Buenos días (Saludos a asistentes y mesa principal)
COMIENZO:
El Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta un análisis de la situación de derechos humanos en Colombia, que surge de la observación y el diálogo con cientos de personas e instituciones con quienes trabajamos y a quienes acompañamos en más de 1.300 misiones de terreno por toda Colombia, durante el año 2018.
A todas las personas que son nuestras contrapartes del Estado y de sociedad civil, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus territorios y por trabajar hombro a hombro por la paz; y por la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Comenzaré con los temas relacionados con el Acuerdo de Paz. Para la Alta Comisionada “El Gobierno –actual- … tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, y urge a que “se incrementen los esfuerzos para avanzar en la ejecución de todos los capítulos contenidos en el Acuerdo de Paz, puesto que no puede haber vuelta atrás”.
Por otra parte, La Alta Comisionada recuerda que la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo hacen parte de la agenda de derechos humanos que se ha delineado en muchos de los tratados, mecanismos, recomendaciones y directrices de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos en los que Colombia es parte. Por lo tanto, su debida implementación reflejará también la voluntad del Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales.
En su más reciente informe sobre la consolidación y el sostenimiento de la paz (A/72/707–S/2018/43), el Secretario General de las Naciones Unidas estimó que las medidas efectivas de prevención podían disminuir hasta en un 30 % los costos generados por la violencia y los conflictos. Sin embargo, el presupuesto de defensa del Estado se incrementó en más del 5 %. En ese sentido, La Alta Comisionada, alienta al Gobierno a priorizar el gasto público en prevención y a seguir promoviendo el desarrollo, en particular en las zonas rurales apartadas y urbanas marginales, como por ejemplo en Huila, Tolima, Caquetá, Amazonas, Vaupés y Guanía. .
La Alta Comisionada ha observado que el Estado, pese a los esfuerzos desplegados, no ha podido llegar de manera coordinada y con la oferta institucional requerida a nivel territorial.
DIH
Con respecto al Derecho Internacional Humanitario, DIH, la Alta Comisionada “hace un llamado al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que lo respeten, e insta al ELN a que se abstenga de tomar rehenes, práctica prohibida por el derecho internacional humanitario” .
Situación de Defensores y Defensoras de derechos humanos
“En el mes de julio de 2018, un presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC) fue asesinado en el sur del país. La víctima era un impulsor del proceso de implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Conforme a la información recibida, las motivaciones del homicidio estarían relacionadas con esa actividad. Tres meses antes de los hechos, tanto las familias que suscribieron los acuerdos voluntarios de sustitución como este líder comunitario habían recibido amenazas, que fueron puestas en conocimiento de las autoridades. Al igual que muchas otras personas en la misma situación, este líder buscaba alternativas económicas viables y legales para su comunidad, dados los altos índices de pobreza multidimensional en la región. Esta falta de oportunidades y las altas tasas de pobreza habrían llevado a la comunidad a vincularse a la economía ilegal para subsistir, lo que la expuso a la violencia ejercida por los grupos ilegales o criminales que manejaban esas economías…”.
Cabe destacar, que un solo homicidio de un defensor o defensora ya es un crimen muy grave que socava la democracia y el Estado de Derecho, y que además de violar el derecho a la vida, siembra el miedo y el terror entre las comunidades, y termina afectando otros derechos como lo son la libertad de expresión o de participación. Y el miedo paraliza! .
Quiero subrayar en este punto que estos casos de homicidios de defensores y defensoras no representan necesariamente el universo total de asesinatos de defensores. Sin embargo, son una muestra altamente significativa que permite a la Alta Comisionada identificar tendencias.
En este sentido, estamos comenzando a articular esfuerzos para apoyar al Estado en consolidar sus propias estadísticas aportando nuestra metodología y otras, como por ejemplo la de la misma Defensoría del Pueblo, con el fin de que se constituya un registro único de los homicidios..
En su Informe Anual, la Alta Comisionada registró con preocupación el homicidio de por lo menos 116 defensores en 2018: 1 ocurrió en el Huila, 2 en el Tolima y 9 en el Caquetá.
