Ante las críticas de organizaciones de Derechos Humanos, que indicaron que el Consejo Superior de la Judicatura estaba devolviendo masivamente casos de «falsos positivos» a la justicia penal militar, la Sala Disciplinaria del organismo se defendió con cifras y desmintió las afirmaciones señalando que desde enero del año pasado hasta el pasado 31 de marzo han sido más los casos que han sido remitidos a la justicia ordinaria que a la justicia castrense.
De acuerdo con Wilson Ruiz Orejuela, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en este tiempo se han presentado 153 casos de conflictos de jurisdicción, en los que se le ha pedido a la Sala determinar si un proceso penal lo debe conocer un juez ordinario o uno militar, y que contrario a lo que afirman las organizaciones de Derechos Humanos, tan solo el 25% ha quedado en manos de la justicia penal militar, es decir, solo 39 procesos. En 75% restante, es decir, en 114 casos, fueron remitidos para el conocimiento de los jueces penales ordinarios.
«Las cifras son claras y de acuerdo con esas estadísticas, que pueden ser consultadas en la página de la Rama Judicial, en su mayoría los conflictos de jurisdicción se han resuelto otorgando dichos procesos a la justicia ordinaria. La sala resuelve las colisiones entre las diferentes jurisdicciones luego de un estudio serio y riguroso, en el que se analizan los presupuestos que deben cumplirse en cada caso para otorgar competencia a la jurisdicción correspondiente. Para ello, existen requisitos que están claramente señalados por la constitución, la ley y la jurisprudencia vigentes», dijo presidente de la Sala Disciplinaria.
