Discusión sobre la situación de las personas inhumadas como no identificadas en diferentes cementerios del país y los mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas

Honorables Senadores de la República

Honorables Representantes a la Cámara

Señores embajadores de Estados Unidos, de España y de Reino Unido.

Respetados funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, del Instituto Nacional de Medicina Legal, de los Ministerios del Interior y de Hacienda, del Alto Comisionado para la Paz y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Un respetuoso saludo a los familiares y sobrevivientes de la desaparición forzada.

“Aquí traían los muertos en volquetas y como ve, este cementerio es muy pequeño, nosotros teníamos que hacer el trabajo rápido, porque no había mucho tiempo. Entonces yo no recuerdo quiénes eran los muertos y menos podía anotar algo… pues casi ni escribo bien. Luego pasó el tiempo y necesitábamos espacio en el cementerio. Entonces sacamos todos esos guerrilleros N.N. los metimos en bolsas negras y a la fosa común fueron a dar. Luego fueron resultando las familias y uno se entera que no eran guerrilleros, otros hasta si lo eran pero también tenían a su familia y no sabemos cuál de todos esos, que están en la fosa es su familiar. Sí yo hubiera sabido todo lo que sé ahora y hubiera tenido el apoyo de las autoridades le aseguro que no hubiera hecho eso.”

Relato de sepulturero en el noroccidente del país

Reciban un cordial saludo del Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En nombre de él y en mi calidad de subdirectora de operaciones de la Oficina en Colombia, agradezco la invitación extendida por los parlamentarios Iván Cepeda Castro y Alirio Uribe Muñoz para participar en esta audiencia pública.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato hace seguimiento a la situación del país en materia de derechos humanos, y particularmente, a la situación de las víctimas de desaparición forzada de personas y de ejecuciones extrajudiciales.

En múltiples informes anuales la Oficina ha presentado al Estado su preocupación por las dimensiones cuantitativas y cualitativas del fenómeno de la desaparición forzada, los vacíos legislativos y las necesidades de fortalecimiento institucional que han obstaculizado la realización de procesos de búsqueda rigurosos y exhaustivos que garanticen los derechos de las víctimas de este crimen internacional.

La Oficina recuerda al Estado las obligaciones adquiridas con la firma y ratificación de varios instrumentos internacionales, y especialmente, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, en la que se destaca la imperiosa necesidad de cumplir con las obligaciones de búsqueda, investigación, sanción de los responsables, la reparación de las víctimas y la creación de garantías de no repetición. Debe reconocerse que los avances en materia de mecanismos de protección son el producto de las reivindicaciones de los familiares y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Colombia tiene grandes retos en materia de desaparición forzada, que se derivan de las siguientes preguntas: ¿Cuántas personas desaparecidas hay en el país? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes las están buscando? ¿Qué estrategias de ocultamiento se han utilizado? ¿Quiénes impulsaron y participaron en la comisión de esta grave violación? ¿Cómo ha cambiado la dinámica de esta grave violación en la última década? Y la que nos convoca el día de hoy ¿Qué ocurre con las personas en condición de no identificadas que fueron inhumadas en varios cementerios en el país?

Es sabido que, durante décadas, no se creó ninguna política pública en el país dirigida a conservar de manera apropiada los cadáveres de las personas no identificadas, por diversos motivos: a) por la no existencia de reglamentación, b) la persistencia de prejuicios sociales con relación a los cadáveres de las personas que se encontraban sin identidad, c) la deshumanización de las personas en condición de combatientes, d) como parte de una estrategia de ocultamiento tanto de actores armados legales como ilegales. La Oficina realizó en el año 2010 el informe temático sobre el cementerio de La Macarena en el que se alertó sobre la grave situación de las personas sin identificar y solicitamos acciones de carácter urgente que permitieran el esclarecimiento de los hechos. Es de conocimiento de la Oficina que este no es un problema exclusivo del oriente del país sino de todo el territorio nacional.

La Oficina invita al Estado a avanzar y tomar medidas sobre los siguientes asuntos:

a)      Conocimiento y visibilización del fenómeno de la desaparición forzada:Comprender las dimensiones del problema es parte fundamental en la elaboración de estrategias de intervención.
b)      Reconocimiento de la responsabilidad del Estado: ya sea esta por acción u omisión, en la administración de los cementerios y en la protección y conservación de los cadáveres de las personas en condición de no identificadas.
c)      Fortalecimiento de las instituciones:competentes para la búsqueda, recuperación de cadáveres, identificación y entrega de los restos a los familiares.
d)      Incremento de las asignaciones presupuestales:para el desarrollo de los procesos de investigación judicial y forense.

e)      Implementación rigurosa de estrategias de investigación social, judicial y forense:dando cumplimiento a los estándares internacionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas y de exhumaciones, así como a los principios y recomendaciones  de Naciones Unidas, de la OEA y de las organizaciones de la sociedad civil sobre lasnormas mínimas de trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales.

La Oficina es consciente de la necesidad de intervenir de manera urgente los problemas de los cementerios. Sin embargo, advierte la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales en la política pública y en las instituciones competentes para facilitar los procesos de identificación humana, y mitigar el riesgo de acumulación de restos óseos sin identificar en laboratorios. Para ello, el país debe tomar en cuenta las lecciones positivas y negativas de las experiencias internacionales y de la implementación del proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).

Recomendaciones:

La Oficina señala que Colombia es uno de los países con mayor número de mecanismos de protección en materia de desaparición forzada, no obstante su implementación sigue siendo precaria y son muchos los retos que Estado tiene por delante para garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas y sus familiares. En este contexto, la ONU DDHH recomienda al Estado:

• Fortalecer la institucionalidad y facilitar la participación de la sociedad civil, con el fin de intervenir de manera adecuada la problemática de los cementerios, haciendo uso de metodologías idóneas y probadas que minimicen los daños y la afectación a las víctimas y sus familiares.
• Así mismo, recomienda fortalecer los laboratorios de identificación humana del Instituto Nacional de Medicina Legal y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, y de la Dijin de la Policía Nacional, tanto en el ámbito tecnológico como de recursos humanos, con el fin de que puedan responder a las necesidades actuales del país, y a los futuros requerimientos derivados del proceso de paz.
• Se recomienda al Estado realizar un seguimiento a la implementación de los mecanismos de protección para las personas desaparecidas, tales como el mecanismo de búsqueda urgente, el plan nacional de búsqueda y la ley de homenaje a las víctimas de desaparición forzada, con el fin de evaluar su eficacia real e introducir los cambios que sean necesarios para que puedan garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas.
• La Oficina invita al Estado y a la sociedad en su conjunto a pensar en alternativas judiciales y extrajudiciales que faciliten la búsqueda de las personas desaparecidas y la recuperación de cadáveres en zonas de difícil acceso o de presencia de actores armados ilegales.
• La Oficina reitera la importancia de elaborar planes de búsqueda regionales para obtener una comprensión espacio-temporal del fenómeno de la desaparición forzada, y de esta manera, construir estrategias de búsqueda que sean coherentes con los esfuerzos de investigación judicial que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.
• Por último, la Oficina recuerda el derecho del que gozan las familias a que la memoria de las víctimas sea dignificada y el derecho que tiene la sociedad a la memoria y la verdad.