En 2019, la ONU Derechos Humanos ha recibido 57 quejas por homicidios de parte de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades, estamos en terreno haciendo observación de 18 de esos casos.
La Alta Comisiona advierte en su Informe “que los asesinatos contra defensores ocurrieron en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente en Antioquia, el Cauca y Norte de Santander”.
Cabe anotar que la Alta Comisionada “observa que el 93 % de los casos de homicidios a los cuales hizo seguimiento –en 2018- ocurrieron en contextos regionales … que registran una débil o nula presencia del Estado Y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos.
La Alta Comisionada señala que “el 66% de los asesinatos de defensores y defensoras estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o a el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo”.
“Los presuntos autores de estos asesinatos fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18 %), integrantes del ELN (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %).”
Con Respecto a las Mujeres defensoras, la Alta Comisionada afirma que persisten los asesinatos, habiéndose registrado por lo menos nueve casos a lo largo del año pasado. La mayoría en municipios donde además existe un alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género.
“Igualmente, la Alta Comisionada expresa su preocupación por las agresiones cometidas contra los defensores pertenecientes a la comunidad de personas LGBTI, incluyendo, según Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas. La situación de estos defensores se agrava por la persistencia de prácticas discriminatorias y excluyentes muy arraigadas en la sociedad colombiana.”
Con relación a los directivos de las Juntas de Acción Comunal, quienes viven en condiciones muchas veces precarias, la Alta Comisionada afirmó que el 59 % de los asesinatos se cometieron en su contra. Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo registran la mayoría de casos.
La Alta Comisionada con respecto a la Unidad de Protección observa “con preocupación –en 2018- que en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor”.
Por ejemplo: “la corregidora de una zona rural apartada y afectada por el conflicto en el sur del Huila, quien fue amenazada en abril de 2018 recibió como medidas de protección en septiembre un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas. Sin embargo, no todos estos elementos eran idóneos teniendo en cuenta las dificultades de acceso y la falta de comunicaciones que existían en la zona donde la corregidora ejercía sus funciones”.
En 2019 hicimos una reevaluación de las medidas por parte de la UNP y la corregidora cuenta con un escolta a partir del mes de mayo de este año. Sin embargo, la situación en esa zona rural del Huila (limítrofe con el sur del Tolima) se ha ido degradando en los últimos meses, presuntamente debido a una disputa territorial entre dos facciones distintas de disidencias de las FARC-EP. A raíz de la situación, han ocurrido varios asesinatos, la mayoría de ellos afectando a reincorporados o sus familiares. Adicionalmente, se habrían desplazado varios reincorporados y sus familiares de esta región para salvaguardar su vida e integridad. Preocupa a la Oficina la persistente falta de reconocimiento de la delicada situación de orden público en ambas cordilleras del Huila por parte de la FFPP a pesar de reiteradas advertencias por parte de la población civil, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y órganos de control.
“La Alta Comisionada reitera que debe priorizarse el enfoque preventivo sobre la adopción de medidas de protección de carácter temporal. Para tal propósito, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad entre otras instancias deberían ser espacios adecuados para abordar este enfoque”.
En este contexto hemos observado la importancia de fortalecer los mecanismos colectivos propios de prevención y protección de las comunidades, como por ejemplo la Guardia Indígena, que en Cauca desempeña un rol trascendental en materia de prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Con respecto a la Fiscalía, en un contexto en el que los niveles de impunidad en casos de homicidios dolosos han sido históricamente muy altos y oscilan actualmente entre el 86,58 % y el 94,30 %, en lo que concierne las investigaciones por homicidios y amenazas contra defensoras y defensores la Alta Comisionada reconoce los avances obtenidos y señala que “debe fortalecerse la investigación penal para poder (llegar a) sancionar a los autores de estos crímenes y a los que los planifican”.
La Alta Comisionada también señala que la Fiscalía continúa afrontando dificultades para llegar a las zonas rurales, lo que afecta su capacidad de investigar y socava el acceso efectivo a la justicia de las comunidades rurales. Su limitada presencia se debe, entre otros factores, a la insuficiencia de recursos materiales, técnicos, humanos y, en algunas zonas, a la falta de mecanismos de seguridad adecuados que le permitan desarrollar sus funciones. ONU Derechos Humanos ha observado esta situación en Arauca, Caquetá, el Cauca, Nariño y Tolima, entre otros departamentos. ”.
