El abogado Jorge Molano, quien defiende a las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, le pidió al juez 55 penal de Bogotá que imponga «la máxima pena» en contra del excomandante del B-2 del Ejército, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros tres militares por el delito de desaparición forzada agravado.
En su intervención, el jurista indicó que existen pruebas suficientes para demostrar que el coronel junto a sus hombres fueron los encargados de hacer las labores de identificación de las personas que eran liberadas del Palacio de Justicia y trasladadas al museo Casa del Florero donde se encontraba el punto de operaciones del Ejército.
«Dada la gravedad del delito el número de víctimas, el tiempo de ejecución del crimen y su carácter de crimen de lesa humanidad omitiendo cualquier favorabilidad a los mismos como lo establece la convención internacional sobre desaparición forzada», precisó el abogado en sus alegatos de conclusión.
Molano le pidió al funciariario judicial que compulse copias para investigar las ejecuciones extrajudiciales «que de manera sistemática se llevaron a cabo en la operación de retoma del palacio de justicia» en noviembre de 1985.
Entre las personas que habrían sido ejecutadas se encuentran René Francisco Acuña, Diógenes Benavidez (ciudadano panameño), Fabio Becerra Correa, Ariel Sánchez, Jesús Antonio Rueda, Fernando Rodríguez Sánchez, Jesús Antonio Carvajal, Héctor Arturo Lozano, entre otras personas que fueron halladas en el interior de la edificación con tiros en la cabeza.
«Las pruebas de Medicina Legal y del Cuerpo Técnico de investigaciones ubican disparos a la cabeza con señales de pólvora. Evidencia que fueron actos de ejecución sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad los cuales deben ser investigados», indicó.
Igualmente se le solicitó al juez que le ordene a la Procuraduría General que «promueva» acciones de revisión ante la Corte Suprema con el fin de analizar nuevamente la responsabilidad del coronel en la desaparición de la guerrillera Irma Franco Pineda «para que sea removida la impunidad que se ha visto favorecido por el accionar de la justicia penal militar».
