El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, respondió a través de un comunicado a las críticas de la ONG de Human Rights Watch (HWR) y aseguró que “es mentira” que desde ese despacho se haya intentado favorecer a responsables de ‘falsos positivos’.
Aunque Pinzón no menciona en sus declaraciones directamente a la ONG, desmintió que reformas como las del fuero militar afecten los derechos humanos.
En su informe anual correspondiente al año 2014, HWR sostuvo que el Gobierno colombiano ha seguido promoviendo leyes que conducen a la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
“El gobierno Santos siguió promoviendo la adopción de varios proyectos legislativos que limitarían el juzgamiento del asesinato de civiles perpetrados por militares, incluyendo las ejecuciones que se conocen como ‘falsos positivos’, dijo en su momento Human Rights Watch.
Según la organización, la Fiscalía General de la Nación investiga actualmente más de 3.500 de estos casos cometidos en su mayoría entre 2002 y 2008, cuando el expresidente Álvaro Uribe ocupaba la Casa de Nariño.
Pese a que el reporte dice que desde entonces se han disminuido, cita nuevos casos de ‘falsos positivos’ ocurridos recientemente, del 2013 al 2014.
Además cuestiona los esfuerzos de Pinzón y el gobierno Santos por promover leyes que, según la ONG, permitirían que estas conductas las juzgue la justicia militar y no la ordinaria.
Ante esto, el ministro Pinzón aseguró que dentro de las Fuerzas Armadas se han tenido que “tomar decisiones duras para garantizar la ética y disciplina”. Sin embargo, “no permitiremos difamaciones en contra de nuestros miembros”, contrapunteó.
Reiteró que desde el Ministerio de Defensa se seguirá buscando “la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública”.
Agregó además que, según información de Naciones Unidas, “no han ocurrido en los últimos años casos de los llamados ‘falsos positivos’ ”.
Pinzón también afirmó que en los hechos en los que se han cometido “errores militares, por el contrario, estos han sido puestos en conocimiento de autoridades competentes y de la opinión pública”.
Finalmente puntualizó que “no es aceptable que haya difamación ni mentiras que pretendan menoscabar una gestión transparente y comprometida con el estado de derechos, la Constitución y el pueblo colombiano”.
Dijo que, de hecho, las reformas que se han llevado al Congreso fueron redactadas por expertos en materia de derecho penal, y que, por lo tanto, “no son caprichos ni apasionamientos políticos”.
Para la ONG, los proyectos en cuestión, aún en trámite por el Legislativo colombiano, contemplan la posibilidad de que otros tipos de violaciones de los derechos humanos, cometidas por los militares, pasen a la justicia castrense y no la ordinaria.