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición
En relación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, La Alta Comisionada auspició 17 encuentros regionales entre estas instituciones y grupos de víctimas y organizaciones sociales. Los encuentros permitieron a los participantes recoger las expectativas de las víctimas respecto al funcionamiento de los mecanismos y sirvieron para que los funcionarios de estas dos instituciones identificaran las realidades locales y previeran los obstáculos que podrían impedir la participación de las víctimas.
Tanto la JEP, la UBPD como la CEVCNR han empezado su importante trabajo en esta región. Varios funcionarios de la JEP y el CEVCNR se encuentran en este recinto, la ONU Derechos Humanos seguirá apoyando a la institucionalidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para que las víctimas, independientemente de la identidad del presunto perpetrador, sean el centro de gravedad de la implementación del acuerdo de paz.
Ejecuciones Extrajudiciales del pasado
“La Fiscalía General de la Nación transmitió en junio de 2018 un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre las muertes ilegítimamente registradas como “bajas en combate” por integrantes del Ejército Nacional. La Fiscalía identificó un total de 2.248 víctimas de ejecuciones registradas como bajas en combate entre 1988 y 2014, observándose una mayor incidencia entre 2006 y 2008.Con base en este informe y con información complementaria proveniente de distintas fuentes, entre otras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió abrir el caso núm. 003 sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
La Alta Comisionada obtuvo información sobre 1.910 integrantes del ejército, entre ellos, al menos, tres generales y varios coroneles retirados, que se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso núm. 003, relativo a presuntas ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, se conoce que antiguos miembros del Estado Mayor de las FARC-EP se encuentran sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con el caso núm. 001, relativo a la detención ilegal de personas por parte de las FARC-EP.
Ambos casos tienen impacto en esta región dado el alto número de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el sur del departamento del Huila como numerosos casos de presuntas detenciones ilegales por parte de las FARC-EP.
Seguridad
La Alta Comisionada “sigue observando que… el Estado llega (en ocasiones) solamente a través del ejército, por lo que este debe desarrollar tareas que no son propias de su responsabilidad institucional, tales como la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado o el fomento de la convivencia y el desarrollo, esto lo hemos observado en Antioquia, Chocó, Guaviare, Huila, Meta y Nariño, entre otros lugares. Esto contraviene normas regionales e internacionales de derechos humanos”. Y debilita aún más la escasa y/o precaria presencia de la institucionalidad civil.
“La Alta Comisionada recuerda que varios expertos de las Naciones Unidas han señalado que el uso del ejército en la lucha contra el crimen puede producir un incremento en las violaciones de los derechos humanos.” “Un Ejemplo de lo anterior es el homicidio de un defensor de los derechos humanos indígena en enero de 2018 en El Carmen de Atrato (Chocó), cometido por miembros del ejército durante una protesta social. Ese mismo mes, una niña sufrió lesiones en Cáceres (Antioquia) durante el desarrollo de una operación militar contra el Clan del Golfo.”
“La participación del ejército en situaciones en las que la naturaleza de su formación y disciplina no son las adecuadas genera riesgos para la población en términos de afectación por uso de fuerza letal y produce distorsiones en su relacionamiento con otras autoridades estatales, especialmente con las autoridades locales y étnicas y con la policía…. Esto pudo ser observado en Antioquia, el Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Vaupés, entre otros departamentos. En Bolívar, el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana de uno de los municipios contempla expresamente la intervención principal del ejército para atender situaciones de convivencia y seguridad ciudadana”.
Asimismo, “La Alta Comisionada manifiesta su preocupación por los 11 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales registrados en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander. En Arauca y Norte de Santander se han registrado casos por tercer año consecutivo. La policía nacional sería presuntamente responsable de seis casos, y el ejército, de cinco. Uno de los casos atribuidos a la policía ocurrió en el desarrollo de protestas sociales, otro en el transcurso de una operación contra el crimen y los demás podrían atribuirse al uso excesivo de la fuerza en tareas habituales de seguridad ciudadana.”
