En julio del 2005, cuando se firmó la ley de justicia y paz, se pactó una condena que iba de 5 a 8 años de cárcel para exmiembros de las organizaciones armadas ilegales a cambio de colaboración.
Hoy, a dos años de que más de 1.000 exparamilitares cumplan en la cárcel esta máxima pena y solo 12 hayan sido condenados, el fiscal Eduardo Montealegre lanza una alerta porque el incumplimiento de este beneficio podría poner a Colombia en líos con los tratados internacionales y hasta poner en jaque las arcas del Estado.
¿En dos años tendremos la excarcelación masiva de desmovilizados?
No hay peligro de excarcelaciones masivas. Por el contrario, existe una decisión de la Corte Suprema que dice que en Justicia y Paz se debe partir de que la pena que se va a imponer es la pena del delito efectivamente cometido, es decir, 40 años de cárcel por graves violaciones de los DD. HH. Mientras no se dicte la sentencia correspondiente, donde se define si se da o no la pena alternativa, se deben tener como base para las excarcelaciones las penas centrales.
¿Esto no expone al Estado a millonarias demandas?
En la Constitución y los tratados que ha suscrito Colombia en materia de DD. HH. sobresalen como una garantía del imputado el derecho a un proceso justo, fallado y decidido dentro del plazo razonable.Por lo tanto, si la justicia no adopta los fallos dentro de los plazos razonables, existe el riesgo de demandas.
En nuestro caso, si la justicia no se pronuncia, si vencidos los ocho años correspondientes no se han cumplido los fallos, existe ese riesgo.
¿Este no es un pésimo precedente para futuras negociaciones?
Sí. Es un mal precedente que se haya realizado un acuerdo de negociación en el marco de un proceso de paz y se acuerden términos máximos de privación de la libertad y que la justicia no produzca los fallos dentro de términos razonables. Esto generaría mucha desconfianza en las negociaciones que establezca el Estado hacia el futuro.
¿Hay algún plan B?
Creo que es conveniente por razones de política criminal, por razones de crear confianza hacia eventuales procesos de paz en el futuro, que se introduzca una reforma legislativa donde se establezca la posibilidad de que, vencidos los ocho años de privación de la libertad, existan mecanismos especiales sobre la base de que se establezca colaboración. Que se le permita al juez calcular que eventualmente podrían ser acreedores a la pena alternativa.
Pero esto requeriría una decisión legislativa de alta política criminal, que les corresponde al Presidente y al Congreso. Y la Fiscalía apoyaría. Esto traería confianza y evitaría millonarias demandas contra el Estado.
¿Qué tipo de mecanismos especiales?
Que se les dé la posibilidad de que se valore si se le puede sustituir la privación de la libertad por alguna medida alternativa: libertad vigilada, brazaletes, detención domiciliaria, libertad provisional, pero siempre sobre la base de que se den los requisitos básicos. Que un juez determine que eventualmente esas personas están colaborando para desmontar el aparato, que no sigan delinquiendo, que hayan contribuido con el esclarecimiento de la verdad. Pero la excarcelación no será automática por el solo hecho de cumplir ocho años.
¿Podría el tema tenerse en cuenta dentro de la actual reforma de la Ley de Justicia y paz?
Existirá un debate constitucional de alto calado en el sentido de que habría que evaluar si introducir una medida sobre libertad en el cuarto debate violaría el principio de identidad y consecutividad.
Unidad para investigar apoyos a Auc
Frente a la poca entrega de bienes para la reparación, el Fiscal General anunció que se revivirá la figura del principio de oportunidad para testaferros, y que se dará una directriz para la utilización de la extinción de dominio como una herramienta para perseguir los bienes de miembros de la organización y de terceros. También anunció el traslado de más de 2.000 investigaciones que están en Justicia y Paz a la Unidad de Tierras del Gobierno, para que, por medio de procedimientos expeditos, se haga la restitución de tierras. El fiscal Montealegre anunció la creación de una nueva unidad, que se encargará de investigar los contextos en que se desarrolló el paramilitarismo. «Haremos un rediseño de política criminal en materia de DD. HH. Nos concentraremos en lo que la doctrina alemana denomina la doble imputación: primero establecer la responsabilidad del grupo y estructuras de apoyo, que son en muchos casos de tipo económico, y luego las individuales», dijo.
REDACCIÓN JUSTICIA
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