aclarar que el Gobierno tiene como meta tramitar el cien por ciento de las reclamaciones que nos lleguen. Y una de las cosas que nos propusimos para los próximos 4 años es resolver más de 50.000 solicitudes, de las 80.000 reclamaciones que nos han llegado. Eso quiere decir que estén en poder de los jueces o que hayamos dicho que no tienen derecho para esto.
¿Han encontrado casos de falsas víctimas?
En el análisis que hace la Unidad de los casos que nos llegan, más o menos un 40 por ciento no son llevados a los jueces porque no se ajustan a lo que exige la Ley 1448. En ese 40 por ciento hay campesinos desinformados que intentan resolver conflictos agrarios que no han resuelto en toda su vida, herencias entre hermanos y conflictos ordinarios con vecinos. Pero también, personas que de manera inescrupulosa intentan reclamar tierras que no les pertenecen o que fueron enajenadas o vendidas sin ningún tipo de violencia. Para eso utilizan testimonios y documentos falsos, que no concuerdan con la realidad.
¿Qué pasa en esos casos?
La Unidad los lleva a la Fiscalía, y ya tenemos un poco más de 180 casos que están siendo documentados por fiscales. Hace unos pocos días hubo 20 capturas de personas que incurrieron en estos comportamientos. Si alguien intenta utilizar de manera indebida el proceso restitutivo, puede tener una pena de 8 a 12 años de cárcel. Esperamos pronto condenas por estos hechos.
¿Podrían formase carteles de abogados y de jueces para aprovecharse de algunas víctimas?
Lo que ha evidenciado la Unidad de parte de los jueces es un comportamiento limpio y transparente. Con respecto a carteles de abogados, sí, en algunas zonas hemos encontrado organizaciones que han intentado desinformar a la gente sobre estos procesos, y lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades.
¿Qué les dice a quienes critican la restitución?
Hay que destacar que, gracias a este proceso restitutivo, hoy los pleitos sobre la tierra no los están definiendo los jefes paramilitares y guerrilleros, sino los jueces de la República. Y lo que esperamos de la sociedad en su conjunto es el respaldo y apoyo a quienes están tomando esas delicadas decisiones, porque están arriesgando sus vidas. Ellos están en las zonas donde se lleva a cabo el conflicto armado.