Sin perjuicio de algunos resultados obtenidos en contra del accionar de organizaciones criminales en zonas rurales a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR), La Alta Comisionada ha observado que el despliegue de la policía nacional en la mayoría de estas zonas es todavía insuficiente. Esto se debe, en parte, a las restricciones contempladas en la normatividad para el establecimiento de estaciones de policía y unidades especiales en zonas rurales, particularmente aquellas afectadas por el conflicto armado. Lo anterior se observó en Bolívar, Caquetá, Huila, Cauca, Chocó, Córdoba y Guaviare, entre otros departamentos. Un ajuste en la reglamentación administrativa y legal que se adapte a las realidades del territorio, así como una mejora en su capacidad operativa y material, facilitaría el despliegue y acción de la policía en las zonas rurales y mejoraría sustancialmente la capacidad del Estado para prevenir los delitos y proteger los derechos de la población que allí habita.
Reclutamiento
La Alta Comisionada recibió información que indicaría una persistencia del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales (ELN y EPL), grupos de antiguos integrantes de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz y organizaciones criminales. Estos casos se habrían presentado en zonas rurales de Amazonas, Caquetá, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Reintegración
Además, las numerosas agresiones y ataques sufridos por los desmovilizados, que, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, han resultado en la muerte de 85 antiguos integrantes de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo, generan un serio riesgo para la estabilidad del proceso de paz y han llevado a algunos excombatientes a abandonarlo. Es de resaltar que en la zona fronteriza del noroccidente de Huila y el Sur de Tolima, entre febrero y marzo de 2019, fueron asesinados 4 reincorporados, desmovilizados o sus familiares.
Derechos económicos, sociales y culturales, y género
Avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, promover la igualdad de género mediante el acceso equitativo a los recursos económicos y garantizar una educación inclusiva y la disponibilidad de agua y saneamiento como garantías de salud y bienestar son compromisos asumidos por Colombia en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es de anotar que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país más desigual en la región, por lo que es esencial que el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 aborde la desigualdad con un enfoque de derechos humanos.
“Si bien los datos oficiales indican importantes avances en la lucha contra la pobreza, también reconocen la profunda brecha existente entre las zonas rurales y las urbanas.Por ejemplo, el analfabetismo en los hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos”.
Esta brecha entre la garantía de los DESC entre lo urbano y rural es notable en esta región del país y persiste inclusive en municipios de primera categoría (como Neiva). Esto a pesar de importantes esfuerzos realizados en los últimos años para cerrarla. Un ejemplo concreto es el acceso a agua potable y saneamiento básico en el occidente del municipio de Neiva.(SLIDE 42)
La Alta Comisionada menciona en su Informe las “vulneraciones del derecho a la salud de los pueblos indígenas relacionadas con las actividades mineras. Esto se hace especialmente evidente en los pueblos Miraña y Bora, en el departamento de Amazonas, donde 450 personas que habitan en la ribera del río Caquetá se han visto gravemente afectadas por las actividades de explotación ilícita de yacimientos de oro. Las investigaciones demuestran que estas personas tienen concentraciones promedio de mercurio hasta 50 veces superior al límite fijado por la OMS, debido principalmente al consumo de pescado”.
“Las disparidades en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales son mayores en los municipios más afectados por el conflicto armado. Por ejemplo, los municipios considerados por el Gobierno como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado tienen en promedio un índice de pobreza multidimensional del 76 %, cuando la media nacional es del 49 %”.
En este sentido, la Alta Comisionada alienta al Gobierno a redoblar esfuerzos en la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz; en la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial; en los enfoques de género y étnico establecidos por el Acuerdo; en el avance de la implementación de las fases posteriores a los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, y en los pagos de subsidios.
La Alta Comisionada registra con gran preocupación el deterioro de las condiciones de seguridad en varias de las zonas de implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) debido al accionar de grupos criminales, el Ejército de Liberación Nacional y grupos de antiguos integrantes de las FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo y que han tomado represalias en contra de las familias y líderes que han participado en dicho Plan. Las autoridades deben tomar medidas adecuadas y sostenibles para proteger a esas familias y líderes. Esta situación ha sido detectada por la Oficina en algunas zonas de Caquetá.
