El oficial fue sentenciado a 31 años y cinco meses de prisión por la presentación de cuatro jóvenes como guerrilleros abatidos en combate.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 31 años y cinco meses de prisión contra el teniente del Ejército Nacional, Juan Carlos Sarmiento Rojas por su participación en el delito de homicidio en personas protegida como coautor por la presentación de cuatro jóvenes como guerrilleros abatidos en combate.
El oficial fue sentenciado por las ejecuciones extrajudiciales en un “combate simulado” denominado ‘Jerarca 10’ por la compañía Depredadora, adscrita al Batallón Contraguerrila No. 10 ‘General Uribe Uribe’ el 20 de junio de 2007 en el sector de Carroquemao, municipio de Puerto Libertador (Córdoba).
Al revisar el recurso de casación, el alto tribunal manifestó que no se probó que al teniente se le vulneraron los derechos a la presunción de inocencia, la legalidad y al debido proceso. La Corte Suprema ratificó la decisión emitida el 30 de septiembre de 2014 por el Tribunal Superior de Montería.
En este sentido se indicó que se presentó una valoración errónea de los testimonios recolectados dentro del juicio al indicar que no se pudo determinar que el combate fuera ilegítimo. Además los declarantes no se encontraban en el lugar de los hechos materia de investigación.
“Generaban sospecha sobre los motivos por los cuales tres hombres jóvenes y solteros se alojaban en una zona de comprobada presencia guerrillera y de bandas criminales, sin actividad laboral conocida y portando armas de fuego, máxime cuando de la testificación de Wilson Chica Monsalve se tenía conocimiento que se dedicaban a actividades delictivas”, aclara el recurso.
Además se advertía que existía pruebas para inferir que las tres personas se habían concertado con algunos miembros del Ejército para realizar actividades ilícitas en la zona. Los occisos, se indica, habrían participado en extorsiones a comerciantes y empresarios de la región.
Sin embargo el alto tribunal rechazó estos argumentos puesto que no se pudo probar la falencia de los testmonios en modo, tiempo y lugar. Igualmente no se certificaron las contradicciones o las irregularidades en los que incurrieron los falladores de primera y segunda instancia frente a la responsabilidad de su cliente.
“El libelista no satisfizó tal carga, toda vez que únicamente que criticó a modo de alegato de instancia con el fin de retomar la discusión probatoria debidamente finiquitada en las instancias ordinarias, las conclusiones del fallador según las cuales las personas fallecidas no militaban en grupo guerrillero, de acuerdo con lo narrado por los declarantes sin evidenciar cuál de sus manifestaciones fue falseada”, indica.
“En la demanda se observa en el interés del representante judicial de Juan Carlos Sarmiento Rojas en continuar con el debate probatorio ya culminado, en contravía de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el cual requiere de la demostración de yerros atacables”, señala el fallo.
