El Procurador General de la Nación, el Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos y las Farc lanzaron ‘dardos’ al proceso de restitución de tierras, cada uno desde sus intereses particulares. Sus discursos opacan el trasfondo de los complejos problemas agrarios del país. VerdadAbierta.com presenta varias aristas del debate para una mejor comprensión.
Durante las últimas dos semanas, los medios de comunicación divulgaron profusamente la polémica visita del procurador general Alejandro Ordóñez a los municipios de Sabanas de San Ángel, Magdalena, y San Alberto, Cesar, en donde sostuvo que la Ley de Restitución de Tierras “está mal hecha” y le sugirió al Presidente Santos “que se amarre los pantalones contra los enemigos de la Ley de Restitución de Tierras”.
El representante de este organismo del Ministerio Público declaró a la prensa que viajó en cumplimiento de sus funciones para atender quejas y tensiones generadas por los procesos de restitución de tierras en esos dos departamentos, donde, según él, personas “que actuaron de buena fe” perdieron sus predios por culpa de fallos judiciales en su contra.
Las declaraciones del Procurador fueron respaldadas por José Félix Lafaurie, presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan). En entrevista concedida a El Tiempo , el líder gremial aseguró que “la restitución es la cuota inicial del control territorial de grupos ilegales”, cuestionando, de paso, la documentación y acompañamiento a los campesinos reclamantes que han realizado la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Yira Castro.
Aunque pareciera abismal, las posturas políticas de Ordóñez y Lafaurie coinciden con las expresadas por ‘Jesús Santrich’, uno de los negociadores de la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba. A su juicio, “el proceso de restitución ha fracasado”; no obstante, aseveró tanto el Procurador como el Presidente de Fedegan están interesados en que perdure el latifundio y reiteró que la Ley de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) debe ser reformada para “ir de la mano con el acuerdo de reforma rural integral” que ya se preacordó con el gobierno nacional.
El presidente Juan Manuel Santos no tardó en reaccionar, por su parte, entró en el debate y afirmó que “la Ley es justicia” y que con ésta ya no son los paramilitares ni los guerrilleros los que definen los derechos de propiedad en el territorio. “Ahora son los jueces de la República. Nadie puede estar por encima de la Ley”.
Los discursos de unos y otros se convierten en un rifirrafe superficial que tienden una cortina de humo sobre los históricos problemas agrarios del país y los intereses de todos ellos.
El académico Alejandro Reyes, autor del libro Guerreros y campesinos y quien participó en la formulación del proyecto que se convirtió en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, asegura que tanto el Procurador como Lafaurie buscan quitarle “los dientes” a una norma que está bien formulada y es fuerte.
Según Reyes, los políticos acuden a convocar a campesinos, “que saben que pueden hacerlo fácilmente”, para atacar los dos pilares fundamentales de la Ley: la inversión de la carga de la prueba; que consiste en que la Ley siempre le concede el beneficio de la buena fe a las víctimas; mientras que quien vive o explota el predio solicitado debe demostrar que tiene mejor derecho que el reclamante. Y el segundo es la exigencia de probar precisamente la “buena fe exenta de culpa”; es decir, que quien vive o compró el predio reclamado en restitución no sólo debe demostrar que no fue cómplice de actores armados ni se aprovechó de la violencia, sino que hizo todas las diligencias para determinar si las tierras que adquiría estaban vulnerando los derechos de otros.
Yamile Salinas Abdala, especialista en el tema y asesora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), considera “que en el centro de la discusión está la apuesta por estigmatizar a los reclamantes y víctimas para soslayar a los acumuladores de tierras”.
Contrario al pensamiento de Ordoñez, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios de entonces, Óscar Darío Amaya Navas, le sugirió el año pasado al Gobierno liquidar el Incoder por haber fracasado en la ejecución de los proyectos de desarrollo rural y porque “contribuyó a acrecentar los fenómenos de despojo y concentración de tierras”, revocando títulos a campesinos víctimas, entregando esos títulos a personas que no eran sujetos de la reforma agraria y no recuperando los baldíos acumulados de forma irregular.
En efecto, en diciembre de 2015 el Gobierno ordenó la liquidación del Incoder que, en la actualidad, hace transición hacia la nueva Agencia Nacional de Tierras (ANT) y que deberá resolver distintos problemas agrarios.
De otro lado, desde el 2012 la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario documentó para el caso de la región de la Altillanura, donde el Gobierno impulsa la ampliación de la “frontera agrícola” con proyectos agroindustriales, por lo menos 14 casos de acumulación de tierras de origen baldío en Meta, Casanare y Vichada explotadas por particulares y empresas nacionales y multinacionales. Estas crearon varias Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), utilizaron fiducias y se asesoran con bufetes de abogados para acumular unas 215 mil hectáreas.
En medio de todo este debate, se conoció la sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta, que favoreció a un campesino reclamante con 17 hectáreas en el municipio de Carmen de Bolívar y rechazó las pretensiones del Grupo Argos. En su argumento, el juez aseguró que no basta probar la “buena fe simple” sino que ésta debe ser “exenta de culpa”. En el falló, se advirtió que en este municipio hubo una acumulación de baldíos después de la ola de violencia paramilitar.
Para aportar elementos de análisis, VerdadAbierta.com presenta distintas miradas sobre la complejidad del tema de tierras, que va más allá de los debates de las últimas semanas sobre una ley que es transicional y que fue expedida para resarcir el daño ocasionado a las víctimas que tuvieron que abandonar y o que les fueron despojados sus predios a causa del conflicto armado.
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