Es de destacar que la Alta Comisionada señala como un punto del Acuerdo de Paz muy importante el “que establece un abordaje distinto al problema de las drogas ilícitas, en concordancia con los avances en el debate internacional sobre las políticas antidrogas, que apuntan a la búsqueda de soluciones basadas en el desarrollo, la salud pública y la observancia del derecho internacional de los derechos humanos. La sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos… favorece la sostenibilidad de los esfuerzos de sustitución”. Y de acuerdo a UNODC el 92% de las familias inscritas en el programa cumplieron.
Participación
La Alta Comisionada considera preocupante que el Congreso no haya podido completar el trámite de aprobación de las Circunscripciones Especiales para la Paz en la presente legislatura y el proyecto de ley deba ser presentado nuevamente en 2019, lo que pone en riesgo el espacio de representación y participación en el Congreso de las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto. Esta situación tuvo un impacto en la región ya que todo el departamento del Caquetá y el municipio de Algeciras en el Huila, así como los municipios del sur del Tolima estaban contempladas para tener circunscripciones especiales de paz.
Con relación a la participación, la Alta Comisionada hace un énfasis particular sobre el derecho a la protesta social, y enfatiza en que acoge con beneplácito las declaraciones del Presidente de la República donde ratifica la protesta pacífica como un derecho y espera que todas las instituciones del Estado actúen en consecuencia.
Nosotros monitoreamos protestas nacionales en noviembre y diciembre, brindando a las autoridades asistencia técnica en materia de prevención. En consecuencia, la Ministra del Interior dió directrices a todos los gobernadores y alcaldes para que se garantizaran el derecho a la protesta social.
Este año 2019 continuaremos monitoreando y dando seguimiento a la protesta social; Es importante destacar la gran labor en pro del diálogo social y el derecho a la protesta pacífica desempeñado por parte de la Gobernación del Huila en el marco de las Mingas indígenas en el departamento los años 2016, 2017 y 2019.
De manera especial, queremos reconocer el compromiso de la secretaria de gobierno de la Gobernación, la Dra Liliana Vázquez de Bravo y del Gobernador, Carlos Julio González Villa quienes siempre tuvieron la mejor disposición para el diálogo, en la carretera, bajo el sol inclemente del Huila y que, con su presencia, siempre lograron convencer las demás autoridades del orden local y nacional para asumir la misma postura frente a la protesta social pacífica y legítima de los indígenas del departamento organizados en el CRIHU.
En las dos últimas mingas no se derramó ni una gota de sangre de ningún indígena y ningún efectivo de la FFPP, lo cual es un logro importante de destacar.
En ese mismo sentido, queremos felicitar la mesura y el estricto apego a los marcos internacionales y nacionales que rigen la materia del uso de fuerza en el marco de protestas sociales demostrado por parte de los comandantes departamentales y regionales de la Policía Nacional.
A su vez, preocupa a la Oficina las amenazas en contra de varios directivos del CRIHU durante y después de la última Minga. La Alta Comisionada espera que los hechos sean investigados de forma diligente y que se logre determinar los autores materiales e intelectuales de las mismas asi como otorgar medidas de protección idóneas a las personas amenazadas.
Finalmente con el afán de contribuir la Alta Comisionada hace varias recomendaciones de las cuales mencionaré algunas:
- Acelerar el ritmo de implementación de los puntos 1,3 y 4 del Acuerdo de Paz
- Fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos; y trabajar en prevención y protección de sus vidas, lo mismo que abordar las causas estructurales de los ataques
- Dar seguimiento a la visita oficial del Relator Especial sobre la situación de defensores y defensoras
- Implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos y fortalecer la lucha contra la impunidad
- Al Gobierno y al ELN respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
- Respeto, por parte de las entidades del Estado, a la independencia del Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
- Avanzar en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible
- Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
- Mantener el Proceso participativo para la construcción del Plan de Acción en Derechos Humanos
Muchas gracias.
