Eso al menos es lo que dice la organización Human Rights Watch en una carta que le enviará este martes al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y que EL TIEMPO conoció en exclusiva. Una copia de la misiva también será enviada al despacho del ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez.
Según la carta, el artículo 8 del proyecto asigna en forma expresa a los tribunales militares los tres delitos por los cuales la Fiscalía actualmente impulsa los procesos de falsos positivos: homicidio agravado (1.716 investigaciones contra agentes del estado), homicidio en persona protegida (343 casos atribuidos a estos) y homicidio (19 casos).
La ley en cuestión es la 85 del 2013, que ya fue aprobada por el Senado -bajo la promoción del senador Juan Manuel Galán- y a la que le restan solo dos debates en la Cámara de Representantes.
En la carta, el director Ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, le dice a Pinzón que la ley “no tiene justificación” alguna y le pide al gobierno retirar la iniciativa.
HRW recuerda cómo en octubre de 2013 la Corte Constitucional ya había anulado por vicios de procedimiento una polémica enmienda constitucional con alcances similares a la ley en cuestión.
Sin embargo, anota que el proyecto actual representa una expansión aún mayor de la jurisdicción militar porque además de reclamar competencia sobre falsos positivos y violaciones sexuales se suman otros delitos: entre ellos las interceptaciones ilegales, terrorismo, tráfico de armas, y concierto para delinquir (nexos con paramilitares o Bacrim), incluyendo cuando el conciertos es para cometer delitos graves, como tortura, desaparición forzada, y narcotráfico.
Lo anterior dado que el articulo 8 especifica que desde su aprobación en adelante la justicia penal militar conocerá de “delitos contra la protección de la información y los datos” y “delitos contra la seguridad pública”.
En la actualidad, estos delitos son títulos en el Código Penal que incluyen otros crímenes como la interceptación de datos informáticos, terrorismo, fabricación y porte de armas o municiones y concierto para delinquir entre otros.
“Numerosos militares han sido implicados en varios de estos delitos, incluso en escándalos muy recientes. Por ejemplo, en febrero pasado, usted anunció que apartaría del cargo al jefe de inteligencia del Ejército luego de que la revista Semana revelara que la Fiscalía había allanado un establecimiento en Bogotá donde militares de inteligencia presuntamente realizaban interceptaciones ilegales. En marzo, la Fiscalía dispuso la detención del coronel retirado Robinson González del Río, quien es acusado de haber liderado una red de miembros activos y retirados de la fuerza pública que vendieron armas al grupo sucesor de paramilitares los Urabeños”, le dice Vivanco a los ministros.
En la carta, HRW resalta cómo la ley promueve la remisión a la justicia penal militar de casos actualmente ante la justicia ordinaria pues establece que las nuevas reglas de competencia en el proyecto regirán para todos aquellos procesos que aún no se encuentren en etapa de juicio.
De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, ante este órgano cursan 1.907 investigaciones de asesinatos atribuidos a agentes del Estado, afectando a casi 3.400 víctimas, en los cuales no se había iniciado el juicio.
HRW menciona cómo el gobierno colombiano negó en su momento que la enmienda constitucional que terminó anulando la Corte en octubre, y que es muy similar a la actual, permitiría a la justicia militar tomar jurisdicción en los casos de falsos positivos.
No obstante -anota Vivanco- durante el tiempo en que estuvo vigente la enmienda (antes de ser anulada), al menos 48 casos de falsos positivos fueron transferidos de la justicia ordinaria al sistema de justicia militar, conforme se indica en el informe anual 2013 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según HRW, si bien la ley establece que las ejecuciones extrajudiciales no serán competencia de los militares, la exclusión de las “ejecuciones extrajudiciales” no permitiría asegurar que los “falsos positivos” continúen en la justicia ordinaria, dado que la “ejecución extrajudicial” no se encuentra tipificada como un delito en el derecho colombiano.
“Los abogados defensores podrían solicitar que se transfieran inmediatamente casos de falsos positivos a los tribunales militares, aduciendo que sus clientes no están siendo acusados de “ejecuciones extrajudiciales”, sino de “homicidio en persona protegida”, “homicidio agravado” u “homicidio”, es decir, todos ellos delitos alcanzados por la jurisdicción militar según el artículo 8 del proyecto”, dice la carta.
Para rematar la carta, Vivanco advierte que la historia demuestra que cuando las investigaciones de violaciones de los DD. HH. quedan en manos de la jurisdicción militar, el resultado ha sido casi sin excepción la impunidad.
HRW alega además que el proyecto, de ser aprobado, podría generarle serias consecuencias a Colombia frente a la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y EE.UU. pues este país condiciona la ayuda que aporta a que los casos de violaciones de DD:HH: que impliquen a militares sean de la órbita de la justicia ordinaria.
www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/hrw-pide-retirar-proyecto-sobre-falsos-positivos/14219176
