Al menos 2.200 personas se han ido este año de sus viviendas por miedo a grupos y bandas criminales.
En lo que va de este año, al menos 486 familias indígenas y afrocolombianas han tenido que dejar sus tierras por miedo al enfrentamiento entre el Ejército y el Eln y a las amenazas de bandas criminales en la región del Pacífico.
Así lo denuncia la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia (Acnur), que califica la situación como una verdadera crisis humanitaria en la que se cuentan ya 2.222 personas afectadas. Los desplazados claman ayuda.
El más reciente desplazamiento forzado ocurrió el pasado 15 de abril en el área rural del Bajo Baudó (Chocó). Al menos 612 indígenas de esa población, de 113 familias, se desplazaron a la cabecera municipal por causa de los enfrentamientos entre el Ejército y el Eln.
En esa misma semana, 456 indígenas de 95 familias de la comunidad wounaan se desplazaron del Litoral de San Juan, región limítrofe entre Chocó y el Valle del Cauca, como consecuencia de bombardeos. Salieron hacia Docordó, la cabecera municipal.
Los wounaan se encuentran refugiados en la casa comunal y en la escuela de Docordó. La Acnur advierte que “dada la persistencia de los bombardeos” es probable que más personas se desplacen y pronto colapse la capacidad institucional local para alojar a toda la población en emergencia. (Vea el especial: Desaparecidos: duelo eterno)
Jairo Tovar, presidente del cabildo mayor de los wounaan, ratifica la crítica situación. “Nos encontramos muy apretados. Falta agua potable, los niños tienen diarrea y solo hay un médico. La comida escasea. Nos vinimos sin nada. Pedimos apoyo de las instituciones para que vengan rápidamente a atendernos y para que nos den soluciones de retorno”, dice Tovar.
Antes, al menos 935 personas de la comunidad afro de la zona alta del río Baudó habían abandonado sus viviendas. Esto ocurrió a comienzos de marzo y permanecen refugiadas en Pie de Pató, cabecera municipal del Alto Baudó, a unos 80 kilómetros de Quibdó, la capital chocoana.
En la zona, además del Eln, hay presencia del llamado ‘Clan Úsuga’. “Los grupos armados ilegales se disputan el control territorial de la serranía porque es un corredor estratégico para sacar mercancías ilegales por el océano Pacífico”, dice Martin Gottwald, el jefe de Acnur en Colombia.
La crisis de los desplazados a lo largo del litoral llega hasta Tumaco, en Nariño. El pasado 13 de febrero, 219 afrodescendientes –in-tegrantes de 85 familias– de la vereda Bajo Jagua salieron hacia ese municipio debido a los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales.
En este caso, según Acnur, han ido retornando paulatinamente presionados por las precarias condiciones en los lugares de recepción.
El intento de los grupos armados ilegales por consolidarse en el Pacífico, la consecuente actuación de la Fuerza Pública para contrarrestarlos y la falta de recursos de las autoridades locales para atender a la población han provocado una crisis humanitaria silenciosa en la zona.
