Ante un juzgado del circuito de conocimiento de Bogotá, la Subdirección Seccional de Fiscalías acusó formalmente al teniente coronel de la Policía John Harvy Peña Riveros y los subintendentes Nelson Giovanny Tovar Pineda y Fleiber Leandro Zarabanda Payán, dentro del proceso por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra.
Los hechos se relacionan con la modificación de la escena del crimen de Becerra el 19 de agosto de 2011 en el barrio Pontevedra, al norte de Bogotá, tras un impacto de bala que presuntamente le propinó el miembro de la Policía Nacional, Wilmer Alarcón.
El representante de la Unidad de Vida del ente acusador advirtió que el coronel Peña Riveros deberá responder por los delitos de fraude procesal en calidad de coautor, toda vez que sería el responsable de inducir al error a los servidores públicos y así obtener resultados contrarios a la ley y favorecer a los uniformados involucrados en la muerte del grafitero.
Asimismo fue acusado de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, y ocultamiento, alteración o destrucción de materiales probatorios, este con el fin de hacer imposible el uso de las pruebas como medio cognoscitivo en un eventual juicio en contra de los procesados.
La Fiscalía llevará a juicio al oficial, como presunto responsable de favorecimiento al homicidio ya que por tener conocimiento de que sus subalternos incurrieron en una conducta punible, entorpeció o trató de desviar el desarrollo de las investigaciones.
De otro lado fueron acusados los subintendentes Tovar Pineda y Zarabanda Payán por los mismos delitos, lo que de acuerdo con lo expuesto por el delegado del ente acusador, les implicaría una condena cercana a los 25 años de pena privativa de la libertad por tratarse de personas con una posición distinguida en la sociedad y por obrar en coparticipación criminal.
La Fiscalía aseguró que se habría hecho un “pacto sepulcral” entre los uniformados implicados, con el fin de desviar las investigaciones y favorecer al patrullero Wilmer Alarcón, quien fue la persona que le disparó al menor.
“Se conoce que se creó un acuerdo común para alterar la escena de los hechos y las investigaciones que adelantaron las autoridades judiciales… Que se implantó un arma en la escena del crimen para justificar el actuar de Wilmer Alarcón en este caso y crear una gran confabulación para evitar que un uniformado de esa institución fuera procesado”, dijo el fiscal del caso.
El hecho se registró el 19 de agosto de 2011, en el sector de la Avenida Boyacá con Calle 116, donde murió el joven en extrañas circunstancias, tras recibir un disparo en su espalda.
Formalmente fueron acusados ayer un coronel y dos subintendentes por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra.
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